Embargadas en Barcelona 21.419 cuentas por impagos municipales

El Ayuntamiento de Barcelona ha tramitado en los ¨²ltimos d¨ªas un total de 21.419 diligencias de embargo de las cuentas bancarias de otros tantos ciudadanos por el impago de 1.852 millones de pesetas en multas de tr¨¢fico e impuestos. La actuaci¨®n municipal ha provocado un verdadero alud de consultas y quejas por parte de los afectados. El grupo de Converg¨¦ncia i Uni¨® (CiU) considera que el elevado n¨²mero de avisos de embargo que se ha cursado contradice, por lo que a las multas respecta, el pacto suscrito el a?o pasado en materia de tr¨¢fico y disciplina vial.

Las colas frente a las oficinas del Instituto Municipal de Recaudaci¨®n han alcanzado estos d¨ªas dimensiones inauditas (de hasta 600 personas), mientras se colapsaban tambi¨¦n los servicios de asesor¨ªa de entidades como el Real Autom¨®vil Club de Catalu?a (RACC) y la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios de (OCUC), as¨ª como el Tel¨¦fono del Consumidor de la Generalitat.El propio Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido esta situaci¨®n, que atribuye al hecho de que la tramitaci¨®n de los embargos se efect¨²a por paquetes a lo largo de todo el a?o, y no de forma individual. En esta ocasi¨®n, adem¨¢s, el n¨²mero de diligencias ha doblado las que hasta ahora se ven¨ªan produciendo.

El consistorio empez¨® con la pr¨¢ctica de embargar las cuentas corrientes de los morosos el a?o pasado. La primera acci¨®n de este tipo se produjo en mayo de 1992, y en aquella ocasi¨®n se tramitaron 7.889 embargos, todos ellos atribuibles al impago de tributos municipales. En octubre se produjo la segunda acci¨®n de este tipo, con 9.967 diligencias (de las que, por primera vez, 3.463 eran por multas de tr¨¢fico).

En esta ocasi¨®n, el n¨²mero se ha disparado: 21.419 embargos, de los que 12.224 corresponden a multas de tr¨¢fico (impuestas en 1991 y el primer trimestre de e1992), un n¨²mero cuatro veces superior al de octubre. El concejal de Hacienda, el socialista Joaquim de Nadal, justific¨® este incremento con el propio ritmo de los procesos administrativos que debe seguir una sanci¨®n.

El propio De Nadal admiti¨® que, en la mayor parte de los casos, las personas a las que se les reclama la deuda ya no poseen el coche por el que se les impuso la multa o han abandonado la actividad por la que se les exige el pago de un impuesto (muchos de los censos dependen de otras administraciones, recalca). Hasta el punto de que dif¨ªcilmente se podr¨¢ cobrar en realidad m¨¢s del 25% de la deuda que se reclama (1.852 millones de pesetas).

Actuaci¨®n "indiscriminada"

El portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Artur Mas, calific¨® de "injustificable" el aumento que ha experimentado el n¨²mero de embargos por multas de tr¨¢fico y se?al¨® que esta actuaci¨®n es "indiscriminada" -al no ir dirigida ¨²nicamente contra los infractores reincidentes- y, por tanto, contraria al acuerdo que los convergentes suscribiron el a?o pasado con los socialistas en esta materia.Joaquim de Nadal entiende, en cambio, que el gobierno municipal ha respetado escrupulosamente el proceso de tramitaci¨®n que se pact¨® con los nacionalistas, y en cualquier caso advirti¨®: "El Ayuntamiento tiene la obligaci¨®n de cobrar, y ello no responde a un insano deseo por recaudar a toda costa". De la misma opini¨®n es el concejal de la V¨ªa P¨²blica, el tambi¨¦n socialista Joan Torres, seg¨²n el cual una vez iniciada la tramitaci¨®n de una multa ya no se puede parar, y no se puede embargar a unos s¨ª y a otros no. Torres acus¨® a CiU de "farise¨ªsmo" por sus cr¨ªticas y de haber buscado una excusa para romper el consenso.

El presidente del grupo del Partido Popular (PP) -el ¨²nico grupo que no suscribi¨® el denominado pacto de las multas-, Enrique Lacalle, consider¨® ayer que el tiempo hab¨ªa acabado d¨¢ndoles la raz¨®n y que CiU no hab¨ªa hecho otra cosa al suscribir el acuerdo que apuntalar y "bendecir" el sistema empleado por el gobierno municipal. Un sistema que considera "cogido por los pelos" y con importantes dudas legales.

Lacalle reiter¨® asimismo la opini¨®n de su partido de que el embargo de cuentas corrientes es inconstitucional: "No se puede confundir una deuda tributaria -que representa una obligaci¨®n- con una sanci¨®n administrativa", dijo.

El PP critic¨® ayer asimismo que el Ayuntamiento haya mantenido durante todo el a?o 1992 y los dos primeros meses de 1993 la pr¨¢ctica de notificar las multas de tr¨¢fico a trav¨¦s del Bolet¨ªn Oficial de la Provincia (BOP) -1,6 millones de sanciones en este tiempo-, cuando a¨²n hab¨ªa lagunas legales sobre este sistema. La entrada en vigor, el pasado 27 de marzo, de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo ya lo permite en todos los casos.