Una absurda pol¨¦mica
A los funcionarios que dise?aron en su momento el texto de la ley de planes y pensiones de 1987 no les sent¨® nada bien que los bancos decidiesen mayoritariamente no acogerse a la misma promoviendo los correspondientes planes del sistema de empleo y prefirieran seguir contabilizando provisiones internas en sus balances para responder a los compromisos que ten¨ªan asumidos con parte de su personal de complementar en su d¨ªa las prestaciones de jubilaci¨®n de la Seguridad Social.En vez de preguntarse por los motivos reales de ese rechazo generalizado, los funcionarios y las instituciones p¨²blicas por ellos representadas iniciaron muy pronto una pol¨¦mica, a la que se han ido sumando despu¨¦s distintos grupos sociales pretendida o realmente interesados, que ha trascendido recurrentemente a los medios de comunicaci¨®n. Como suele suceder en estos casos, la desidia, la ignorancia, el uso inadecuado del. lenguaje o la mala fe -que de todo hay- han hecho que en esa pol¨¦mica la verdad brille casi siempre por su ausencia.
Como colof¨®n de m¨²ltiples escaramuzas y presiones manifiestas o encubiertas, el pasado mes de septiembre lleg¨® a la comisi¨®n de subsecretarios un anteproyecto de ley del seguro privado, aparentemente inocuo y burocr¨¢tico, de adaptaci¨®n a la normativa comunitaria, en el que, con sigilo digno de una pel¨ªcula de misterio, se inclu¨ªa la prohibici¨®n de los llamados fondos internos. La presi¨®n de la banca, apoyada por el Banco de Espa?a, hizo que se incluyera una salvedad en el proyecto final permitiendo la existencia de esos fondos internos en el sector financiero, por entender que sus fines quedaban suficientemente salvaguardados al estar sometido el sector a la vigilancia permanente de autoridades p¨²blicas de control y supervisi¨®n. A ¨²ltima hora, sin embargo, en la tramitaci¨®n del proyecto en el Senado, parece que se quiere suprimir esa excepci¨®n, o al menos limitarla notablemente.
Soy bastante esc¨¦ptico sobre las posibilidades reales de introducir un m¨ªnimo de racionalidad en un debate que se ha caracterizado por la defensa de intereses concretos, quiz¨¢ muy respetables, pero que nada tienen que ver con la cuesti¨®n de fondo, por la pura obstinaci¨®n o por el juego de los desprop¨®sitos; y menos a¨²n de conseguir influir en el resultado final. Pero no me resisto a la tentaci¨®n de poner de manifiesto -aunque sea telegr¨¢ficamente- algunos aspectos que ayuden a entender este galimat¨ªas a terceros de buena fe. Por supuesto, me refiero en exclusiva al problema desde la perspectiva de la banca, que es la ¨²nica que conozco.
Los bancos no tenemos constituidos fondos de pensiones internos, simplemente contabilizamos provisiones para asegurar el cumplimiento de un compromiso futuro con nuestros empleados cuando se jubilen. La distinci¨®n es importante. Si se tratase de fondos de pensiones, los empleados tendr¨ªan derechos adquiridos sobre ellos y se podr¨ªan llevari consigo los importes devengados hasta ese momento en el caso de que abandonaran la entidad en la que trabajan. Pero no es as¨ª, s¨®lo tienen una expectativa de derecho que nacer¨¢ precisamente en el momento de su jubilaci¨®n en la empresa. Pretender que esas provisiones se aporten a un fondo externo de pensiones es tratar de modificar unilateralmente el contenido formal de la obligaci¨®n que, tienen los bancos. Tan es as¨ª que, si hubiese que hacerlo -por la fuerza de la ley, que en este caso ser¨ªa equivalente a la ley de la fuerza-, los bancos seguir¨ªan sin liberarse de sus compromisos, de tal forma que, si el pretendido fondo de pensiones externo no pudiese en su d¨ªa hacer frente al pago de las pensiones pactadas, los beneficiarios seguir¨ªan teniendo derecho a exigir el cobro de sus pensiones de los bancos.
