?Cuanto peor, mejor?

NO ESTAMOS ya en campa?a electoral. Las grandes jeremiadas sobre la gravedad de la recesi¨®n y las culpas contra¨ªdas por los anteriores Gobiernos socialistas en ella resultan in¨²tiles si no van acompa?adas de alternativas claras, punto a punto, medida a medida. Es demasiado lo que se est¨¢n jugando los espa?oles como para que el comportamiento de algunos parlamentarios siga enraizado en la t¨¢ctica del cuanto peor, mejor. La ciudadan¨ªa sabe que la crisis es profunda. Est¨¢ dispuesta a sacrificios. Y lo que desea es que el Gobierno discuta, adopte medidas y las explique: desde luego, es capaz de entenderlas y asumirlas cuando demuestran sensatez, como parece ser el caso, por lo o¨ªdo ayer al titular de Econom¨ªa, de lo decidido en el ¨²ltimo Consejo de Ministros y lo recientemente propuesto para el pacto social. Y desea tambi¨¦n que la oposici¨®n aporte ideas, y formule sus cr¨ªticas, por m¨¢s duras que sean -en hemiciclos como el brit¨¢nico a¨²n lo son m¨¢s, pero envuelven contenidos consistentes-, ofreciendo siempre alternativas y soluciones concretas.?se es el papel del Parlamento, como depositario de la soberan¨ªa, lo que con raz¨®n record¨® ayer el portavoz del nacionalismo catal¨¢n, Miquel Roca. Por desgracia, el debate econ¨®mico apenas cumpli¨® esa funci¨®n. Primaron el tard¨ªo arrastre de la din¨¢mica poselectoral y el ambiente estival sobre los contenidos.

No hay duda alguna de que la oposici¨®n tiene razones para el escepticismo. Sobran en el comportamiento de los sucesivos Gobiernos socialistas motivos para inducir a la incredulidad. La cuesti¨®n de la credibilidad se ha convertido en un cuello de botella para la vida pol¨ªtica. Como bot¨®n de muestra basta recordar que los cad¨¢veres presupuestarios guardados en el armario son realmente escandalosos: ah¨ª est¨¢n los cr¨¦ditos extraordinarios otorgados al Inem por el sobrecoste del seguro de desempleo (450.000 millones de pesetas) en 1991 y 1992.

El car¨¢cter lacerante de ese maquillaje presupues tario vali¨® alguna referencia del portavoz del Partido Popular, y justific¨® algunas de sus alusiones a los en ganos gubernamentales. Pero, ?es eso solamente lo que puede exigirse al principal partido de la oposici¨®n? ?No habr¨ªa convenido que demandase, entre otras cosas, mayor detalle al Gobierno sobre las normas legales anunciadas para evitar desv¨ªos presupuestarios? La pol¨ªtica de front¨®n dial¨¦ctico (empleada sobre todo por el PP e IU) y de deslegitimaci¨®n global del Gobierno, aunque pueda halagar los o¨ªdos descontentos, resulta ineficaz.

Por esta raz¨®n, quiz¨¢ sea preferible retener las aportaciones concretas al debate realizadas por algunos grupos. As¨ª, no cabe echar en saco roto las concreciones del propio Rodrigo Rato sobre incentivos a la reinversi¨®n y su reclamaci¨®n de suavizar determinados impuestos que afectan a sectores productivos. O el alegato de Miquel Roca sobre la fiscalidad de las pymes. En una aproximaci¨®n superficial, estas sugerencias pueden parecer opuestas al tratamiento necesario para afrontar el agobiante nivel que alcanzar¨¢ este a?o el d¨¦ficit p¨²blico. Pero no es necesariamente as¨ª. La pol¨ªtica econ¨®mica es una combinaci¨®n de medidas a veces contradictorias entre s¨ª. Lo que es exigible del Gobierno es una adecuada combinaci¨®n entre el rigor necesario para combatir el d¨¦ficit -rigor indispensable a plazo inmediato- y la introducci¨®n de nuevas l¨®gicas que permitan el despegue y la expansi¨®n a t¨¦rmino medio.

En este sentido, el avance sobre la pol¨ªtica de inversiones del Estado puede resultar ilustrativo: el Gobierno ha anunciado que la inversi¨®n estatal crecer¨¢ en 1994 s¨®lo el 2,5% (aunque el cap¨ªtulo de infraestructuras, el m¨¢s susceptible de generar actividad y empleo, lo har¨¢ al 11,4%). Habr¨¢ que ver si con ello se mantendr¨¢ su compromiso de mantener una inversi¨®n del 5% del PIB, que Pedro Solbes ha fiado a la media de la legislatura. En todo caso, hay que desproveer tambi¨¦n a esa cifra de un car¨¢cter m¨¢gico, dado que seguramente tan importante como su cuant¨ªa es su desglose sectorial.

Siempre en referencia a la pol¨ªtica presupuestaria, el debate a?adi¨® poco a la escuetamente anunciada unidad especial para luchar contra el fraude y al paquete legislativo que debe darle amparo. Constituye una rectificaci¨®n sobre la tolerancia de facto enmascarada a veces por excesos verbales practicada en los ¨²ltimos a?os por las administraciones, socialistas. L¨¢stima que Solbes no ofreciera m¨¢s concreciones y que sus opositores apenas se las exigieran, comportamiento que se repiti¨® en la fundamental cuesti¨®n de las reformas econ¨®micas estructurales.

En cuanto al pacto social, casi otro tanto de lo mismo. El nuevo Ejecutivo realiz¨® un planteamiente, valiente de la pol¨ªtica de rentas, exigiendo a todos sacrificios y comprometi¨¦ndose tambi¨¦n ¨¦l mismo a afrontarlos en sus ¨¢mbitos competenciales. A este planteamiento le sucedieron muecas de desprecio a cargo de c¨ªrculos de escasa perspicacia intelectual y bastante miseria anal¨ªtica, obsesionados por los pasados errores socialistas y nada creativos a la hora de formular alternativas consistentes. Si el pacto social es necesario, que lo es, conviene que los partidos debatan cada uno de sus elementos, sin ignorarlos en bloque aludiendo a su imposibilidad. Tampoco eso sucedi¨® ayer.

De modo que, a lo mejor, la m¨¢s interesante contribuci¨®n que la sesi¨®n del Congreso puede haber realizado a la inmediata pol¨ªtica econ¨®mica haya sido la de escenificar el final de una etapa. Se ha completado ya la fase de los desahogos, la atribuci¨®n de culpas y las lamentaciones. A partir de ahora, se?ores diputados, se?ores ministros, pongan manos a la obra.