Encuestas y verdades virtuales

Que la publicaci¨®n de encuestas preelectorales tiene efectos sobre la realidad que describen parece fuera de duda. Se discute ampliamente acerca de cu¨¢ntos y cu¨¢les son tales efectos, pero no sobre su existencia. Por ser susceptibles de influir sobre cuesti¨®n tan trascendental como los resultados electorales, es comprensible que la publicaci¨®n de tales encuestas sea considerada en muchos pa¨ªses una materia delicada, digna de ser regulada jur¨ªdicamente. En algunos pa¨ªses existe incluso un debate no concluido acerca de la conveniencia o no de permitir la publicaci¨®n de encuestas de este tipo, y en todo caso sobre las condiciones en que dicha publicaci¨®n debe realizarse.No son frecuentes las legislaciones parcialmente restrictivas en la materia, y desde luego la publicaci¨®n de resultados falsificados o manipulados est¨¢, por lo general, tipificada penalmente. En nuestro caso, la vigente Ley Electoral se ha hecho eco de la misma preocupaci¨®n, encomendando a la Junta Electoral Central, en su art¨ªculo 69.2, que vele "porque los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas ( ... )". No tengo noticia de que la tutela establecida por la ley haya dado lugar hasta la fecha a actuaci¨®n sancionadora alguna o de si es presumible que en el futuro pueda resultar en alguna acci¨®n correctora de abusos. Pero es indudable que abusos se producen.

En el corto espacio de tiempo transcurrido desde la reciente convocatoria de elecciones generales y el d¨ªa de la fecha, el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) se ha visto involuntariamente implicado en dos lamentables incidentes relacionados con la publicaci¨®n incorrecta de resultados (supuestos) de sondeos preelectorales. En ambos casos se trataba de la forma posiblemente m¨¢s grave de incorrecci¨®n, que es la falsificaci¨®n o invenci¨®n de los datos, en un caso en forma total y en otro de forma parcial. El m¨¢s grave de los dos ha consistido en la divulgaci¨®n de datos ficticios, atribuidos a una encuesta del CIS, de estimaci¨®n de voto y de distribuci¨®n de esca?os -estos ¨²ltimos no s¨®lo inciertos, sino adem¨¢s imposibles, por derivar supuestamente de una encuesta cuyo tama?o muestral no permite estad¨ªsticamente la asignaci¨®n de esca?os-. En el otro caso se trat¨® de la atribuci¨®n a "t¨¦cnicos del CIS" de una no menos ficticia e imposible -por las mismas razones de tama?o muestral- distribuci¨®n de esca?os, aunque esta vez los datos de estimaci¨®n de voto eran los verdaderos. Que en ambos casos el partido m¨¢s beneficiado por los datos ficticios fuera el mismo no hace al caso.

Hechos como los que anteceden hacen necesaria la existencia de mecanismos eficaces que impidan tales abusos, cuyas consecuencias son, por lo general, irreparables. Es preciso que su efectividad sea tal que todos los medios de comunicaci¨®n se cercioren, antes de proceder a la publicaci¨®n de datos no encargados por ellos mismos, de su veracidad. Es indudable que cualquier informador puede ser objeto de una intoxicaci¨®n informativa, y que, trat¨¢ndose de materia tan cotizada como los pron¨®sticos electorales, se sienta inclinado a publicarla sin m¨¢s comprobaciones. Desgraciadamente, hay muchas ocasiones en que el inter¨¦s informativo prima sobre la veracidad.

La irreparabilidad de las consecuencias de estas pr¨¢cticas no precisa de reiteraci¨®n. En efecto, en casos como los descritos es muy probable que otros medios de comunicaci¨®n, desconociendo el ileg¨ªtimo origen de los datos, se hagan eco de la noticia y contribuyan a su plena difusi¨®n. La falsa informaci¨®n comienza entonces a convertirse en una realidad virtual, de las que tan de moda est¨¢n hoy. Pronto la carga de la prueba ya no reposar¨¢ sobre quien ha divulgado la informaci¨®n incierta: habr¨¢ pasado al organismo al que se imputa la producci¨®n de esos falsos datos. Y a tal organismo puede que incluso le resulte dif¨ªcil probar que los datos ciertos sean suyos y no los espurios.

Para gravar las cosas, es muy posible que la historia no termine aqu¨ª. Por el contrario, lo que ocurre despu¨¦s puede tener incluso valor paradigm¨¢tico. A quien se siente maltratado en casos as¨ª -en este caso el CIS- le queda el famoso derecho de rectificaci¨®n. Supongamos que trata de ejercerlo, venciendo el temor que suelen sentir los ciudadanos a entrar en pol¨¦mica con los medios de comunicaci¨®n. Qui¨¦rase o no, existe una idea muy difundida entre los particulares, y es la de que en el caso de que alguna informaci¨®n afecte injustamente a su honor o se sientan heridos por ella, lo mejor es no hacer nada, porque en pugnas con medios de comunicaci¨®n siempre se sale perdiendo. Se trata, seguramente, de una versi¨®n contempor¨¢nea del ancestral temor a meterse en pleitos.

Si se decide a rectificar la informaci¨®n incorrecta es posible que entre en una din¨¢mica perversa que tiene que ver con la naturaleza asim¨¦trica de las relaciones entre ciudadanos y medios de comunicaci¨®n, y que finalmente el ¨¦xito no le acompa?e. Las notas de prensa que envi¨¦ a los distintos medios informativos desmintiendo la informaci¨®n incorrecta probablemente no sean recogidas, y no s¨®lo por la sencilla raz¨®n de que la noticia falsa tiene mucho m¨¢s inter¨¦s informativo que el gris desmentido. Lo m¨¢s seguro es que otros medios, los no concernidos, no querr¨¢n mezclarse en la posible pol¨¦mica. Por lo que hace al medio que public¨® la informaci¨®n incorrecta, cabe la posibilidad de que publique la rectificaci¨®n, o puede que no. Si lo hace, es casi seguro que lo har¨¢ en un peque?o espacio, normalmente rec¨®ndito e ignoto, y quiz¨¢s en forma mutilada. Si alguna regla general hay en la materia, es la de que las rectificaciones siempre tienen mucho menos eco que las informaciones que las han motivado. Desde luego, el rectificante tiene la opci¨®n de acogerse a la legislaci¨®n que regula el derecho de r¨¦plica, pero eso le crear¨¢ importantes molestias y quebraderos de cabeza, y en todo caso tiene que aceptar la posibilidad de tener que terminar en los tribunales. Sea como sea, el replicante casi siempre sale perdiendo. Porque adem¨¢s es muy posible que sea objeto de adicionales insultos y descalificaciones por parte del medio que public¨® la informaci¨®n incierta, a veces en un sostenido ejercicio de sa?a vindicativa que tambi¨¦n cumple funciones de intimidaci¨®n. Algunos medios siempre tienen la ¨²ltima palabra.

Al final, lo m¨¢s probable es que la noticia incierta prevalezca sobre la verdadera, y que el rectificante, apaleado e intimidado, decida aceptar el pesimista consejo de renunciar en el futuro a ejercer el derecho de rectificaci¨®n.

es presidente del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas.