Leguina quiere que se sepa cu¨¢nto ganan todos los pol¨ªticos regionales

El Partido Popular gan¨® por la mano. Hace dos semanas, fue el primer grupo pol¨ªtico de la Asamblea que reclam¨® para cualquier ciudadano el derecho a conocer el patrimonio de los altos cargos de la Comunidad y de los diputados regionales. El Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina acept¨® el reto ayer, pero corregido y aumentado. No bastar¨¢ con un registro de los bienes personales ante notario, como propugnaban los populares; tambi¨¦n habr¨¢ que presentar las declaraciones de la renta y del patrimonio de los ¨²ltimos cinco a?os.

El PP pretend¨ªa en su iniciativa parlamentaria que la obligaci¨®n de hacer p¨²blicos los bienes de diputados y altos cargos fuese efectiva a partir de la pr¨®xima legislatura, en 1995. El Gobierno regional no quiere esperar tanto. "Tendr¨¢n que presentar la declaraci¨®n un mes despu¨¦s de que se apruebe la norma; la gente quiere saber cu¨¢nto ganan los pol¨ªticos", advirti¨® ayer un colaborador de Leguina. Adem¨¢s, la informaci¨®n facilitada al presidente de la C¨¢mara regional deber¨¢ ser entregada tambi¨¦n a los dem¨¢s grupos parlamentarios.

En la actualidad, los diputados de la Asamblea tienen depositada una declaraci¨®n de su patrimonio al comienzo de la legislatura (junio de 1991) en un registro notarial, que no puede ser consultado por el p¨²blico.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad dio ayer luz verde a dos propuestas, una dirigida a la normativa de incompatibilidades de los cargos (consejeros, directores generales...), y otra para reformar el Reglamento de la Asamblea. Ambos acuerdos vienen a obligar a los pol¨ªticos regionales a airear sus bienes y fuentes de ingreso en los ¨²ltimos cinco a?os.

Izquierda Unida tambi¨¦n hab¨ªa preparado una iniciativa parlamentaria para hacer p¨²blicos los ingresos de parlamentarios y altos cargos, pero el PP se anticip¨® y present¨® su propuesta antes en el registro de la Asamblea madrile?a.

Contratos vigilados

El PSOE, por su parte, defender¨¢ la semana pr¨®xima en el Parlamento un conjunto de medidas para reformar el sistema de contrataci¨®n de la Comunidad de Madrid.

El esc¨¢ndalo de Construcciones Atocha, investigado tras una denuncia del PP, destap¨® las deficiencias del actual sistema de adjudicaci¨®n de obras. Por ejemplo, el Gobierno regional lleg¨® a pagar facturas por materiales de construcci¨®n que no exist¨ªan.

Ahora los socialistas piden que las empresas sean examinados con lupa por una junta de contrataciones y que todas las obras sean supervisadas por un equipo de inspectores de la Comunidad para evitar los pagos indebidos.