Regularizar bien

LA AUDIENCIA Provincial de L¨¦rida ha condenado a seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y a una multa de 170 millones de pesetas por delito fiscal a un empresario que se hab¨ªa acogido a la regularizaci¨®n del dinero negro promovida por el Gobierno en el segundo semestre de 1991. La sentencia revocaba una anterior de la juez titular en la que el empresario hab¨ªa sido condenado por delito administrativo, pero absuelto del delito fiscal. La decisi¨®n de la Audiencia leridana es coherente con el auto dictado d¨ªas antes por la Audiencia Nacional en el que, a su vez, se enmendaba la plana al juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras. ?ste hab¨ªa exonerado de la acusaci¨®n de delito fiscal a los presuntos implicados en el primer fraude de las facturas falsas de IVA que se hab¨ªan acogido a la regularizaci¨®n.En resumen, la tesis de la Audiencia Nacional es que la regularizaci¨®n no afecta a aquellos contribuyentes que adquirieron deuda especial cuando ya estaban siendo investigados por Hacienda. En todo caso, dice, es una atenuante, pero no una eximente del delito fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, ha adelantado ya que el Gobierno har¨¢ todo lo posible para no perjudicar a los contribuyentes que se encuentren en esa situaci¨®n -m¨¢s de 70.000-, pero ha admitido que eso no es posible en los casos en que la denuncia de la inspecci¨®n ha llegado a los juzgados. Es el caso del empresario leridano.

Sin embargo, Hacienda no puede refugiarse en la independencia del poder judicial a la hora de abordar este problema. Miles de contribuyentes adquirieron deuda especial porque Hacienda explic¨® p¨²blicamente en aquellos momentos que la regularizaci¨®n fiscal tambi¨¦n alcanzaba a quienes ya estaban siendo inspeccionados. Las autoridades fiscales no pueden ahora desentenderse de quien confi¨® en su publicidad y propaganda y decidi¨® financiar el d¨¦ficit p¨²blico a cambio de alcanzar la paz fiscal.

La lucha contra el fraude fiscal ha sido una de las prioridades del Gobierno socialista desde que alcanz¨® el poder en 1982. Sin embargo, sea porque las leyes no est¨¦n t¨¦cnicamente bien hechas, sea por falta de sinton¨ªa entre el poder ejecutivo y el judicial en estos temas, o por otras causas, no parece que la fortuna acompa?e al Gobierno en esta batalla cuando se dirime en los juzgados. Basta con recordar que la artista Lola Flores fue absuelta en su d¨ªa de delito fiscal, pero no porque se demostrara que no ocult¨® ingresos a Hacienda, sino por el famoso vac¨ªo legal que oblig¨® a reformar la ley. A quien se regulariza le condenamos y a quien no paga le absolvemos.

Y sin embargo, la importancia de la lucha contra el fraude fiscal queda claramente de manifiesto cuando los contribuyentes que s¨ª cumplen con Hacienda se enteran de que las rentas medias declaradas por los empresarios y profesionales son muy inferiores a las de los asalariados; cuando temas como el c¨¦lebre contencioso de las primas ¨²nicas parece solventado con un muro de silencio; cuando los fraudes en las facturas del IVA ya no son pr¨¢cticamente noticia porque su abundancia los ha convertido en cotidianos, o cuando los intercambios de informaci¨®n con la CE ponen al descubierto que, desde que hace apenas seis meses cayeron las fronteras fiscales intracomunitarias, en Espa?a se han declarado la mitad de las operaciones con IVA que el resto de europeos afirman haber cerrado con esos mismos espa?oles.

Algo falla en el ordenamiento jur¨ªdico, en la pr¨¢ctica del Gobierno o en nuestra cultura general cuando la ingenier¨ªa del fraude fiscal sigue progresando a mayor velocidad que la conciencia impositiva. En todo caso, habr¨ªa que establecer los mecanismos legales adecuados para que quienes, finalmente, deciden ponerse a bien con Hacienda salden al tiempo sus posibles cuentas penales con la justicia. La eficacia y la credibilidad de la lucha contra el fraude fiscal descansan, en gran medida, en la coherencia con que se apliquen las sanciones penales y administrativas. La distorsi¨®n entre unas y otras s¨®lo sirve, a la postre, para dar alas a los defraudadores.