Droga y presupuesto

EN LA memoria del Plan Nacional sobre Drogas de 1992, recientemente dada a conocer, se revela lo que en ese a?o cost¨® a los espa?oles la lucha contra la drogodependencia: 22.274 millones de pesetas. Una cifra nada despreciable en ¨¦poca de ajuste presupuestario, aunque escasa, a la vez, para paliar los estragos que ocasiona. Pero la drogadicci¨®n no s¨®lo acarrea una carga extra sobre el contribuyente; tambi¨¦n causa un da?o importante al sistema productivo.En la conferencia sobre los problemas de la droga en la comunidad laboral celebrada en Sevilla se han dado datos realmente preocupantes referidos a Estados Unidos: unos trece billones de pesetas de p¨¦rdidas cada a?o en productividad y en seguros de enfermedad derivados del uso de estupefacientes. Al mismo tiempo, los contribuyentes norteamericanos aportan cada a?o casi 1,5 billones de pesetas de sus impuestos para sufragar los gastos de aplicaci¨®n de las leyes relacionadas con las drogas. En Espa?a, la Administraci¨®n no dispone de datos sobre las p¨¦rdidas que sufren las empresas espa?olas por la incidencia de la drogadicci¨®n laboral, pero tal carencia estad¨ªstica no supone que no existan.

Hay datos, desperdigados pero fehacientes, de los efectos de la drogodependencia en el lugar de trabajo: una ¨¦tica laboral disminuida, menor productividad, incremento del absentismo, riesgos para terceros en sectores como los transportes p¨²blicos, etc¨¦tera. Efectos que adem¨¢s gravan el presupuesto por otras v¨ªas del gasto, como la sanidad p¨²blica, la Seguridad Social y el plan contra el sida.

No puede desconocerse, en este ¨²ltimo caso, la fuerte incidencia que la drogadicci¨®n sigue teniendo en Espa?a en la transmisi¨®n de esta enfermedad: el 64% de los casos de sida est¨¢ relacionado con el consumo de drogas. Y es que el actual modelo de prohibici¨®n a ultranza del comercio de las drogas, patrocinado especialmente por Estados Unidos, produce inexorablemente por doquier los mismos efectos: los buenos y los menos buenos.

De todas las contradicciones de la pol¨ªtica represiva contra la droga, la econ¨®mica no es la menor: hace m¨¢s gravosa la contribuci¨®n del erario p¨²blico en su erradicaci¨®n, al tiempo que aumenta las ganancias de los narcotraficantes de forma correlativa al riesgo y la prohibici¨®n.

El propio Baltasar Garz¨®n, responsable del Plan Nacional sobre Drogas, ha reconocido que en Espa?a, el pa¨ªs europeo donde m¨¢s droga se decomisa, s¨®lo se logra intervenir entre un 10% y un 20% de lo que se presume que entra en el mercado. Sin embargo, nadie, ni los Gobiernos ni las organizaciones internacionales dedicadas a la represi¨®n de la droga, parece dispuesto a resolver en su ra¨ªz esta contradicci¨®n

Las pol¨ªticas vigentes buscan paliar sus efectos: en el ¨¢mbito de la salud, en el trabajo, incluso en el sistema financiero, mediante una acci¨®n cada vez m¨¢s decidida contra el blanqueo del dinero proveniente de la droga. Pero, a pesar de los esfuerzos, los resultados quedan lejos de la soluci¨®n del problema: los narcotraficantes ganan cada vez m¨¢s con su criminal comercio clandestino, y los presupuestos p¨²blicos se ven abocados a sacrificar cada vez m¨¢s recursos en el altar de la droga.

No es extra?o que los ciudadanos se muestren desconcertados y se inclinen mayoritariamente por una represi¨®n todav¨ªa mayor contra la droga. Pero el problema es que el arsenal represivo rebosa, encuentra graves obst¨¢culos para su aplicaci¨®n y, sobre todo, genera unos efectos secundarios tan graves o m¨¢s que el, mal que pretende combatir: ser caldo de cultivo para la corrupci¨®n policial y judicial, y propiciar, en cuanto dispara su poder econ¨®mico, la influencia del narcotr¨¢fico sobre instituciones y personas.

Si se trata no s¨®lo de paliar los efectos del consumo, sino de atacar la causa del problema-esto es, el tr¨¢fico- y el m¨®vil del mismo -es decir, la ganancia ?l¨ªcita-, hay que convenir que el modelo vigente de lucha contra la droga queda lejos de ser eficaz y, en cambio, es tremendamente costoso para la sociedad.