Las instituciones no saben ad¨®nde llevar a los marroqu¨ªes de Pe?a Grande
Las 200 chabolas del poblado marroqu¨ª de Pe?a Grande, en Fuencarral, deb¨ªan haberse empezado a desmontar en junio al realojar a las primeras 60 familias. Pero no ha sido as¨ª: una vez m¨¢s, las instituciones discrepan sobre ad¨®nde llevarles. El Ayuntamiento propone un traslado provisional a prefabricados y ofrece 14 pisos. La Comunidad rechaza los sankis, se niega a aportar vivienda social porque hay espa?oles que la esperan y mantiene su oferta de alquileres avalados. Una asociaci¨®n de inmigrantes pide que vayan a prefabricados.
El acuerdo fijaba el traslado a pisos de 60 familias en la segunda quincena de junio. La mayor parte de las viviendas deb¨ªan ser alquileres privados con un aval oficial, a un precio medio de 70.000 pesetas mensuales. Otra peque?a parte de los pisos proceder¨ªan de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivitna), de la Comunidad. Y ah¨ª es donde ha surgido el conflicto institucional.
Una cosa es clara, las casetas deben desaparecer porque estorban para construir un tramo del colector del Arroyo de Los Pinos, necesario para esta zona porque el actual no da abasto.
El concejal de Fuencarral, Miguel Mart¨ªn Vela, asegura que el Ayuntamiento ya ha aportado los 14 pisos de la EMV que prometi¨®. "Pero la Comunidad nos sorprendi¨® diciendo que ellos no pon¨ªan viviendas del Ivima porque eso iba a crear problemas con los espa?oles que necesitan un piso p¨²blico", explica.
El edil afirma que la corporaci¨®n municipal se ha comprometido a ceder cuatro suelos diferentes para los sankis. "Nosotros creemos que hay que hacer un primer traslado a prefabricados, para construir el colector, con voluntad de que ¨¦se s¨®lo sea un alojamiento temporal", a?ade.
Consolidar guetos
Elena V¨¢zquez, consejera de integraci¨®n Social de la Comunidad, descarta totalmente los prefabricados, "eso supone consolidar un gueto y ya sabemos que lo temporal acaba siendo definitivo".
"El Ayuntamiento dice que pone suelos, pero nunca especifica ni cu¨¢les ni d¨®nde, y asegura que aporta 14 pisos, pero ellos, como nosotros, no est¨¢n dispuestos a ceder as¨ª viviendas p¨²blicas por los agravios que se crean con los espa?oles que precisan una casa", a?ade V¨¢zquez. "La mejor soluci¨®n son los alquileres avalados", concluye.
Para hacer posibles estos alquileres era preciso elaborar una lista de chabolistas con posibilidades econ¨®micas para acceder a ellos. El Centro Social San Rafael elabor¨® una relaci¨®n de 40 personas. En Provivienda, la empresa que gestiona este programa de avales, esperaban que los interesados se pusiesen en contacto con ellos. Pero eso no sucedi¨®.
La cuesti¨®n se complic¨® a¨²n m¨¢s cuando la Asociaci¨®n de Trabajadores Inmigrantes Marroqu¨ªes en Espa?a (ATIME) apareci¨® con un listado de firmas de habitantes del poblado solicitando un traslado provisional a prefabricados.
"No pedimos sankis gratuitos, pero de ah¨ª a las 70.000 pesetas al mes de los pisos avalados hay un abisrno", explican en la citada asociaci¨®n de inmigrantes marroqu¨ªes. "Los sankis no van a crear un gueto, porque ¨¦ste ya existe; en ellos, al menos la gente contar¨¢ con ba?o y ducha", a?aden.
Al olor de las sardinas
El problema no se arregla en el poblado marroqu¨ª de Pe?agrande, pero ya se han creado expectativas. Y ante las promesas de realojamientos han llegado all¨ª algunos inmigrantes de municipios vecinos y de Toledo. Voluntarios sociales que trabajan en la zona aseguran que se han construido casi una decena de nuevas chabolas. A¨²n son muy poquitas, pero este fen¨®meno es habitual en todos los poblados chabolistas con perspectivas de traslado.Los incumplimientos en este asunto, que sin duda es muy complejo, est¨¢n haciendo mella en algunos integrantes de la comisi¨®n creada hace meses para buscar soluciones al asentamiento de Pe?agrande. Soluciones humanas, por las denigrantes condiciones de vida de sus habitantes, y t¨¦cnicas, porque en los terrenos hay que construir el colector del arroyo de Los Pinos.
Los vecinos de los chal¨¦s y viviendas colindantes, agrupados en la asociaci¨®n Manuel Garrido, est¨¢n que trinan. Se quejan de los olores y acumulaci¨®n de residuos y aguas fecales que produce este asentamiento de unas seiscientas personas, y creen que no existe voluntad pol¨ªtica de solucionar el problema. Hace un mes, Antonio Mart¨ªnez, portavoz de la delegaci¨®n diocesana de inmigrantes (ASTI), entidad veterana en este traba o, present¨® una carta en la que planteaba que de seguir los incumplimientos, la asociaci¨®n dejar¨ªa de colaborar con las instituciones en el problema de Pe?agrande.
Representantes de la Consejer¨ªa de Integraci¨®n Social y de la delegaci¨®n del Gobierno aseguran que aquello fue un malentendido y que ASTI contin¨²a colaborando. Mart¨ªnez no ha podido ser localizado por este peri¨®dico.
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