"Se?oras, se?ores, hagan juego"

No existe nada parecido a una pol¨ªtica dirigida prioritariamente a crear puestos de trabajo. El aumento del empleo es una consecuencia del crecimiento de la econom¨ªa, estimulada por la inversi¨®n. El deseo de invertir es fruto del optimismo sobre el futuro, entre otros motivos porque hay nuevas tecnolog¨ªas, mercados de expansi¨®n o mayores posibilidades de exportar.Algo tan inasible que Keynes escrib¨ªa que la inversi¨®n era incomprensible, porque, en la mayor¨ªa de los casos, los que se arriesgaban perd¨ªan su dinero. Para Keynes, s¨®lo el amor al juego, el deseo de acertar, la ilusi¨®n por ser m¨¢s listo que los dem¨¢s, pod¨ªa explicar algo tan irracional.

A los keynesianos hidr¨¢ulicos -que habitualmente se encuentran entre los ide¨®logos de partidos en el poder y entre los que defienden la intervenci¨®n p¨²blica en la econom¨ªa- les resulta dif¨ªcil aceptar que la actividad econ¨®mica dependa del ¨¢nimo de terceros aut¨®nomos. No les cabe en la cabeza que, despu¨¦s de "todo lo que hacen por el pa¨ªs", los empresarios e inversores "no les respondan". Y su estupor es aparentemente comprensible; ahora mismo, en Espa?a, las distintas instancias estatales intervienen activamente en la econom¨ªa, te¨®ricamente para facilitar la inversi¨®n de los empresarios: hacen carreteras y autov¨ªas; promueven suelo industrial; inauguran parques tecnol¨®gicos; aprueban subvenciones a la inversi¨®n; asignan fondos p¨²blicos para I+D (sea esto lo que fuere); refuerzan las sociedades de garant¨ªas rec¨ªprocas; el Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) interviene directamente garantizando cr¨¦ditos y subvencionando tipos de inter¨¦s; se deval¨²a tres veces la peseta, y descienden los tipos de inter¨¦s (lo que el Gobierno se apunta ahora como logro activo). Un ¨²ltimo paso: vacaciones fiscales durante tres a?os.

Tras estos esfuerzos, los nervios est¨¢n a flor de piel. La indignaci¨®n p¨²blica -la de los hombres p¨²blicos- amenaza con explotar.

Empiezan a escucharse quejas de tono autoritario, casi acusatorias, "pero ?qu¨¦ m¨¢s quieren los empresarios?".

Casi nada de la lista anterior; sus necesidades van por otros derroteros. Y no son ning¨²n misterio: permitir la capitalizaci¨®n de las empresas; tipos de inter¨¦s reales m¨¢s bajos; tipos de cambio neutral; financiaci¨®n a largo plazo; libertad para contratar y despedir; negociar los salarios en funci¨®n de la productividad; recuperar la autoridad en las empresas; que funcione el sistema procesal.

Pero queda otra serie de condiciones para relanzar la inversi¨®n, que no dependen de la autoridad nacional: situaci¨®n geogr¨¢fica del pa¨ªs; estado de la econom¨ªa mundial; cultura nacional, y ¨¦tica del trabajo.

He citado ocho condiciones que dependen de lo que, en t¨¦rminos generales, se denominan pol¨ªtica econ¨®mica y tres aut¨®nomas, fijas o s¨®lo moldeables a largo plazo. Una m¨ªnima referencia a las ocho primeras. Permitir la capitalizaci¨®n de las empresas. Si usted tiene unos ahorros y decide jug¨¢rselos en sentido keynesiano, creando una empresa, pagar¨¢ el 35% sobre los posibles (no probables) beneficios; m¨¢s hasta el 56% sobre lo que reparta de esos mismos beneficios (menos un 10%); m¨¢s el impuesto sobre el patrimonio en que se han convertido esos ahorros (que puede llegar hasta el 70% de su renta); pero, atenci¨®n, incluso si por p¨¦rdidas de la empresa esos ahorros se han reducido a una peseta, seguir¨¢ usted pagando sobre la totalidad de lo que invirti¨®. Ahora bien, el Gobierno, que tambi¨¦n sufre para financiarse, decide competir por esos ahorros, y crea los Fondos de Inversi¨®n Mobiliarios; lo que le permite a usted obtener por sus ahorros unos intereses asegurados por el Estado, acumulables, que s¨®lo pagan el 1% anual de impuestos y est¨¢n exentos de plusval¨ªa al cabo de 15 a?os. ?Qui¨¦n es el insensato que cree que puede obtener mayores rendimientos invirtiendo en una empresa? ?C¨®mo se pueden crear o capitalizar empresas con ese coste fiscal?

