Estado patr¨®n

EL GOBIERNO ha acordado aprobar en enero una ley para aumentar el sueldo de los funcionarios un 2%. La revisi¨®n se realizar¨¢ por la v¨ªa del cr¨¦dito extraordinario, al negarse los grupos de la oposici¨®n a aceptar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado que hubiera permitido introducir la correcci¨®n durante el debate de las cuentas del Estado en el Senado. Con esta medida, el Ejecutivo, actuando Como empresario de 1,7 millones de funcionarios, trata de demostrar su firmeza en materia salarial, al margen de cualquier consideraci¨®n electoral. Los funcionarios reniegan de ese papel ejemplificador que se les hace cumplir, pero no deber¨ªan olvidar que, si su poder adquisitivo no crecer¨¢ en 1993, menos crecer¨¢ o m¨¢s menguar¨¢ la remuneraci¨®n de los trabajadores de la empresa privada que se vean obligados a acogerse a los subsidios de desempleo como consecuencia de la crisis. El trabajo del funcionario nunca ser¨¢ el mejor pagado, pero en tiempos de crisis es el ¨²nico que tiene asegurada la continuidad.La decisi¨®n del Gobierno no deber¨ªa quedarse en una mera cuasi-congelaci¨®n salarial. Es el momento de acometer de una vez la tan anunciada reforma de la Administraci¨®n y aplicar en el sector p¨²blico los criterios de mejoras de productividad. Y ese objetivo pasa aqu¨ª por la racionalizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, por la supresi¨®n de los niveles superpuestos de la Administraci¨®n entre el Estado y las Comunidades Aut¨®nomas, por la delegaci¨®n de competencias desde las comunidades aut¨®nomas en direcci¨®n a las corporaciones locales.

Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el Parlamento, son una invitaci¨®n, a esta l¨ªnea de moderaci¨®n en el gasto y mejora en la eficiencia de la gesti¨®n. As¨ª se desprende de las grandes cifras que con forman este presupuesto. Despu¨¦s de las alegr¨ªas de 1992, el presupuesto de 1993 ha sido incluso aligerado suavemente, durante su tramitaci¨®n en el Senado, con objeto de mantener un d¨¦ficit del 2,3% del PIB en una econom¨ªa que apenas crecer¨¢ un 1 %, con una inflaci¨®n del 4,5%. El gasto no financiero del Estado ascender¨¢ a 14,7 billones de pesetas (frente a los 14,8 billones presupuestados inicialmente), los ingresos no financieros se situar¨¢n en 13,3 billones (frente a los 13,4 iniciales) y el d¨¦ficit queda fijado en los 1,4 billones de pesetas contemplados en el proyecto inicial.

El Gobierno ha decidido por fin aplicar un presupuesto austero para contener el gasto, aunque lo ha hecho en un a?o en el que la econom¨ªa ha empeorado y se ha frenado el ritmo de ingresos que provienen de los impuestos. As¨ª, por IVA e IRPF -las dos principales fuentes de ingresos del Estado- se espera recaudar s¨®lo un 13% y un 11% m¨¢s, rompiendo los fuertes crecimientos de a?os anteriores. Unos presupuestos que ayudar¨¢n a la pol¨ªtica monetaria a cumplir con los objetivos de inflaci¨®n, tipos de inter¨¦s, d¨¦ficit p¨²blico y stock de deuda para cumplir con lo que exige el Tratado de Maastricht y hacer m¨¢s cre¨ªble el conjunto de la pol¨ªtica econ¨®mica, que estaba coja desde el lado de la pol¨ªtica fiscal.

El estatuto de autonom¨ªa que el Gobierno se propone otorgar al Banco de Espa?a -al que endosa no s¨®lo la ejecuci¨®n, sino tambi¨¦n el dise?o de los objetivos monetarios- implica que, a partir de su puesta en pr¨¢ctica en 1994, ser¨¢ mucho m¨¢s dificil hacer una pol¨ªtica monetaria para contener la demanda y los precios, y, al mismo tiempo, seguir acumulando d¨¦ficit por el descontrol del gasto p¨²blico. El presupuesto debe cumplirse y no rebasarse al alza sistem¨¢ticamente. A partir de ahora, la pol¨ªtica monetaria y la presupuestaria deber¨¢n ir en la misma direcci¨®n. El presupuesto para este a?o mantiene el dif¨ªcil juego de equilibrios para que la inversi¨®n p¨²blica alcance el 5% del PIB y cumplir con el plan de convergencia con Europa, especialmente en la construcci¨®n de infraestructuras, a la que se destinan 730.000 millones de pesetas. No es poco todo ello tras un a?o de abultados errores en pol¨ªtica econ¨®mica. La rectificaci¨®n en materia presupuestaria viene a enmendar una incoherencia.