Evitar el encanallamiento
Todo proceso electoral democr¨¢tico se descompone jur¨ªdicamente en m¨²ltiples fases, pero pol¨ªticamente lo hace fundamentalmente en dos. Una primera, la campa?a electoral, en la que se pone el ¨¦nfasis en el enfrentamiento entre los distintos partidos pol¨ªticos o coaliciones electorales que concurren a las elecciones. Y una segunda, la votaci¨®n, en la cual el cuerpo electoral pone fin al proceso a trav¨¦s de su manifestaci¨®n de voluntad, decidiendo hasta la pr¨®xima consulta en qui¨¦n deposita la confianza para dirigir pol¨ªticamente a la comunidad. La primera es, por su propia naturaleza, un momento de divisi¨®n de la sociedad, de acentuaci¨®n de la discrepancia y el conflicto, esto es, opera centr¨ªfugamente; en tanto que la segunda debe ser todo lo contrario, un momento de clarificaci¨®n como consecuencia de la decisi¨®n de un ¨¢rbitro inapelable, y, por tanto, un momento de pacificaci¨®n y reunificaci¨®n social, que opera de manera centr¨ªpeta.Esto es as¨ª y debe ser as¨ª. Las elecciones democr¨¢ticas tienen que ser unas elecciones competidas, en las que exista un enfrentamiento real, pues, de lo contrario, es imposible que el cuerpo electoral pueda formarse una opini¨®n y pueda decidir de una manera m¨ªnimamente solvente a qui¨¦n va a confiar la gobernaci¨®n del pa¨ªs y la direcci¨®n del Estado. Y en este sentido hay que recordar que en todas las democracias asentadas, sin excepci¨®n, las campa?as electorales suelen ser muy duras.
Veredicto de las urnas
Ahora bien, lo que no se puede poner en discusi¨®n, por muy dura y competida que haya sido la campa?a, es el veredicto del cuerpo electoral. Comentando las elecciones del 29 de octubre de 1989, esto es, las ¨²ltimas elecciones generales celebradas en Espa?a, escrib¨ªa un semanario -tan poco sospechoso de casi nada, pero, en todo caso, de proclividad hacia la izquierda, como The Economist, que poner en cuesti¨®n los resultados de las urnas no es que sea lo ¨²ltimo, sino que es lo ¨²nico que una democracia no se puede permitir. Pues cuando esto ocurre la vida pol¨ªtica se encanalla, dejando el enfrentamiento de ser de tipo pol¨ªtico, para convertirse en una lucha de tipo personal, en la que se antepone el insulto, cuando no la injuria o la calumnia, al debate sobre los problemas objetivos a los que los partidos deben proponer soluciones.
Desgraciadamente, esto es lo que ha ocurrido en esta ¨²ltima legislatura que acaba de finalizar. La impugnaci¨®n de los resultados electorales y posterior anulaci¨®n en Murcia, Pontevedra y Melilla abri¨® un par¨¦ntesis que ha sido imposible de cerrar y que ha conducido a lo largo de la legislatura a un intercambio de insultos, de acusaciones y golpes bajos, que, en lugar de clarificar absolutamente nada, han generado una confusi¨®n notable en la opini¨®n p¨²blica y han erosionado gravemente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema democr¨¢tico.
Justamente por eso, porque sabemos adonde nos llevan estos disparates, es por lo que ser¨ªa de suma importancia que sigui¨¦ramos el consejo de The Economist, no volvi¨¦ramos a tropezar en la misma piedra y no empez¨¢ramos a poner. en cuesti¨®n en la propia campa?a los resultados de las decisiones del cuerpo electoral. Ni los de la pr¨®xima consulta ni los de las pasadas. Pues la leg¨ªtimidad de un sistema democr¨¢tico no se deja dividir en compartimentos estancos. El sistema electoral que tenemos es pr¨¢cticamente el mismo desde 1977, sin que hayan cambiado no ya sustancialmente, sino de manera significativa, los institutos de garant¨ªa de la regularidad del proceso electoral. En consecuencia, si tal proceso ha podido ser manipulado en el pasado, no hay nada que impida que pueda serlo en el futuro.
