Pacto industrial

QUE LA mejor pol¨ªtica industrial es la no existente constituye una afirmaci¨®n que, junto a su simplicidad y provocaci¨®n, incorpora una doble constataci¨®n: la limitada capacidad de las administraciones p¨²blicas para incidir de forma significativa en la din¨¢mica industrial de un pa¨ªs y la facilidad con que esas intervenciones pueden originar efectos desfavorables derivados de la sustituci¨®n del libre funcionamiento del mercado.La creciente integraci¨®n e interdependencia de las econom¨ªas, su sujeci¨®n a un marco normativo de car¨¢cter supranacional como el de la CE, restringe igualmente esa discrecionalidad de las autoridades nacionales para asignar recursos p¨²blicos a la industria. La realidad pone de manifiesto, sin embargo, que no pocos Gobiernos tratan de superar esas dificultades e, independientemente de los enunciados m¨¢s o menos liberales en que se amparen sus acciones, asignan importantes recursos p¨²blicos al fortalecimiento de la industria nacional y a la mejora de las condiciones competitivas de la misma. La propia discusi¨®n acad¨¦mica al respecto, m¨¢s identificada antes con esa proposici¨®n liberal, admite ahora como un hecho la existencia de econom¨ªas externas en la acci¨®n de la pol¨ªtica industrial y la necesidad de propiciarlas (especialmente en los niveles de gobierno regional) mediante la aplicaci¨®n de pol¨ªticas industriales activas, en absoluto equivalentes a la protecci¨®n a ultranza de sectores en declive o a la preservaci¨®n de la competencia exterior.

En Espa?a, las manifestaciones de la actual crisis econ¨®mica son especialmente severas en el sector industrial y ponen de manifiesto la vulnerabilidad con que el sistema econ¨®mico en su conjunto afronta el inmediato inicio del mercado ¨²nico. La irreversibilidad de algunos procesos de desindustrializaci¨®n, condicionados por el envejecimiento de determinados sectores industriales, aporta un cuadro de consecuencias sociales tanto m¨¢s negativo cuanto menores son las posibilidades presupuestarias para conseguir neutralizarlas.

En un contexto tal, la convergencia de esfuerzos de los agentes econ¨®micos y sociales constituye una condici¨®n necesaria para garantizar la eficacia de cualquier actuaci¨®n p¨²blica destinada al fomento de la inversi¨®n industrial por m¨ªnima que ¨¦sta sea. En igual medida deber¨ªan evitarse las innecesarias provocaciones o globos sonda que ahonden m¨¢s a¨²n las diferencias entre Gobierno y trabajadores como las realizadas el pasado viernes por el secretario de Estado de Econom¨ªa, Pedro P¨¦rez, sobre el despido libre.

En ese escenario, el pacto industrial suscrito la pasada semana en Castilla-La Mancha, una de las regiones m¨¢s atrasadas de Europa, constituye un hecho importante y significativo por la amplitud del espectro de instituciones y organizaciones empresariales y sindicales que han comprometido su esfuerzo. El propio ministro de Industria, Claudio Aranzadi, ha reconocido como algo ins¨®lito ese acuerdo, que, en su modesta escala y consciente de las limitaciones antes se?aladas, pretende crear las condiciones que estimulen el crecimiento industrial de la regi¨®n.

Tan importante como el enunciado de los diferentes programas de actuaci¨®n en que se, descomponen los objetivos del desarrollo industrial (mejora de la estructura industrial existente, con especial atenci¨®n a las peque?as y medianas empresas de la regi¨®n, e incentivaci¨®n de la inversi¨®n en la zona) es la constataci¨®n de su limitada eficacia si no se ampara en la complicidad de todos los sectores afectados y, en especial, en la iniciativa de las empresas regionales.

La creaci¨®n de ese clima de di¨¢logo y de corresponsabilizaci¨®n con los objetivos del plan es por s¨ª sola un valioso precedente para el conjunto del pa¨ªs. De la seriedad con que los responsables administrativos de la citada comunidad aut¨®noma lleven a cabo el seguimiento de esos programas, en estrecha conjunci¨®n con el resto de los firmantes, depender¨¢ la validez de esa experiencia y, en ¨²ltima instancia, la eliminaci¨®n del escepticismo de los ciudadanos acerca de la asignaci¨®n de esos 120.000 millones de pesetas previstos hasta 1995 en que se apoyan esas actuaciones.