El Supremo apaga las esperanzas de paralizar la c¨¢rcel de Soto
Las obras de la prisi¨®n de Soto del Real no se van a detener porque el Supremo ha decid?do que pueden seguir. El tribunal ha desestimado la petici¨®n presentada formalmente por el Ayuntamiento de Navalafuente -328 habitantes, alcalde del PP y situado junto a Soto que pretend¨ªa la paralizaci¨®n de los trabajos en tanto se resuelve definitivamente su recurso contra la ubicaci¨®n del penal. El Supremo ha dictado un auto -los autos resuelven cuestiones previas a la sentencia- donde da la vuelta al calcet¨ªn del argumento que se le expon¨ªa.El Ayuntamiento, que pol¨ªticamente alega motivos ecol¨®gicos, entend¨ªa que es necesario paralizar las obras por "las especiales circunstancias del caso y el c¨²mulo de infracciones jur¨ªdicas" cometidas en la ejecuci¨®n del penal y que, a su entender, ser¨¢n apreciadas as¨ª en la sentencia que se dicte al respecto en su d¨ªa. Mientras esa decisi¨®n se produce, continuar las obras perjudicar¨ªa al "Estado democr¨¢tico de derecho". Pero el tribunal considera el argumento desde otro punto de vista: si, por el contrario, la sentencia definitiva fuera favorable al Ministerio de Justicia organismo que construye la c¨¢rcel y se paralizase ahora la obra, ello causar¨ªa un da?o a la Administraci¨®n penitenciaria. Y a?ade que para discernir la legalidad o no de la construcci¨®n es para lo que se present¨® el recurso, que se ver¨¢ en su momento. "Todo acto administrativo goza de la presunci¨®n de legalidad", "no puede, por tanto, la alegaci¨®n de la ?legalidad de un acto servir de apoyo a la petici¨®n de suspensi¨®n de un acto administrativo". Adem¨¢s, la resoluci¨®n se permite comentar que Espa?a necesita que se creen m¨¢s prisiones que ayuden a mitigar la masificaci¨®n de reclusos que soportan las ya existentes. De esta manera se podr¨¢ cumplir el objetivo del sistema penitenciario: la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de los internos. La resoluci¨®n del tribunal, fechada el pasado 28 de octubre, es la respuesta a un recurso presentado por el Ayuntamiento de Navalafuente contra el acuerdo del Consejo de Ministros que declar¨® el penal como una obra de "inter¨¦s social". El Gobierno tuvo que actuar as¨ª para saltarse la negativa del municipio de Soto a conceder la licencia de obras.
Los vecinos y los responsables municipales de Soto del Real (2.719 habitantes) se mostraban ayer decepcionados con el fallo judicial. El alcalde, Jos¨¦ Luis Sanz Vicente (PP), dijo: "La batalla no est¨¢ a¨²n perdida", pero admiti¨®: "Esto de la c¨¢rcel se pone cada vez m¨¢s cuesta arriba".
PASA A LA P?GINA 3
El Partido Popular anima a sus alcaldes a seguir recurriendo contra el penal de Soto
VIENE DE LA P?GINA 1La prisi¨®n de Soto, llamada Madrid IV, comenz¨® a construirse en noviembre de 1992, y las obras deben estar concluidas a finales de 1994. Pese al acuerdo del Consejo de Ministros, el Ayuntamiento de Soto ha seguido poniendo trabas a la construcci¨®n de penal. De hecho, hace algunas semanas neg¨® a Telef¨®nica y a una central el¨¦ctrica los permisos para instalar sus servicios.
El ambiente era pesimista ayer entre los vecinos. Vicente Sanz Gonz¨¢lez, jubilado de 64 a?os, que teme que su municipio se convierta "en un pueblo de mangantes", aseguraba que en la c¨¢rcel -las obras- est¨¢n muy avanzadas- "ya hay hasta presos". Un hostelero que prefiere permanecer en el anonimato criticaba que "se est¨¢ construyendo sin- haber recalificado los terrenos, sin licencia municipal y a sabiendas de que otras localidades han suplicado la construcci¨®n de la c¨¢rcel en sus municipios". El Colectivo Antic¨¢rcel va a¨²n m¨¢s lejos y asegura que "se ha puesto en entredicho la independencia judicial y de manifiesto la manipulaci¨®n del Gobierno".
El Partido Popular, que impuls¨® en el Parlamento regional varias iniciativas contra la instalaci¨®n de la c¨¢rcel en Soto consider¨® "muy negativa" la decisi¨®n del Supremo y anim¨® a los alcaldes de la comarca del Manzanares a seguir presentando recursos.
"Que no desesperen y apunten m¨¢s alto. Que recurran al Tribunal Constitucional", aconsej¨® el diputado popular Jes¨²s Pedroche. "La c¨¢rcel es un empecinamiento pol¨ªtico y un atropello medioambiental", remach¨®.
Izquierda Unida, que se opuso en un primer momento a la c¨¢rcel por sus grandes dimensiones -el proyecto original conten¨ªa celdas para 2.000 reclusos- consider¨® "l¨®gico" el acuerdo del tribunal
"Nosotros denunciamos p¨²blicamente la demagogia barata de algunos alcaldes de derechas que gobiernan en aquella zona, que se opon¨ªan a la c¨¢rcel por motivos medioambientales, pero que habr¨ªan aceptado cualquier otro equipamiento como un hospital o una urbanizaci¨®n de lujo, m¨¢s da?inos por su impacto paisaj¨ªstico", indic¨® el diputado de IU Adolfo Gilaberte. "Siempre defendimos que este tipo de centros no tienen que ubicarse en el sur, sino que hay que repartirlos por toda la regi¨®n".
La prisi¨®n que ya se alza en Soto contar¨¢ con unas 900 celdas y podr¨¢ acoger a un millar de internos. En otras c¨¢rceles, el n¨²mero previsto inicialmente ha acabado aument¨¢ndose. As¨ª ha ocurrido en las nuevas prisiones de Valdemoro y Navalcarnero, donde se han instalado literas en celdas supuestamente individuales.
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