La Comunidad admite cinco "errores" en las contrataciones del 'caso Atocha'

La investigaci¨®n interna efectuada por la Comunidad de Madrid ha destapado la existencia de al menos cinco "errores", en las contrataciones con la empresa Construcciones Atocha, seg¨²n reconoci¨® ayer el consejero de Hacienda, Ram¨®n Espinar, quien, sin embargo, asegur¨® no haber detectado "ninguna irregularidad en las cesiones de obras". Horas antes, el Partido Popular, que ha remitido al fiscal general del Estado la investigaci¨®n, ampliaba sus acusaciones sobre otras 10 adjudicaciones sospechosas en las consejer¨ªas de Salud y de Educaci¨®n.

El consejero de Hacienda neg¨® haber detectado "irregularidades en las cesiones de obras tras la suspensi¨®n de pagos de Construcciones Atocha, pero "s¨ª errores materiales en la ejecuci¨®n de estas obras".El PP mantiene que el volumen de adjudicaciones de la Comunidad con Atocha ronda los 4.200 millones de pesetas, en el periodo comprendido entre 1988 y 1991. Sin embargo, Espinar rebaj¨® ayer esta cifra a 2.950 millones entre 1988 y 1992.

El primer caso de error expuesto por Espinar son las dos cartas recibidas por el jefe del servicio de Proyectos y Obras de Cooperaci¨®n Local, Vicente Mart¨ªnez Castell¨®, en las que recomendaba que se invitara a concurso a las empresas Atocha, Gemesa y Coidecosa -que cuentan con responsables y administradores compartidos. El consejero de Hacienda explic¨®: "Es s¨®lo una invitaci¨®n, no una recomendaci¨®n para obtener las obras".

Otro "error" aparece en la cuantificaci¨®n del acopio de materiales en un centro de sanidad Animal en Algete por importe de 72 millones de pesetas, cuya existencia no ha sido comprobada.

Espinar cit¨® otra obra de Construcciones Atocha, no denunciada por el PP. Se trata de la construcci¨®n de la casa consistorial de Parla, cuyo coste se increment¨® en 52 millones m¨¢s de lo previsto.

El consejero de Hacienda se refiri¨® tambi¨¦n a la construcci¨®n de un centro agropecuario en Colmenar Viejo, a cuyo concurso de adjudicaci¨®n la empresa Ferrovial present¨® una oferta 12 millones de pesetas m¨¢s barata que la de Atocha, que consigui¨® la concesi¨®n. Espinar concedi¨® ayer que Cooperaci¨®n dispuso de cierto margen de discrecionalidad para elegir la oferta.

Diferente valoraci¨®n

Donde m¨¢s relevante se presenta el "error" t¨¦cnico-administrativo es en la adjudicaci¨®n de las obras del centro sanitario de Villarejo de Salvan¨¦s. Los t¨¦cnicos de arquitectura de la Consejer¨ªa de Salud certificaron los pagos de 45 millones por acopio de materiales y de otros 15 millones por obras ya ejecutadas. Sin embargo, la Oficina T¨¦cnica de Proyectos de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial no acept¨® esta valoraci¨®n.

El PP se?al¨® ayer que en Villarejo de Salvan¨¦s los materiales que certificaban la entrega de 45 millones sumaban poco m¨¢s de medio mill¨®n de pesetas.

El consejero de Hacienda tambi¨¦n reconoci¨® que la Dr¨¢ctica de admitir avales a los contratistas, a cambio de abonarles las certificaciones por acopio de materiales, puede suponer una fuente de financiaci¨®n para las empresas, y plante¨® suprimir esta pr¨¢ctica en el futuro.

El PP ha remitido m¨¢s de 200 documentos al Fiscal General del Estado para que investigue las adjudicaciones a Atocha y a otras siete empresas afines.

El portavoz popular en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallard¨®n, agreg¨® ayer otras cuatro contrataciones, todas con Construcciones Atocha, de la Consejer¨ªa de Salud. En tres de las cuatro existen discrepancias entre el coste de las obras ejecutadas antes de la suspensi¨®n de pagos de Atocha y las facturas presentadas al cobro por la empresa.

Tambi¨¦n en la Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura, el PP destac¨® seis contrataciones sospechosas. En dos de ellas, en centros escolares de Legan¨¦s y Getafe, se observan diferencias en el importe de las certificaciones.

Ruiz Gallard¨®n reconoci¨® que el escrito que ha remitido al fiscal es "necesariamente incompleto", y que la entrega de documentaci¨®n obedece al acuerdo de la Junta de Portavoces de la Asamblea apoyado por IU y PSOE.

El PP, sin embargo, enviar¨¢ m¨¢s datos a la fiscal¨ªa en la medida que los reciba de la Administraci¨®n auton¨®mica. Ruiz Gallard¨®n consider¨¦ que las irregularidades del caso Atocha exceden el ¨¢mbito de una consejer¨ªa. Sin embargo rechaz¨® formular una calificaci¨®n jur¨ªdica, "que corresponde a los jueces". En su opini¨®n, un documento falso supone una ilicitud, pero no establece una voluntad delictiva. "Tal vez se debi¨® a un error de copia o un virus inform¨¢tico", apunt¨® con sorna.

?Qui¨¦n se ha beneficiado? ?Quien autoriz¨® directamente las contrataciones? ?Quien las conoc¨ªa y las consinti¨®? Estas son las tres preguntas a las que el PP quiere encontrar una respuesta en la comisi¨®n de investigaci¨®n.

Las irregularidades tienen, seg¨²n el PP, "efectos econ¨®micos, que acarrean un perjuicio para la Hacienda P¨²blica, para los contribuyentes". Para Ruiz Gallard¨®n "Leguina no se entera de nada de lo que ocurre en la Comunidad ( ... ) y en pol¨ªtica las responsabdidades no s¨®lo son por acci¨®n, tambi¨¦n por omisi¨®n".

El pleno de la Asamblea aprob¨® ayer por unanimidad del PSOE, PP e IU la creaci¨®n de una comisi¨®n investigadora de las adjudicaciones, que ser¨¢ de car¨¢cter secreto, pese a la enconada pol¨¦mica mantenida por el PP para que la comisi¨®n sea p¨²blica. Isabel Vilallonga, portavoz de IU, anunci¨® que "se llegar¨¢ hasta el fondo y se depurar¨¢n responsabilidades, caso de que las hubiese".