El Gobierno brit¨¢nico quiere reformar los juicios penales para hacerlos m¨¢s expeditivos

Algo est¨¢ fallando en la justicia penal brit¨¢nica. El r¨¢pido aumento de la criminalidad, unido a una racha de errores judiciales y sentencias escandalosas, ha convencido al Gobierno y al p¨²blico de que es necesario cambiar el sistema. Una comisi¨®n oficial ha elaborado una lista con 352 propuestas de reforma, entre las que se incluyen algunas tan radicales como la abolici¨®n del derecho a jurado o la limitaci¨®n del derecho a guardar silencio. En el Reino Unido del posthatcherismo, crimen y justicia son las dos principales preocupaciones ciudadanas.

En cuanto la situaci¨®n econ¨®mica ha mostrado los primeros signos de recuperaci¨®n, la vista del p¨²blico se ha vuelto hacia las calles peligrosas. Asesinatos y agresiones se multiplican en las p¨¢ginas de los peri¨®dicos y en las charlas de los bares. Florecen las patrullas ciudadanas y los justicieros privados, dispuestos a suplir las funciones de una polic¨ªa aparentemente desbordada.En realidad, el deterioro de la seguridad ciudadana no es dram¨¢tico. Hay zonas negras, pero, de acuerdo con las estad¨ªsticas, la criminalidad se mantiene en niveles comparables a los de otros pa¨ªses comunitarios. La desaz¨®n es alentada por una impresi¨®n colectiva m¨¢s o menos correcta: que la polic¨ªa y los jueces dejan libres a demasiados delincuentes y condenan, en cambio, a demasiados inocentes.

Seg¨²n una encuesta publicada por el peri¨®dico especializado Solicitors Journal, s¨®lo un 21% de los brit¨¢nicos cree a¨²n que la justicia del Reino Unido es la mejor del mundo. M¨¢s de la mitad de los encuestados creen que se est¨¢ deteriorando gravemente. Las condenas err¨®neas son, en su mayor¨ªa, heredadas de los a?os setenta, cuando la primera gran ola de terrorismo fue respondida con una ola de encarcelamientos. Casos como los de Judith Ward y los seis de Birmingham, revisados en los ¨²ltimos a?os, se han convertido en s¨ªmbolos de la excesiva falibilidad de los tribunales brit¨¢nicos.

Esta semana, una sentencia formidablemente pol¨¦mica ha demostrado que el sistema tambi¨¦n puede equivocarse al rev¨¦s, favoreciendo al criminal. Se trata del caso de Joseph Elliot, un joven de 19 a?os con antecedentes penales, y Bob Osborne, un padre de, familia de 40 a?os.

Una noche de diciembre del a?o pasado, Elliot se dedic¨® a reventar los neum¨¢ticos de los coches aparcados en su barrio, un ¨¢rea deprimida del sur de Londres. El joven, que ya se hab¨ªa permitido ese entretenimiento en otras ocasiones, hab¨ªa consumido LSD, marihuana y tres litros de cerveza. Bob Osborne safl¨® de su casa con un martillo, dispuesto a ahuyentarle. Se encontraron y la navaja de Elliot acab¨® en el pecho de Osborne. Seg¨²n la esposa de la v¨ªctima, el moribundo recibi¨® unas cuantas patadas de propina. El martes, un jurado de ciudadanos honestos decidi¨® que Elliot actu¨® en defensa propia. El joven proclam¨® que no ten¨ªa nada de qu¨¦ arrepentirse mientras abandonaba el tribunal, libre como un p¨¢jaro.

Los expertos que han repasado los procedimientos del juicio se?alan que ni el jurado ni el juez se equivocaron, desde un punto de vista t¨¦cnico. Fue el planteamiento de la acusaci¨®n el que desemboc¨® en la absoluci¨®n de Elliot. La organizaci¨®n de las acusaciones penales recae en el Prosecution Service, un cuerpo legal falto de recursos humanos y econ¨®micos. Muchos abogados creen que la funci¨®n de proveer datos al juez deber¨ªa volver a la propia polic¨ªa.

M¨¢s delitos, menos juicios

Pero la polic¨ªa tiene sus propios problemas. El Ministerio del Interior abri¨® hace dos semanas una investigaci¨®n sobre un hecho inquietante: aumentan los delitos, pero disminuyen los procesamientos. En los tres primeros meses de 1992 hubo 162.029 juicios; en el primer trimestre de este a?o, la cifra se redujo a 137.963. Seg¨²n la propia polic¨ªa, la explicaci¨®n debe buscarse en el exceso de burocracia.Llevar ante el juez a un presunto delincuente implica mucho papeleo, por lo que la polic¨ªa prefiere amonestar en los casos que considera menores o dif¨ªciles de probar. Las amonestaciones han aumentado casi un 50% en s¨®lo un a?o en ciudades como Manchester. Se trata de un fen¨®meno "muy preocupante para el p¨²blico", seg¨²n el ministro del Interior, Michael Howard.