El CDS propone una agencia estatal contra la corrupción
El CDS propondrá en su programa electoral la creación de una agencia estatal para luchar contra la corrupción, presidida por un magistrado y con competencia en todo el territorio nacional. Este organismo se encargaría de canalizar todas las denuncias que pudieran formularase en ese terreno.José Ramón Caso, portavoz del CDS en el Congreso durante la pasada legislatura candidato en las próximas por ?vila aseguró que el CDS intenta formular soluciones concretas y efectivas que aseguren a los ciudadanos el control de las prácticas de corrupción que han salpicado la vida política espa?ola.
Según la propuesta del CDS, la agencia estatal tendría una función investigadora, que cesaría en el momento en que un asunto llegase a los tribunales de los que se convertiría en colaboradora.
Además, se propone que este organismo esté dotado de personal altamente cualificado para desarrollar su labor con rigor y con eficacia y se cita, a título de ejemplo, inspectores de Hacienda.
El programa centrista propondrá también una reforma inmediata de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, de modo que se prohiban las donaciones, en dinero o en especie, por parte de las sociedades anónimas. Sólo las personas físicas podrían colaborar económicamente con los partidos políticos.
En la actualidad la Ley de Financiación de los Partidos admite las aportaciones económicas por parte de las personas jurídicas e impone como condición que exista "acuerdo adoptado en debida forma por el órgano social competente", además de fijar un tope anual máximo de 10 millones de pesetas, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. La propuesta del CDS también fija tope para los particulares.
Interés de los particulares
El CDS entiende que los particulares pueden tener "un interés legítimo" en apoyar con su dinero a un partido, mientras que las sociedades anónimas, explica Caso, "por principio no tienen otro interés que mejorar su cuenta de resultados por lo que cualquier aportación económica a un partido hay que considerarla como espúrea".
Por fin, y en este mismo terreno de las medidas contra la corrupción en la vida política, el CDS propone que todos los delitos que genéricamente pueden englobarse en este apartado pasen a ser competencia directa de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma y, cuando un caso concreto se haya desarrollado en más de una, a la Audiencia Nacional. En todo caso se mantendría la competencia del Tribunal Supremo para las personas con fuero especial, como diputados y senadores.
Caso afirma que "como se demostró con el caso Naseiro, este tipo de asuntos desborda la capacidad de un juzgado de instrucción".
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