De ah¨ª la inoportunidad de las palabras del se?or Aznar al abrir de facto la campa?a electoral del PP para las pr¨®ximas elecciones. Pues la acusaci¨®n de que el PSOE gan¨® las elecciones de 1989 como consecuencia de la financiaci¨®n irregular conseguida a trav¨¦s de Filesa, no pone en cuesti¨®n un resultado electoral concreto, sino todo el sistema democr¨¢tico. ?Qu¨¦ legitimidad pueden tener, las decisiones de las Cortes generales si se constituyeron con tal vicio de origen? ?Es que el PP, de obtener mayor¨ªa, propondr¨ªa la anulaci¨®n de todas las decisiones tomadas en esta legislatura pasada por falta de legitimidad democr¨¢tica del ¨®rgano que las adopt¨®? ?Es que los cinco magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Congreso y el Senado a finales de junio del a?o pasado tendr¨ªan que abandonar sus puestos porque fueron elegidos por un ¨®rgano ileg¨ªtimamente constituido? ?Qu¨¦ valor tendr¨ªan las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en estos meses si cinco de sus miembros fueron ileg¨ªtimamente elegidos? Las consecuencias de un discurso de esta naturaleza no pueden ser m¨¢s terribles.
En realidad, la acusaci¨®n es tan burda que constituye un insulto a cualquier inteligencia m¨ªnimamente formada. Pues aunque todas las cantidades que han salido a la luz en la investigaci¨®n de Filesa hubieran sido invertidas en la campa?a electoral del 89, ?hay alguien en su sano juicio que pueda pensar que ah¨ª estuvo la clave de los resultados electorales de aquella consulta? Si eso fuera as¨ª, ?por qu¨¦ AP en 1977 y 1979, a pesar de gastar lo mismo que UCD y el PSOE, obtuvo nueve y siete esca?os, respectivamente? Y, por cierto, ?qui¨¦n pag¨® aquellas campa?as en las que por indemnizaci¨®n electoral AP apenas recobr¨® nada? Si eso fuera as¨ª, ?por qu¨¦ en la campa?a de 1986 hubo una coalici¨®n electoral que, a pesar de gastar varios miles de millones, no consigui¨® un solo esca?o fuera de Catalu?a? Y, por cierto, ?qui¨¦n pag¨® aquella campa?a? Como dec¨ªa hace unos d¨ªas Xabier Arzalluz, ?es que hay alg¨²n partido que pueda tirar la primera piedra?
?ste es un debate que no conduce a ninguna parte. En la financiaci¨®n de las campanas electorales siempre ha habido irregularidades, en Espa?a y fuera de Espa?a. Es en estos ¨²ltimos a?os cuando se est¨¢ poniendo fin en todo el mundo a dicha financiaci¨®n irregular. Y por eso cuanto m¨¢s nos proyectemos hacia el pasado, m¨¢s irregularidades y menos transparencia encontraremos. En Espa?a y fuera de Espa?a. Esto es algo sobradamente conocido y que el se?or Aznar no puede ignorar.
Acusaci¨®n grave
De ah¨ª la gravedad de su acusaci¨®n, no s¨®lo por lo que ha dicho, que es bastante m¨¢s que una salida de tono, sino por lo que tales palabras pueden indicar en cuanto a la estrategia del PP con vistas a las pr¨®ximas elecciones.
Ciertamente, la campa?a electoral y la votaci¨®n, como dec¨ªa al principio, son dos momentos distintos. Pero existe una conexi¨®n entre ambos. La campa?a no tiene otro sentido que el de presentar un programa para obtener un mandato de los electores. Cuando en lugar de eso lo que se transmite al cuerpo electoral es la duda sobre el valor de su propia decisi¨®n, es la posibilidad misma de una pol¨ªtica democr¨¢tica lo que se est¨¢ poniendo en cuesti¨®n.
La sociedad espa?ola est¨¢ en una encrucijada lo suficientemente seria como para que se intente obtener de ella un mandato para hacer una determinada pol¨ªtica: de empleo, de ense?anza, de fiscalidad, de sanidad, de infraestructuras, de convergencia, de avance en la construcci¨®n del Estado de las, autonom¨ªas, etc¨¦tera.
Y esto no se consigue con el insulto, la injuria o la calumnia. El insulto y la descalificaci¨®n personal en una campa?a electoral no son m¨¢s que el reverso de la ausencia de un programa en el que se tenga la m¨¢s m¨ªnima confianza de que puede ser respaldado por el electorado. Confiemos en que, como dice el refr¨¢n, "una golondrina no haga verano", y evitemos el encanallamiento de la vida pol¨ªtica que resultar¨ªa inevitablemente de una campa?a electoral que siguiera por los derroteros por los que ha comenzado.
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