Tipos de inter¨¦s reales bajos. Cuanto m¨¢s dif¨ªcil resulta capitalizarse a las empresas m¨¢s pendiente se est¨¢ de la financiaci¨®n ajena, de los cr¨¦ditos bancarios. Los intereses reales positivos son una novedad, que se garantiza a partir de 1974. Para pagarlos, las empresas necesitan que su tasa de crecimiento real sea superior a los intereses reales; en otro caso, se acumula deuda; igual que ocurre, a nivel nacional, con la deuda p¨²blica. Nuestros tipos de inter¨¦s no han bajado todo lo r¨¢pido que era posible y siguen siendo desanimadoramente altos, lo que refuerza innecesariamente nuestro tipo de cambio a corto plazo.

Tipo de cambio neutral. Acabamos de liberamos del autocastigo masoquista de su tipo de cambio sobrevaluado; a pesar de lo cual, continuamos con. un d¨¦ficit de balanza corriente muy alto (2% del PIB). Los economistas norteamericanos han definido, pero todav¨ªa no contrastado emp¨ªricamente, la posibilidad de que las econom¨ªas que sufren durante demasiado tiempo un tipo de cambio sobrevaluado convalezcan de un efecto hist¨¦resis, que se identificar¨ªa con la p¨¦rdida de dinamismo derivada de la desaparici¨®n de redes de comercializaci¨®n nacionales en el exterior y con la implantaci¨®n de organizaciones extranjeras en el tejido comercial interior durante esas fases. En esas condiciones, es posible que un tipo de cambio de te¨®rico equilibrio, cerca del cual nos encontramos ahora en Espa?a, no consiga el equilibrio en la balanza por cuenta corriente. La terapia pasa por un periodo de mayor devaluaci¨®n.

Financiaci¨®n a largo plazo. En los ¨²ltimos 15 a?os hemos pasado de tener una banca mixta a una banca comercial. El Banco de Espa?a, decidido a cuidar s¨®lo de la salud del sistema financiero, contin¨²a apartando a la banca de la financiaci¨®n de las empresas a largo plazo. El ¨¦xito de la autoridad monetaria ha provocado la desaparici¨®n de este tipo de financiaci¨®n, que no ha sido sustituido por nada. Por otra parte, el peque?o tama?o de la mayor¨ªa de empresas espa?olas les veda el acceso al complejo mercado de valores. En la actualidad, la financiaci¨®n externa de las empresas se hace a corto plazo, a tipo de inter¨¦s tambi¨¦n a corto, con incertidumbre respecto a la renovaci¨®n de los principales.

Libertad para contratar y despedir. La llamada "reforma del mercado de trabajo" es un eufemismo para ocultar la necesidad de permitir a las empresas modificar sus plantillas en funci¨®n de la demanda, la calidad del trabajo de cada persona y su ¨¦xito o fracaso en el mercado. El decretazo de marzo de 1993 y el segundo decreto que prepara el Gobierno apenas tienen que ver con esa reforma del mercado. Su objetivo es limitar el gasto p¨²blico en subsidios a los desempleados. En la pr¨¢ctica, un empresario espa?ol que quiera disminuir su plantilla s¨®lo tiene dos caminos: el despido individual, que ser¨¢ calificado, con casi absoluta seguridad, como improcedente y que le obligar¨¢ a pagar 45 d¨ªas de salario por a?o de trabajo, con 42 meses de tope m¨¢ximo, y la regulaci¨®n colectiva, que le obligar¨¢ al pago de 20 d¨ªas por a?o de trabajo; pero ¨¦sta s¨®lo ser¨¢ aceptada por el delegado de Trabajo, en una absurda interpretaci¨®n de la norma, si tiene el visto bueno de los sindicatos; sin su aquiescencia la regulaci¨®n colectiva se aplica, de hecho, a empresas en liquidaci¨®n. Excepto si se es una multinacional, en cuyo caso se tienen otros triunfos. Pero el empresario de nacionalidad espa?ola sabe que la aplicaci¨®n de las leyes le obliga a arruinarse con su propia empresa; para ¨¦l no existe la instituci¨®n de la sociedad limitada o an¨®nima.

