El d¨¦ficit presupuestario italiano se increment¨® en un 6,6% anual por la financiaci¨®n 'negra' de los partidos

El conjunto de comisiones ilegales pagadas por empresarios y repercutidas sobre los presupuestos que fue a engrosar las cajas negras de los partidos pol¨ªticos italianos durante 1992 sum¨® 10 billones de liras (m¨¢s de 750.000 millones de pesetas), seg¨²n c¨¢lculos muy modestos. Dicha cifra, que equivale a cinco veces el monto de la financiaci¨®n legal de los Partidos y al 0.4% del producto interior bruto (PIB) italiano, representa un incremento del 6,6% en el ya ingente d¨¦ficit: p¨²blico, calculado en unos 160 billones de liras para el a?o pasado, y se hace p¨²blica cuando el pa¨ªs se enfrenta a medidas de austeridad.

Otros estudios indican que las mordidas han incrementado en 110 billones de liras una deuda p¨²blica que se aproxima a los dos mil billones de liras, superando con creces el 100% del PIB. Se trata de datos dif¨ªcilmente asimilables para una opini¨®n p¨²blica que por estos d¨ªas se enfrenta a una p¨¦rdida dr¨¢stica de prestaciones sanitarias, como consecuencia de un plan del Gobierno orientado precisamente a poner orden en una contabilidad nacional incompatible con cual quier baremo razonable, y, entre otros, con el baremo fijado por los Doce en Maastricht. El c¨¢lculo de los 10 billones de liras ha sido realizado por el diario La Stampa, aplicando los porcentajes de comisiones que aparecen en las investigaciones judiciales sobre las compras de bienes y servicios realizadas por el Estado durante el pasado a?o Este procedimiento, que hab¨ªa sido ya aplicado en otro estudio realizado por el instituto democristiano de sociolog¨ªa Censis antes de que comenzaran las investigaciones de los jueces, ha merecido credibilidad, lo mismo que sus resultados

Una cifra modesta

Si acaso, la cifra de 10 billones de liras es criticada como modesta frente a una realidad que nunca llegar¨¢ a ser totalmente estable cida, ya que se trata de dinero negro. Nadie, ni los propios jueces, puede aspirar a descubrir toda la madeja de transacciones seguida por las comisiones ilegales, generalmente a trav¨¦s de cuentas privadas personales o de sociedades muchas veces protegidas por el secreto de los para¨ªsos fiscales, hasta desembocar en la financiaci¨®n de,una campa?a de propaganda, de una comida de partido, de alg¨²n viaje al extranjero o del chal¨¦ de un parlamentario.

Datos como que, solamente en contribuciones directas fijas, el ENI, el gran grupo petrolero estatal italiano, entreg¨® a los partidos m¨¢s de un bill¨®n y medio de liras entre 1970 y 1980; que el fin de la fusi¨®n entre el grupo qu¨ªmico del ENI y Montedison pudo suponer un sobrepago de cerca de un bill¨®n de liras a la empresa que dirig¨ªa Ra¨²l Gardini, en una operaci¨®n que los magistrados rastrean en busca de comisiones ilegales, o que el constructor Vicenzo Lodigiani admite haber pagado entre 25.000 millones y 30.000 millones de liras a democristianos y socialistas en 12 a?os s¨®lo por hacer carreteras dan cuenta de la modestia de este c¨¢lculo de los 10 billones anuales. Especialmente si se tiene en cuenta que los propios arrepentidos que declaran ante la justicia tienden a decir que, hasta ahora, s¨®lo han reconocido los pagos m¨¢s dif¨ªcilmente negables.

Refuerza esa convicci¨®n el hecho de que a Mario Chiesa, modesto funcionario socialista al frente de un asilo milan¨¦s de ancianos, le descubrieran los magistrados un patrimonio personal de m¨¢s de 15.000 millones de liras (unos 11.000 millones de pesetas). Eso ocurri¨® pocos d¨ªas despu¨¦s de que, el 17 de febrero de 1992, la detenci¨®n de Chiesa mientras cobraba una comisi¨®n de s¨®lo siete millones de liras de un peque?o empresario de limpiezas que previamente le hab¨ªa denunciado, desencadenara el terremoto que ahora sacude al sistema italiano.

Distintos porcentajes

A partir de ah¨ª, los fiscales de Mil¨¢n comenzaron a rastrear todas las contratas p¨²blicas, primero en asilos y hospitales, luego en el resto de los servicios municipales, como el transporte, la ampliaci¨®n del metro, la reforma de los aeropuertos, la depuraci¨®n de aguas, la construcci¨®n de carreteras y, m¨¢s recientemente, las instalaciones de gas y tambi¨¦n la instalaci¨®n de repetidores el¨¦ctricos. Descubrieron que por cada operaci¨®n se pagaba la comisi¨®n correspondiente: un 10% en las compras de bienes y servicios, entre un 6% y un 8% en las transacciones inmobiliarias, un 8% por construir una carretera sin pasar por concurso p¨²blico y un 3% sobre otras obras p¨²blicas.

Gestores de grandes grupos, como la Fiat o Ferruzi, y todos los constructores de prestigio, que reconocieron que ya no pagaban un porcentaje sobre obra, sino uno fijo anual a los grandes partidos, fueron cayendo en las redes de esta investigaci¨®n judicial, que ha terminado por centrarse en la gran empresa p¨²blica, como la el¨¦ctrica ENEL o el ENI, fuente tradicional de poder econ¨®mico para los pol¨ªticos.