El responsable oficial de la objeci¨®n propone que no se encarcele a los insumisos
Dionisio Llamazares, director general de Objeci¨®n de Conciencia del Ministerio de Justicia, es partidario de modificar el C¨®digo Penal para que los insumisos, que se niegan a cumplir el servicio militar y la prestaci¨®n sustitutoria, no ingresen en prisi¨®n. Llamazares admite que la pena vigente, hasta dos a?os y cuatro meses de c¨¢rcel, es "incoherente" y que muchos jueces no la aplican ante la "percepci¨®n social de que no es proporcionada al delito".
El director general de Objeci¨®n de Conciencia cree que la insumisi¨®n debe ser castigada, pero que "el acento debe ponerse en la inhabilitaci¨®n [para el acceso a empleos p¨²blicos] y no en la privaci¨®n de libertad". En su opini¨®n, los insumisos que carecen de antecedentes penales no deber¨ªan ser condenados a penas de c¨¢rcel y, a los que los tengan, habr¨ªa que darles la oportunidad de sustituir el ingreso en prisi¨®n por el cumplimiento de un trabajo social. Llamazares admite que las numerosas sentencias que absuelven a un insumisos o les imponen condenas simb¨®licas crean alarma social al transmitir la impresi¨®n de que existe una ley que no se cumple.Adem¨¢s, el alto cargo de Justicia propone que s¨®lo se castige a los insumisos que muestren "una actitud insolidaria" hacia el resto de la sociedad y no a aquellos que realizan prestaciones sociales, aunque sea al margen de los mecanismos legales establecidos. Algunas de las absoluciones m¨¢s notorias, como el caso de I?aki Arredonda, se refer¨ªan a j¨®venes que hab¨ªan realizado trabajos sociales con car¨¢cter altruista, por lo que no se les pod¨ªa tildar de insolidarios.
La soluci¨®n sugerida por Llamazares consiste en que el cumplimiento del servicio militar o de la prestaci¨®n sustitutoria pueda sustituirse por el trabajo voluntario en entidades de inter¨¦s social reconocidas oficialmente. Esta posibilidad se enmarcar¨ªa en la nueva ley del Servicio Civil, que el Gobierno se propone aprobar, a lo largo de la actual legislatura.
Seg¨²n Llamazares, con esta f¨®rmula se potenciar¨ªa el voluntariado y la creaci¨®n de un sistema efectivo de protecci¨®n civil, aunque habr¨ªa que garantizar la fiabilidad de las entidades, determinar el tipo de actividad y el tiempo de prestaci¨®n. Ser¨ªa preciso, adem¨¢s, abordar una reforma de la vigente ley de Objeci¨®n de Conciencia.
40.000 objetores en 1993
Estos planteamientos: suponen, en realidad, un profundo cambio de filosof¨ªa sobre la objeci¨®n de conciencia al servicio, ya que el servicio civil dejar¨ªa de ser una prestaci¨®n sustitutoria de la mili para convertirse en una alternativa a la misma. Ello, admite Llamazares, acercar¨ªa a Espa?a al modelo franc¨¦s, pa¨ªs donde existe un servicio nacional ¨²nico, con dos variantes: civil y militar.
Llamazares particip¨® ayer en un debate sobre objeci¨®n de conciencia, dentro del curso que la Universidad Complutense celebra en El Escorial (Madrid) bajo el t¨ªtulo: "Servicio militar y profesionalizaci¨®n de las Fuerzas Armadas". El director general matiz¨® que sus propuestas lo eran "a t¨ªtulo personal" y no constituyen todav¨ªa la posici¨®n oficial del Ministerio de Justicia, aunque algunas est¨¢n sugeridas en el programa electoral del PSOE y han sido consultadas con el Ministerio de Defensa.
El n¨²mero de objetores de conciencia sigue creciendo en Espa?a y "no se sabe todav¨ªa cu¨¢ndo ni a qu¨¦ nivel tocar¨¢ techo", admite Llamazares. En 1992 fueron reconocidos 35.000 j¨®venes como objetores y en 1993 se espera llegar a los 40.000, una cifra equivalente al 20% del contingente anual del servicio militar, despu¨¦s de que se hayan presentado 26.000 solicitudes durante el primer semestre de este a?o.
El constante crecimiento en el n¨²mero de objetores plantea el problema de crear plazas suficientes para que pueden cumplir la prestaci¨®n sustitutoria. La Administraci¨®n central no tiene capacidad para incrementar el n¨²mero de puestos para objetores al ritmo en que lo ha hecho en los ¨²ltimos a?os, reconoce su m¨¢ximo responsable, quien aboga porque las comunidades aut¨®nomas "se hagan corresponsables de la gesti¨®n" de este tema. Como ejemplo, cita a Catalu?a, que tiene un convenio con Justicia por el que se compromete a que ning¨²n objetor catal¨¢n tenga que salir de su comunidad para cumplir la prestaci¨®n.
Si se reforma la ley de Objeci¨®n, habr¨ªa que modificar aspectos que se han demostrado in¨²tiles o contraproducentes, en opini¨®n del director general. Por ejemplo, la atribuci¨®n al Consejo Nacional de Objeci¨®n de Conciencia de competencia para investigar si los j¨®venes son realmente objetores. "Esta competencia no se utiliza nunca y s¨®lo sirve para ofrecer un flanco a la cr¨ªtica", afirma.
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