Libertad para fijar salarios. La regulaci¨®n estatal de salarios m¨ªnimos, no s¨®lo para los trabajos m¨¢s humildes, sino para todas las categor¨ªas, provoca alzas de salarios por encima de lo razonable. ?Por qu¨¦ un m¨ªnimo por el hecho de ser licenciado superior? Y es s¨®lo un ejemplo. Est¨¢ regulado el precio de las horas extraordinarias, del trabajo nocturno, de las vacaciones. Podr¨ªa parecer que la intervenci¨®n p¨²blica se dirige a proteger a los trabajadores. En la mayor¨ªa de los casos no ocurre as¨ª; al menos en Espa?a, la fijaci¨®n de categor¨ªas y las regulaciones excesivas tienen que ver m¨¢s con lograr aumentos de cotizaciones a la Seguridad Social que con proteger al trabajador o aumentar el empleo. Con la actual reglamentaci¨®n laboral, el que decide contratar a una persona tiene que pensar en lo que le cuesta haciendo tres grandes divisiones: lo que el trabajador se lleva a casa, las retenciones fiscales que tiene que ingresar a Hacienda y los pagos a la Seguridad Social. Porque hay poca relaci¨®n entre el salario que lleva a su casa el trabajador y lo que le cuesta a la empresa. Las cotizaciones sociales suponen hasta el 25% de los ingresos fiscales totales del Estado. Lo que es una aberraci¨®n contra el empleo. Al final, los salarios est¨¢n disociados de la productividad de cada trabajador. Por otra parte, se fijan a nivel de pa¨ªs, o de sector o de provincia en un disparatado proceso de negociaci¨®n colectiva. Al empresario se le comunica, a trav¨¦s del bolet¨ªn oficial correspondiente, cu¨¢nto tiene que pagar como m¨ªnimo y cu¨¢nto tiene que subir cada a?o; con independencia de si la empresa gana o pierde, aumenta o disminuye de tama?o. La Seguridad Social remata la faena inform¨¢ndole cu¨¢nto suben las cotizaciones sociales.

Recuperar la autoridad en las empresas. El no promulgado proyecto de ley de huelga es un ejemplo de la limitaci¨®n de la autoridad de los empresarios en sus empresas. Por supuesto que el Gobierno puede remitir al Congreso los proyectos de ley que considere oportunos. Pero no podr¨¢ obligar a los empresarios a invertir o animarles a que investiguen o a que abran nuevos mercados. Y le resultar¨¢ m¨¢s dificil lograr que cualquier ciudadano con ahorros se convierta en accionista de una empresa. Una parte importante de las discrepancias en el seno de la empresa se decide hoy en la jurisdicci¨®n laboral y en las delegaciones de Trabajo. El empresario es s¨®lo una de las partes en conflicto. La decisi¨®n parece no corresponderle. Para colmo, en la n¨®mina se incluye el pago de las actividades sindicales, durante horas de trabajo, de los miembros del comit¨¦ de empresa.

Funcionamiento r¨¢pido del sistema judicial. El que no paga, sea simplemente moroso (de buena o mala fe) o estafador, cuenta en Espa?a con protecci¨®n procesal. Los que operan con mala fe saben que no tendr¨¢n una decisi¨®n judicial en a?os, lo que les permitir¨¢ refinanciar sus deudas a coste cero y negociar sus fraudes. La maldici¨®n gitana, "pleitos tengas", se aviene mal con el funcionamiento razonablemente r¨¢pido que exige la vida econ¨®mica de las empresas.

Hace un a?o, antes de la primera devaluaci¨®n, los ocho factores conspiraban contra la inversi¨®n. Los especuladores forzaron al Gobierno y la burocracia de Bruselas a modificar la pol¨ªtica econ¨®mica en lo referente al tipo de cambio y tipos de inter¨¦s. Por otra parte, la profundidad de la crisis permite esperar que los salarios apenas crezcan el pr¨®ximo a?o. ?Son suficientes ambos cambios para salir de la recesi¨®n?

Las tres devaluaciones y los menores tipos de inter¨¦s nos permiten superar uno de los factores causantes de la recesi¨®n espa?ola y, en este sentido, la situaci¨®n es de indudable mejor¨ªa. Quedan, en mi opini¨®n, otros cuatro que han constribuido a nuestra crisis: la recesi¨®n europea, la rigidez del sistema productivo, el peso creciente del gasto p¨²blico y los reajustes derivados de la integraci¨®n de nuestra econom¨ªa en Europa.

El Gobierno parece esperar casi todo de la mejora de la econom¨ªa comunitaria; no est¨¢ haciendo esfuerzos significativos para disminuir la rigidez del aparato productivo; contin¨²a gastando desproporcionadamente, y no ha tenido en cuenta los efectos de nuestra integraci¨®n en Europa.

El resultado puede ser una econom¨ªa estancada, con d¨¦bil o nulo crecimiento, con un paro creciente durante un corto periodo, uno o dos a?os. A medio plazo, si no se corrigen todas las causas de la recesi¨®n, el futuro es m¨¢s negro.

es t¨¦cnico comercial del Estado.