La financiaci¨®n aut¨®nomica

EL CONSEJO de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera aprob¨® ayer, finalmente, la cesi¨®n a las comunidades aut¨®nomas del 15% del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF). El acuerdo no ha sido un¨¢nime, pero tiene un respaldo mayoritario: votaron a favor 11 de las 15 comunidades aut¨®nomas afectadas -el Pa¨ªs Vasco y Navarra, sujetas al sistema de concierto, ya ingresan la totalidad del impuesto directamente en sus arcas-, una se abstuvo (Castilla y Le¨®n) y tres votaron en contra (Extremadura, Galicia y Baleares). Es un prudente bagaje para el Gobierno, ya que s¨®lo una comunidad aut¨®noma gobernada por el partido socialista ha llevado finalmente a la pr¨¢ctica sus reiterados anuncios de oponerse a la cesi¨®n. Las otras tres comunidades que no han dado su s¨ª est¨¢n todas ellas gobernadas por el Partido Popular. El respaldo no es escaso tampoco si se tiene en cuenta que en los dos ¨²ltimos acuerdos de financiaci¨®n siempre ha habido alg¨²n voto en contra y jam¨¢s se ha logrado la unanimidad.En cualquier caso, el apoyo dado por comunidades aut¨®nomas tan significadas como Andaluc¨ªa -reticente a un acuerdo demasiado amplio- y Catalu?a -opuesta a un acuerdo bajo m¨ªnimos- viene a confirmar que al final las partes han cedido una porci¨®n de sus pretensiones para cerrar un debate que se hab¨ªa eternizado y que amenazaba con enturbiar unas negociaciones -los acuerdos que estos mismos d¨ªas discute el Gobierno con los nacionalistas vascos y catalanes en tomo a los Presupuestos Generales del Estado- pol¨ªticamente vinculadas a lo que se acaba de decidir.

La cesi¨®n de un tramo del IRPF a las comunidades es un primer paso para introducir un gran impuesto en el sistema de financiaci¨®n, con todas las consecuencias que ello implica. El objetivo principal, bien conocido, es el de responsabilizar a las autonom¨ªas de la recaudaci¨®n de los ingresos del Estado por la v¨ªa impositiva, de forma que eso induzca a los Gobiernos aut¨®nomos a ser m¨¢s responsables en el gasto. Otro de los efectos, secundario, del acuerdo es disminuir la dependencia de los llamados ingresos finalistas -cuyo gasto est¨¢ ya predeterminado por el Estado-, aumentando as¨ª la autonom¨ªa pol¨ªtica en las decisiones de gasto. El acuerdo es lo bastante laxo como para premiar el esfuerzo fiscal de las comunidades que en mayor cuant¨ªa aumenten sus recaudaciones de renta sin que ello suponga un perjuicio para aquellas con menores mejoras en su esfuerzo fiscal. En este equilibrio radica una de sus principales virtudes. La otra es, probablemente, la propia firma.

Se acaba as¨ª con meses de discusiones est¨¦riles, las m¨¢s de las veces muy alejadas de lo que realmente se estaba negociando. Esas discusiones han sido aprovechadas por algunos sectores para magnificar las diferencias internas en el PSOE y las que separan a este partido de Converg¨¦ncia i Uni¨®. Seguramente no ha habido otro asunto m¨¢s propicio a la demagogia de los sectores ultraconservadores, t¨¦cnicamente desconocedores de lo que se discut¨ªa y, sin embargo, dispuestos a caricaturizarlo para desestabilizar la legislatura y, peor a¨²n, emponzo?ar las relaciones interregionales y proclamar el desgarro de la patria. Pero tambi¨¦n ha habido cr¨ªticas sensatas, basadas en las ambig¨¹edades de la propuesta, en los pasos contradictorios dados por los t¨¦cnicos y los pol¨ªticos de la Administraci¨®n central, y en las desaforadas pretensiones de algunos autonomistas, que desdibujaron en m¨¢s de una ocasi¨®n lo que hab¨ªa de corresponsabilidad fiscal. Este segundo tipo de cr¨ªticas debe dar lugar a algunas reflexiones. Para el Gobierno, sobre la necesidad de no eternizar la soluci¨®n de los problemas auton¨®micos. Para los nacionalistas catalanes, sobre los Iodos que se recogen cuando se aderezan los argumentos propios con polvos demag¨®gicos o simplemente provocativos o inadecuados.

En cualquier caso, el visto bueno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera despeja el camino para que, sin las prisas inherentes a la coyuntura, todos abran una reflexi¨®n profunda sobre la estructura del sistema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, con objeto de profundizar los dos objetivos del acuerdo: aumentar. la autonom¨ªa financiera y, al mismo tiempo, eliminar cualquier tipo de despilfarro, incluido el perif¨¦rico.