Atocha, Sol, Callao

Dejando al margen el aspecto penal de la corrupci¨®n en aquellos casos que tengan cabida en el C¨®digo Penal -en cuyo caso corresponder¨¢ decidir al poder judicial y por lo cual s¨®lo cabe, desde el poder pol¨ªtico, dotar de mayores medios y fundamentalmente de independencia a los jueces-, y centrando el comentario en el aspecto de la responsabilidad pol¨ªtica y social sobre las situaciones que se pueden denominar como irregularidades, corruptelas o m¨¢s com¨²nmente como corrupci¨®n, cabe hacer las siguientes reflexiones.Es habitual o¨ªr a los ciudadanos, al enterarse de un asunto de corrupci¨®n en el que se ha comprobado la responsabilidad de un pol¨ªtico, que aqu¨ª no pasa nada, que aqu¨ª no dimite nadie, etc¨¦tera; frases que reflejan el desencanto ante la patente de corso que parecen tener los pol¨ªticos en estos casos. Es comprensible y perfectamente l¨®gica esta queja de la ciudadan¨ªa, haciendo referencia a la impunidad pol¨ªtica de los cargos p¨²blicos en un Estado democr¨¢tico.

La explicaci¨®n, que no justificaci¨®n, de este fen¨®meno se debe a que las situaciones de corrupci¨®n se producen pr¨¢cticamente siempre por un pol¨ªtico cuyo partido se encuentra en una situaci¨®n de poder, normalmente de gobierno, de la correspendiente Administraci¨®n.

La denuncia de corrupci¨®n se suele producir bien por un partido pol¨ªtico en la oposici¨®n o bien, como ha venido sucediendo de forma reiterada en la Espa?a de la d¨¦cada socialista, por un medio de informaci¨®n, por la prensa -entendida ¨¦sta de forma gen¨¦rica, incluyendo por tanto los peri¨®dicos, revistas, radio y televisi¨®n-; lo que ha reforzado enormemente a la prensa como verdadero cuarto poder y, por tanto, la ha convertido en ese inconfesable objeto de deseo (inconfesable, pero evidente casi siempre) para el poder pol¨ªtico, que ha intentado, tambi¨¦n en estos ¨²ltimos a?os, un gran movimiento de compra de prensa, o quiz¨¢, con otra composici¨®n gramatical, lo que ha intentado conseguir haya sido una gran prensa del Movimiento comprada (afortunadamente, en muchos casos no lo ha conseguido).

La investigaci¨®n, la prueba y la denuncia de la corrupci¨®n son por tanto de una gran dificultad, por la desigual posici¨®n del que denuncia -oposici¨®n o prensa- y del que, en el mejor de los casos, defiende -poder-; en el peor, oculta, obstruye o ampara -al corrupto-.

Si a pesar de las dificultades se consigue probar la corrupci¨®n, y que los hechos denunciados se puedan constatar, no se tiene ninguna garant¨ªa de condena pol¨ªtica, puesto que esta decisi¨®n corresponde tomarla a la mayor¨ªa del poder legislativo -administraciones central o aut¨®nomas- o a la mayor¨ªa de concejales en una Corporaci¨®n local. Pero, como ha quedado expuesto, esta mayor¨ªa es del mismo signo que la del cargo pol¨ªtico cuya responsabilidad se cuestiona.

Sanci¨®n pol¨ªtica

La reprobaci¨®n tambi¨¦n puede ser decidida por el poder ejecutivo, as¨ª, cuando la responsabilidad en casos de corrupci¨®n afecte a los m¨¢s altos niveles de la Administraci¨®n, deber¨ªa ser exigida por el presidente del Gobierno de la naci¨®n, el presidente del Gobierno aut¨®nomo o el alcalde, dependiendo de la Administraci¨®n de que se trate.

Esta v¨ªa de sanci¨®n pol¨ªtica impuesta por el poder ejecutivo es todav¨ªa m¨¢s ut¨®pica, seg¨²n demuestra la realidad diaria, incluso en aquellos casos en que el poder se ejerza por personas que han adornado su imagen con una aureola de independencia, ¨¦tica, sentido cr¨ªtico y condena de la corrupci¨®n -de otros, se entiende-, porque cuando afecta al propio ¨¢mbito prefieren el dontancredismo, o incluso la cr¨ªtica al denunciante, acus¨¢ndole de atacar a las instituciones, cuando no a la propia democracia, identificaci¨®n injustificable en un Estado democr¨¢tico, y sin embargo moneda corriente en cualquier dictadura.

Ante este c¨²mulo de dificultades existentes para que conductas reprobables tengan la correspondiente respuesta del poder pol¨ªtico, y para evitar la justa reprobaci¨®n social de la autoexculpaci¨®n de los pol¨ªticos, el camino m¨¢s adecuado es el de la prevenci¨®n, que se consigue con la existencia de los necesarios controles que impidan, en la mayor medida posible, la posibilidad de que se produzca cualquier tipo de irregularidad en las diferentes actuaciones administrativas, que es precisamente todo lo contrario de lo que han hecho las distintas administraciones socialistas, que han procurado eliminar este tipo de controles, o, dicho con m¨¢s rotundidad, han apostado por el descontrol.

En la misma l¨ªnea, despu¨¦s de Atocha, pasando por Sol, llega Callao.

Manuel Cobo Vega es diputado auton¨®mico del Grupo Popular