Juez en candelero

LOS RECURSOS que ha formulado el ministerio fiscal contra determinadas decisiones del instructor del caso Filesa, Marino Barbero -especialmente la entrada sin previo aviso en la sede del Banco de Espa?a-, constituyen la ¨²nica v¨ªa legal para hacer frente a su presunta irregularidad. No las que propugnan aquellos que han convertido al juez en objeto de sus particulares deseos respecto a c¨®mo debe, o no, desarrollarse su investigaci¨®n; quienes le jalean interesadamente y le empujan a ir siempre un paso por delante en su tarea o, incluso, le dicen expl¨ªcitamente lo que debe hacer o no, y quienes murmuran que se est¨¢ excediendo de manera flagrante en sus funciones.De unos y otros, el destino libre al juez Barbero. Por bien suyo y por el buen fin de la importante tarea que tiene entre manos. A ninguno de ellos les interesa tanto su labor judicial -esclarecer si los delitos denunciados en el caso Filesa existen o no- como exacerbar o enervar, en su caso, sus efectos pol¨ªticos: acorralar como sea al PSOE o protegerlo a ultranza. Con semejante coro a su alrededor ya es m¨¦rito que el juez sea capaz de llevar a cabo su tarea con el sosiego que requiere. El que reclam¨® cuando el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia opinaron intempestivamente sobre su actuaci¨®n y al que tiene derecho ahora cuando se le quiere convertir en h¨¦roe del momento o se intenta ridiculizarle.

Le ser¨¢ dif¨ªcil al juez Barbero hacer o¨ªdos sordos a los ditirambos de los unos y a las maledicencias de los otros. Pero si fuera posible que su tarea quedara constre?ida al procedimiento judicial, y que las cuestiones controvertidas se resolvieran en ese ¨¢mbito, seguramente se reducir¨ªa en gran medida la morbosidad con que se sigue su investigaci¨®n. No contribuye a ello, precisamente, el empe?o que tiene el fiscal general del Estado, Eligio Hern¨¢ndez, en estar permanentemente en primera l¨ªnea del caso Filesa. S¨ª servir¨ªa, en cambio, que el papel del ministerio p¨²blico se ci?era a la actuaci¨®n exclusiva del, correspondiente fiscal.

Tampoco aportan serenidad al caso las denuncias p¨²blicas del n¨²mero tres del PSOE, Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas, a los jueces que "aplican mal el derecho", con obvia referencia al del caso Filesa. Un juez puede equivocarse -al juez Manglano no le dieron tregua por ello en el caso Naseiro quienes, con id¨¦ntica pasi¨®n sectaria, se empe?an ahora en no ver m¨¢cula alguna en la actuaci¨®n del juez Barbero-, pero sus errores se solventan desde el interior del proceso, no desde su exterior.

Desde esta perspectiva, bueno ser¨ªa que todas las partes implicadas en el caso Filesa -querellantes y querellados, as¨ª como empresas y organismos requeridos para que aporten determinados datos o documentos ¨²tiles a la investigaci¨®n- pusiesen todo su empe?o en colaborar con la justicia. Si, desde un comienzo, este deber de colaboraci¨®n hubiera prevalecido, quiz¨¢ no habr¨ªa habido lugar a actuaciones tan llamativas como la de entrar manu militari en la sede del Banco de Espa?a para recoger determinada documentaci¨®n sobre el caso, o tan extempor¨¢neas como pedir el amparo al Parlamento y al Consejo General del Poder Judicial frente a inexistentes vulneraciones de derechos. Con ello, el proceso ha ganado en espectacularidad, pero a costa de expandir ser¨ªas dudas sobre su solvencia.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, ha aconsejado al PSOE que utilice los cauces procesales habituales para plantear las quejas que pueda tener sobre la actuaci¨®n del instructor del caso Filesa. ?se es el camino. Mientras tanto, el PSOE y todas las partes implicadas o relacionadas cicunstancialmente con dicho caso est¨¢n obligados a cumplir sus requerimientos. Si ¨¦stos no se atuvieran al marco procesal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ah¨ª est¨¢ la Sala Segunda del Supremo para garantizar su correcci¨®n. El juez Barbero act¨²a por designaci¨®n de dicha Sala, y no hay motivo para dudar de que los estrictos criterios procesales que llevaron al archivo del caso Maseiro vayan a ser dados de lado en el caso Filesa a la hora de determinar si se ha producido o no alguna vulneraci¨®n de derechos u otro tipo de irregularidad.