Jueces y ciudadanos

LOS JUECES hablan principalmente a trav¨¦s de los autos y las sentencias por ellos dictados. De forma que resulta dificil, y ser¨ªa imprudente, establecer conclusiones apresuradas sobre la calidad de su actuaci¨®n en un caso concreto, especialmente si el sumario en cuesti¨®n no est¨¢ concluido. Sin embargo, hay actuaciones que suscitan sorpresa procesal. Esto es lo que ocurre con la primera fase instructora del caso del presunto fraude fiscal que por un montante de 1.500 millones de pesetas se est¨¢ investigando en Barcelona.En pocas horas, el juez Llu¨ªs Pascual Estevill dict¨®, entre otras, una orden de detenci¨®n contra la persona m¨¢s significativa de las incluidas en el sumario - el empresario Jos¨¦ Felipe Bertr¨¢n de Caralt-; seguida, ante su ins¨®lita incomparecencia, de una orden de inmediato ingreso en prisi¨®n; y, tras una r¨¢pida conversaci¨®n con el industrial, de su libertad sin fianza. Pascual Estevill, antiguo abogado promovido a juez por el cuarto turno, ha cosechado en los ¨²ltimos tiempos una aureola de rapidez ejecutiva por sus intervenciones contundentes en la mayor¨ªa de los casos econ¨®micos surgidos ¨²ltimamente en la capital catalana, cuya instrucci¨®n ha reca¨ªdo sobre sus espaldas pr¨¢cticamente en solitario: Macosa, BFP-Planasdemunt, Grupo Cor y Prenafeta, caso este ¨²ltimo que decidi¨® archivar.

Por esa experiencia resulta dif¨ªcil de entender, de momento, la aparentemente contradictoria secuencia de las medidas tomadas en el ¨²ltimo asunto: si los indicios recopilados conduc¨ªan a dictar sendas ¨®rdenes de detenci¨®n y de ingreso en prisi¨®n, ?c¨®mo se entiende una puesta en libertad casi autom¨¢tica? Y, a la inversa: ?qu¨¦ clase de indicios se hab¨ªan reunido si una conversaci¨®n de dos horas bast¨® para despejarlos casi en su totalidad? Los jueces de lo penal deben servir al orden legal y perseguir su incumplimiento, pero deben hacerlo extremando el garantismo hacia los derechos individuales en el que se funda ese mismo ordenamiento, y m¨¢s en un pa¨ªs en que muchos confunden querella con condena y proceso con sentencia, a?adiendo castigo social a las medidas cautelares adoptadas.

El poder econ¨®mico y la influencia social que conlleva la funci¨®n del empresariado son caracter¨ªsticas de ida y vuelta. Constituyen ventajas cuando el viento sopla a favor. Y suponen inconvenientes -el coste de la notoriedad negativa- cuando va en contra. Ello est¨¢ en la l¨®gica de las cosas. Pero cualquier actuaci¨®n o interpretaci¨®n que fuerce esa l¨®gica hasta el extremo, la rompe, sea para convertir la obra bien hecha en heroicidad, o para trocar la investigaci¨®n de irregularidades en villan¨ªa cierta. Por eso es importante que las pr¨®ximas actuaciones del juez del caso despejen la inc¨®gnita que suscita el asunto que comentamos.