El Gobierno propone un vuelco en las relaciones laborales, los salarios y los contratos

El Gobierno envi¨® ayer al Consejo Econ¨®mico y Social el documento en el que plantea la reforma global del mercado de trabajo y que supone un vuelco al actual sistema de relaciones laborales, que afecta no s¨®lo a las condiciones de entrada y salida en el mercado laboral, sino al papel que en el mismo han de jugar los interlocutores sociales y la propia Administraci¨®n. En cuanto al despido, pide al CES que eval¨²e las consecuencias de una mayor liberalizaci¨®n en el despido colectivo. Propugna tambi¨¦n un mejor uso de la contrataci¨®n temporal. El pleno del CES aprob¨® ayer el dictamen sobre la reforma de los contratos de formaci¨®n y pr¨¢cticas y propuso que se les vuelva a subvencionar.El informe para la reforma del mercado de trabajo enviado al CES por el Gobierno no anuncia medidas concretas pero s¨ª deja ver bien a las claras el nuevo modelo que pretende el Gobierno, que pasa por una mayor flexibilizaci¨®n en la estructura salarial, la negociaci¨®n colectiva y la movilidad tanto geogr¨¢fica como funcional. Se defiende tambi¨¦n una mejor definici¨®n y uso de la contrataci¨®n temporal pero se mantienen m¨¢s ambig¨¹edades en cuanto a la flexibilizaci¨®n del despido colectivo.La eliminaci¨®n de la autorizaci¨®n administrativa para este tipo de despidos ha sido reiteradamente defendida por el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, pero ha encontrado siempre las reticencias del ministro de Trabajo, Luis Mart¨ªnez Noval. Solchaga afirma que mayores facilidades en el despido favorecen la inversi¨®n, sobre todo la extranjera, pero Noval opina que eliminar la autorizaci¨®n administrativa como medida aislada s¨®lo contribuye a romper el equilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores. Mantiene adem¨¢s que el siguiente paso ser¨ªa preguntarse qu¨¦ hacer con los expedientes de regulaci¨®n de empleo, que tambi¨¦n autoriza la Administraci¨®n, y que las magistraturas ver¨ªan considerablemente aumentado el n¨²mero de causas ya que los desacuerdos acabar¨ªan en su jurisdicci¨®n.

Diferencias en el Gobierno

Las diferencias que ambos departamentos mantienen sobre la mayor flexibilizaci¨®n del despido colectivo han sido la causa fundamental del retraso en la elaboraci¨®n del documento por parte del Gobierno, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la Administraci¨®n. Pero adem¨¢s, estas diferencias se traducen en la ambig¨¹edad con que se trata este asunto en el documento. No se defiende ni el mantenimiento de la autorizaci¨®n, ni su eliminaci¨®n; simplemente se pide al Consejo Econ¨®mico y Social que dictamine sobre los efectos de una "eventual supresi¨®n de la intervenci¨®n administrativa sobre la distribuci¨®n de poderes dentro de la empresa, sobre la actividad judicial, y sobre el sistema de protecci¨®n del desempleo".

La normativa sobre despido colectivo es "una de las peculiaridades m¨¢s relevantes de nuestra legislaci¨®n laboral", seg¨²n el documento entregado al CES, porque est¨¢ fuertemente tutelado. Pero mantiene que si el objetivo ha sido disuadir al empleador de utilizar esta v¨ªa para el ajuste de plantillas, los datos indican lo contrario: desde el tercer trimestre de 1991, en que comenz¨® a caer el empleo asalariado, la destrucci¨®n de empleo indefinido ha supuesto el 80% de la destrucci¨®n de empleo. En otro momento se afirma que mantener la actual regulaci¨®n ser¨ªa "econ¨®micamente ineficiente y socialmente injusto".

En realidad, seg¨²n el informe, para lo que ha servido la autorizaci¨®n administrativa, ha sido para que las indemnizaciones realmente pagadas resulten superiores a las legales.

Los contratos blindados de los altos directivos de las empresas tienen un rinc¨®n en el documento. Se propone que las memorias anuales de lascompa?¨ªas inclu yan el monto global de las indemnizaciones, pactadas con sus directivos, que normalmente est¨¢n fuera de convenio.

Uno de los aspectos m¨¢s novedosos del documento es el referente a la estructura del salario al proponer que parte del mismo sea m¨®vil y se vincule a aspectos como la productividad, el rendimiento y los beneficios. Ello solucionar¨ªa, seg¨²n el Gobierno, uno de los principales defectos de la actual negociaci¨®n salarial, que es insensible a la situaci¨®n c¨ªclica de la econom¨ªa y a la de cada una de las empresas. Modificar esta estructura supondr¨ªa poder aumentar los incentivos personales para aumentar la productividad, que ahora tiene poco campo de actuaci¨®n. Alrededor del 63% de la masa salarial bruta de las grandes empresas son retribuciones fijas, y este porcentaje llega hasta casi el 85% si se le a?aden las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. "Evidentemente", dice el informe, "estos elevados porcentajes dejan un papel muy reducido a los componentes de la masa salarial ligados a la evoluci¨®n de la productividad y otros pluses".

Propone adem¨¢s una estructura salarial que tenga en cuenta las diferencias regionales tanto en niveles de desarrollo como en tasas de paro. Todo ello conduce a su vez a modificar la actual estructura de negociaci¨®n colectiva de manera que se puedan incorporar "nuevas modalidades de determinaci¨®n de pagos y salarios y definiendo un marco que estimule la fijaci¨®n de los salarios en funci¨®n de los resultados y beneficios de las empresas". El documento mantiene que hay que incrementar la "sensibilidad de los salarios al nivel de paro", lo que exige "la inclusi¨®n por parte de los agentes sociales de la situaci¨®n del mercado en sus estrategias negociadoras".

Cambios en las ordenanzas

La movilidad es otra de las patas de la reforma en tanto en cuanto es pieza importante para incrementar la competitividad de las empresas. La movilidad funcional viene regulada por las ordenanzas laborales, casi todas franquistas, que pr¨¢cticamente la hacen inviables. Y en vista de que los agentes sociales no han conseguido acuerdos sectoriales que las sustituyan, el Gobierno propone que el CES analice procedimientos que aceleren su desaparici¨®n. Se propone tambi¨¦n una nueva ordenaci¨®n de los tiempos de trabajo que podr¨ªa pasar por una reducci¨®n de la jornada laboral y la distribuci¨®n flexible del tiempo de trabajo. Se pide al CES tambi¨¦n que analice qu¨¦ consecuencias tendr¨ªa sobre el seguro de desempleo mayores facilidades para suspensiones temporales de contratos o reducciones de jornada.

En cuanto a protecci¨®n social, se plantea la posibilidad de que el subsidio de desempleo pase a tributar en el IRPF.

La mayor flexibilidad laboral debe acarrear, como contrapeso, unos mayores niveles de informaci¨®n y consulta a los representantes de los trabajadores. El Gobierno defiende que la negociaci¨®n colectiva se extienda a otros ¨¢mbitos y "afrontar la soluci¨®n de los problemas que en la pr¨¢ctica han generado los sistemas vigentes * de determinaci¨®n de la representatividad de los interlocutores sociales".