A esta luz se entiende con facilidad que los sindicatos hayan tomado partido beligerante a favor de la opci¨®n externa. Ello sin contar con el poder que vislumbran por participar eventualmente en ¨®rganos de control de instituciones que podr¨ªan llegar a manejar actualmente cifras cercanas al bill¨®n de pesetas.
Los promotores del cambio se apoyan en el pretendido argumento de que es preciso asegurar y proteger los derechos adquiridos o potenciales, tanto da, de los trabajadores, y que esto s¨®lo es posible mediante los fondos externos. Incluso llegan a decir que la f¨®rmula es obligada porque viene impuesta por la normativa comunitaria. Al lector interesado en conocer con exactitud esa pretendida obligaci¨®n le remito a la directiva 80 / 987 / CEE, de 20 de octubre de 1980, en sus art¨ªculos 5 y 8. Ciertamente, se les exige a los Estados miembros que establezcan las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores en este campo, pero en ning¨²n sitio se dice que deba ser mediante la f¨®rmula de fondos externos, que con frecuencia reducen las garant¨ªas y la seguridad en vez de aumentarlas.
La ¨²nica disposici¨®n que ser¨ªa realmente necesaria y que, hasta ahora, ning¨²n organismo se ha preocupado de promover es que los llamados fondos internos tengan derecho legal de prelaci¨®n frente a otros acreedores en hipot¨¦ticas situaciones concursales. Pretender que un fondo externo aporta mayores garant¨ªas a los trabajadores que la adecuada cobertura interna es, en el caso de la banca, sencillamente grotesco. ?Por qu¨¦ ignota raz¨®n un fondo de pensiones va a ser m¨¢s solvente que un banco? Con argumentos como ¨¦se, quiz¨¢ alg¨²n d¨ªa un iluminado bienintencionado pretender¨¢ que los saldos de los acreedores se saquen del balance de los bancos para proteger mejor el ahorro.
Despu¨¦s de leer los p¨¢rrafos anteriores, si las cosas est¨¢n tan claras, el lector puede preguntarse con todo derecho el porqu¨¦ de esta pol¨¦mica. ?A qui¨¦n beneficia? Algunos nos hemos hecho esa pregunta hace tiempo y no hemos encontrado todav¨ªa la respuesta correcta. Ah¨ª van algunas de las posibilidades, probablemente todas v¨¢lidas.
Es muy tentador tratar de forzar que una masa tan importante de dinero tenga que invertirse en los mercados de capitales, b¨¢sicamente en renta fija, que ¨¦se es el destino natural de los fondos de pensiones, cuando el sector p¨²blico anda tan necesitado de asegurar la financiaci¨®n, o refinanciaci¨®n, de niveles desmesuradamente crecientes de gasto. Tampoco es inveros¨ªmil pensar que el sector asegurador o el de entidades gestoras de fondos ya existentes, global o individualmente, hagan su lobby correspondiente buscando. ampliar el negocio con bocados tan apetecibles. Y no puede, desde luego, descartarse el empecinamiento natural de los seres humanos; sostenella y no enmendalla es moneda corriente que suele oscurecer motivaciones pretendidamente racionales. Es muy probable, en fin, que este tema -como otros muchos- se utilice como moneda de cambio en transacciones de contenido radicalmente distinto entre organizaciones pol¨ªticas y sindicales, contando con el inter¨¦s al que ya se ha aludido que tienen indudablemente los sindicatos en sacar ventajas adicionales sobre los compromisos vigentes.
Lo que parece claro es que las motivaciones reales han propiciado que domine la confusi¨®n en una pol¨¦mica que no debi¨® nacer o que, en todo caso, no ten¨ªa por qu¨¦ haber traspasado los estrechos l¨ªmites de una pura discusi¨®n t¨¦cnica.
es secretario general del Banco Popular.
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