Tres implicados en el 'caso Filesa' piden la nulidad de actuaciones invocando el precedente de Naseiro

BONIFACIO DE LA CUADRA,Luis Oliver¨® -administrador ¨²nico de Filesa, Malesa y Time Export-, Alberto Flores -titular del 60% de las acciones de Malesa- y Carlos Navarro -diputado socialista- presentaron anoche, con destino al juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, sendos incidentes de nulidad de actuaciones. Los abogados de estos tres implicados invocan la, doctrina del Supremo en el caso Naseiro y piden que se declare nulo todo lo actuado, por haberse obtenido pruebas il¨ªcitamente al no atenerse el juez instructor a los principios de motivaci¨®n y proporcionalidad en sus resoluciones.

Los documentos en los que se materializan los incidentes fueron presentados ayer en el juzgado de guardia antes de que a las 24 horas concluyera el plazo de tres d¨ªas desde que se levant¨®. el secreto de las actuaciones. Uno de ellos, el correspondiente a Oliver¨® y Flores, ha sido elaborado por el letrado Pablo Jim¨¦nez de Parga, mientras que el de Navarro ha sido redactado por el abogado Horacio Oliva. Ambos escritos coinciden en la falta de motivaci¨®n y proporcionalidad de las resoluciones del juez instructor, especialmente en los casos. de registro de domicilios.El de Navarro alega, adem¨¢s, que las actuaciones del juez instructor implican un tratamiento como inculpado de dicho parlamentario, lo que requiere la previa solicitud de un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Oliver¨® y Flores alegan, por su parte, que las resoluciones por las que se ordena que se entregue la documentaci¨®n incautada en los registros a los peritos judiciales son tambi¨¦n nulas, porque parte de la documentaci¨®n entregada "nada tiene que ver con la contabilidad" de las tres sociedades a las que se circunscribe su peritaje.

El recurso de Oliver¨® y Flores, de 17 folios, menciona extensamente la resoluci¨®n de 18 de junio de 1992 por la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobresey¨® la causa especial conocida como caso Naseiro, de la que entendi¨® el alto tribunal por estar implicado el diputado del PP ?ngel Sanchis. El letrado Jim¨¦nez de Parga invoca la doctrina elaborada por la misma sala que entiende del caso Filesa y pide que, como entonces, se declaren "nulos de pleno derecho" varias decenas de autos de "entrada en domicilios y registro de contabilidades y otros documentos mercantiles" que detalla.

Entrada y registro

Aunque la resoluci¨®n sobre el caso Naseiro se refiere sobre todo a escuchas telef¨®nicas, Jim¨¦nez de Parga recuerda que la propia sala aclar¨® que los principios establecidos son aplicables tambi¨¦n a la entrada y registro en domicilio. El planteamiento general de aquella resoluci¨®n es que "la verdad material o verdad hist¨®rica que, en principio, se pretende obtener en el proceso penal (...) s¨®lo puede alcanzarse dentro de las exigencias, presupuestos y limitaciones establecidos en el ordenamiento jur¨ªdico". M¨¢s concretamente: "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es l¨ªcito en el descubrimiento de la verdad. S¨®lo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, as¨ª la dignidad, la intimidad, etc¨¦tera, dentro de los par¨¢metros fijados en la ley

Los recurrentes recuerdan que el Supremo exigi¨® entonces "un obligado correlato, una proporcionalidad entre el reconocimiento de la plenitud de estos derechos y las intromisiones en la vida privada de la persona que, en principio, son ileg¨ªtimas". M¨¢s concretamente, el Supremo precis¨® que "no se ordenar¨¢ el registro de libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra persona sino cuando hubiere indicios,graves de que de esta diligencia resultar¨¢ el descubrimiento o la comprobaci¨®n de alg¨²n hecho o circunstancia importante de la causa" y que "deber¨¢n evitarse las inspecciones in¨²tiles". Igualmente, estim¨® como "exigencia b¨¢sica", la motivaci¨®n de la medida por la que se restringen aquellos derechos fundamentales, para lo cual el juez "debe exteriorizar cu¨¢l es el indicio o los indicios".

El letrado de Oliver¨® y Flores asegura que las numerosas resoluciones de entrada y registro decretadas por el juez Barbero durante el secreto de la instrucci¨®n "carecen de la motivaci¨®n y proporcionalidad que exige" el Supremo, ya que todas ellas, excepto una, "tienen la misma pretendida motivaci¨®n" -"de las investigaciones practicadas se deduce que en las oficinas y dependencias de la empresa... podr¨ªa encontrarse documentaci¨®n escrita o de otro tipo de soporte, de inter¨¦s para este sumario"-, ya sea para el registro de una empresa cliente, una oficina bancaria o el Banco de Espa?a.

Los peritos judiciales

En cuanto a la actuaci¨®n de los peritos judiciales designados para examinar la contabilidad de Filesa, Malesa y Time Export, el abogado Jim¨¦nez de Parga asegura que "se ha ido entregando a los peritos documentaci¨®n que nada tiene que ver con la contabilidad de las citadas empresas". Asimismo, se pone de relieve que la actuaci¨®n de los peritos durante los registros no se acord¨® "en el acto por el juez", como exige la ley de Enjuiciamiento Criminal, sino a instancias del secretario judicial.

En definitiva, Oliver¨® y Flores piden al magistrado Barbero que declare nulas todas las resoluciones por las que acord¨® la entrada en domicilios y registros de contabilidades y otros documentos mercantiles desde el 21 de septiembre de 1992, as¨ª como las resoluciones por las que orden¨® entregar documentaci¨®n a los peritos, al objeto de su estudio y an¨¢lisis.

En caso de que el juez instructor mantenga sus resoluciones, los recurrentes podr¨¢n apelar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que design¨® instructor del caso Filesa al magistrado Barbero. El presidente de esta sala, el magistrado Enrique Ruiz Vadillo, fue el ponente de la resoluci¨®n con la que se dio por finalizado el caso Naseiro.