El Gobierno quiere que la CE acepte la extradici¨®n autom¨¢tica desde el momento en que la pidan los jueces

El Gobierno espa?ol mantiene ante la Comunidad Europea su propuesta de agilizar los tr¨¢mites de extradici¨®n, que consiste, fundamentalmente, en eliminar la doble instancia judicial. Se trata de evitar que, una vez que los tribunales de un pa¨ªs han solicitado la extradici¨®n de un ciudadano, otro tribunal del pa¨ªs al que se solicita vuelva a decidir sobre el mismo caso.Espa?a pretende que se parta del principio de "confianza rec¨ªproca" entre los poderes judiciales de Estados comunitarios, incluso cuando no exista "un total paralelismo" en el tratamiento de un delito concreto. El diputado del Grupo Popular Jos¨¦ Manuel Barquero pregunt¨® recientemente al Gobierno por las acciones que desarrolla para simplificar y acelerar las extradiciones en casos de terrorismo.

El Gobierno, en respuesta escrita, ha contestado que no existe ning¨²n tratado internacional que establezca un procedimiento simplificado en materia de terrorismo, pero a?ade que el Ejecutivo de nuestro pa¨ªs mantiene en pie la propuesta que hizo a los pa¨ªses de la CE en los meses de mayo y octubre ¨²ltimos para lograr este prop¨®sito de celeridad, no s¨®lo frente a los delitos de terrorismo, sino de cualquiera "susceptible de extradici¨®n".

La propuesta espa?ola que defendi¨® el ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra, en la conferencia de ministros de Justicia de la CE en Funchal en mayo y en la conferencia de Londres de octubre pasado pretende que en los procedimientos de extradici¨®n intervengan siempre los jueces, pero s¨®lo los del Estado que pide la extradici¨®n.

Si prosperase esta pretensi¨®n, se establecer¨ªa "un control externo de la resoluci¨®n extranjera" confiado a "autoridades centrales" de los distintos pa¨ªses "normalmente radicadas en los ministerios de Justicia". En "casos singulares" se admitir¨ªa que las autoridades del pa¨ªs que deba conceder la extradici¨®n remitiesen la petici¨®n a sus tribunales.

Evitar duplicidades

El proyecto consta de ocho art¨ªculos y parte del hecho de que la extradici¨®n est¨¢ regulada actualmente seg¨²n los conceptos de soberan¨ªa y las relaciones internacionales propios del siglo pasado.

Frente a ello, la realidad actual es que, seg¨²n la opini¨®n. espa?ola, Ios sistemas legales y los subsistemas judiciales de los Estados europeos son comparables" y encuentran un punto com¨²n en el Convenio Europeo de Derechos del Hombre, por lo que "se debe partir", dice el Gobierno en su respuesta, "del supuesto de la confianza rec¨ªproca entre los sistemas de todos los Estados".

La consecuencia pr¨¢ctica ser¨ªa "evitar una duplicaci¨®n en los controles en el Estado requerido" para que conceda la extradici¨®n, ya que lo contrario supone mantener de hecho el principio de "desconfianza, sometiendo a revisi¨®n la decisi¨®n judicial extranjera".

El Gobierno, en su respuesta al diputado Barquero, admite que con estos planteamientos habr¨ªa que someter a revisi¨®n criterios jur¨ªdicos tradicionales, como la doble incriminaci¨®n, la prescripci¨®n -extinci¨®n de la responsab¨ªlidad por el transcurso del tiempo- o incluso la nacionalidad de la persona reclamada".