M¨¦todos y objetivos

LA B?SQUEDA y la liberaci¨®n de una persona secuestrada por los terroristas de ETA siempre ha planteado al Estado disyuntivas legales y morales de dif¨ªcil resoluci¨®n. Justamente lo contrario de lo que sucede a quienes planifican y realizan los secuestros: su falta de escr¨²pulos y ausencia de moral se manifiestan n¨ªtidamente en este tipo de acciones y en la l¨®gica inhumana s obre la que han articulado, a lo largo de los a?os, el entramado de toda una aut¨¦ntica industria de la extorsi¨®n. Pero al Estado de derecho, porque lo es, esas situaciones lo colocan en el l¨ªmite de sus capacidades y lo emplazan a perseguir toda una serie de objetivos que, si no contradictorios, pueden resultar dif¨ªcilmente compatibles en la pr¨¢ctica.Una de esas situaciones es la que ahora se vive en relaci¨®n con el secuestro por ETA del industrial Julio Iglesias Zamora, cuyos 100 d¨ªas de cautiverio acaban de cumplirse con claro desprecio por parte de sus captores del sentir mayoritario del pueblo vasco en favor de su liberaci¨®n. El fuerte dispositivo policial desplegado en la b¨²squeda de los secuestradores ha suscitado una l¨®gica inquietud por la vida del reh¨¦n. El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, ha dado car¨¢cter p¨²blico a esta inquietud y se ha manifestado a favor de que la presi¨®n Policial se suavice. Desde los ¨¢mbitos judiciales y policiales responsables de la lucha antiterrorista se ha tildado a esta postura de "irresponsabilidad pol¨ªtica" y se ha replicado que el levantamiento del cerco policial podr¨ªa coadyuvar a un desenlace fatal.

La disparidad parece ser, pues, m¨¢s una cuesti¨®n de m¨¦todos que de objetivos. En cuanto a los primeros, la autoridad de las fuerzas de seguridad es indiscutible. Pero tambi¨¦n lo es el objetivo se?a lado por Xabier Arzalluz al afirmar que es un de ber de la polic¨ªa lograr que el secuestrado salga sano y salvo. En el contexto del secuestro, de la coacci¨®n o la extorsi¨®n, los intereses de la v¨ªctima (y de sus familiares y allegados) pueden no coincidir moment¨¢nemente con los del Estado, pero de ning¨²n modo deben ser contradictorios. Sea cual sea el c¨²mulo de dilemas, objetivos o prioridades que un secuestro plantea al Estado, ninguna duda existe de que la v¨ªctima tiene derecho a toda la pro tecci¨®n de la ley y a no ser sacrificado en aras de supuestos o reales intereses superiores. Huelga, pues, un debate -y tendr¨ªa que rechazarse con fuerza si se planteara en tales t¨¦rminos- que colocara la vida del secuestrado en una balanza en la que el, otro de sus platillos fuera ocupado por otros objetivos, aunque sean tan fundamentales como la captura de los secuestradores y la obstrucci¨®n del criminal comercio con el que engrasan su m¨¢quina de matar. En un Estado asentado en la raz¨®n y el derecho, la liberaci¨®n con vida del secuestrado en modo alguno puede contraponerse a la detenci¨®n de sus captores y a su puesta a disposici¨®n de la justicia, e incluso al indudable derecho que asiste a los poderes p¨²blicos de impedir el pago del rescate. Todos ellos son objetivos a cumplir por las fuerzas de seguridad, a pesar del alto grado de preparaci¨®n y la enorme dedicaci¨®n que se necesita para poder compaginarlos en la arriesgada y siempre impredecible batalla contra el terrorismo.