Borrell quiere subir las llamadas urbanas un 100% con la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones

El ministro de Obras P¨²blicas, Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA), Jos¨¦ Borrell, es partidario de que la liberalizaci¨®n de las telecomunicacioens conlleve un aumento del precio de las tarifas urbanas del 100%, abaratando al tiempo las tarifas internacionales, y de establecer una "tarifa de acceso" para los operadores extranjeros que quieran trabajar en Espa?a.

La Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ¨®micos viene discutiendo en las ¨²ltimas semanas el informe del Tribunal de la Competencia sobre liberalizaci¨®n de servicios de telecomunicaciones, transporte, suelo y servicios municipales, as¨ª como sendos "contrainformes" elaborados por Obras P¨²blicas.

El informe de mayor calado econ¨®mico es el referido a las telecomunicaciones. El Tribunal de la Competencia aboga por la liberalizaci¨®n m¨¢s r¨¢pida posible dando entrada a nuevos operadores. Jos¨¦ Borrell no se opone formalmente a la liberalizaci¨®n pero discrepa abiertamente en los plazos y propone condiciones previas. Para el Tribunal, la liberalizaci¨®n inmediata provocar¨ªa un mejor servicio y un mejor precio. El ministro se?ala que la r¨¢pida apertura del mercado concentrar¨ªa las inversiones s¨®lo en las zonas m¨¢s rentables, dejando desprotegidos servicios y zonas geogr¨¢ficas.

Borrell propone que antes de liberalizar se adec¨²e el cuadro de tarifas a lo que viene siendo normal en otros pa¨ªses. Es decir, subir el precio de las llamadas urbanas el doble, abaratando a tiempo las tarifas internacionales, ahora artificialmente mucho m¨¢s caras. ?sta era la situaci¨®n de partida de procesos de liberalizaci¨®n como la del Reino Unido. Para el MOPTMA, es obligatorio, tambi¨¦n, "garantizar la cobertura universal del servicio".

El calendario previsto para el ajuste de tarifas y la liberalizaci¨®n llega en la CE hasta el 1 de enero de 1998. Grecia, Portugal, Irlanda y Espa?a tienen cinco a?os m¨¢s para integrarse.

Servicio p¨²blico

Junto a todo ello, en el Ministerio se recuerda el car¨¢cter de servicio que tiene una parte de las telecomunicaciones y que, por lo tanto, existe un coste social en su mantenimiento que deber¨ªa ser asumido por los operadores que quieran instalarse en Espa?a. Por eso propone establecer unas "tarifas de acceso" para ellos. Adem¨¢s, el ministro no es partidario de que el Estado pierda o rebaje el 33% de Telef¨®nica.Lo que s¨ª tiene previsto el MOPTMA es abrir el mercado de la telefon¨ªa m¨®vil. En este caso, la decisi¨®n es que se incorpore un nuevo operador que trabaje con Telef¨®nica, mediante un concurso que se abrir¨¢ a principios de 1944. Hasta el momento, hay tres grupos interesados en cubrir ese puesto: SRM (en la que se integran BBV, Iberdrola, Sevillana, Endesa, Gas Natural, Manesmann, G¨¦n¨¦rale des Eaux y Vodaplione), SISTELCOM (con Central Hispano, Pacific Telesis, Uni¨®n Fenosa, Dragados y Fecsa) y COMETA (con PRISA, El Corte Ingl¨¦s, Cajamadrid, La CaIxa, Bankinter, TISA y GTE).

En cuanto a la liberalizaci¨®n del transporte ferroviario, el Tribunal defiende la introducci¨®n de ciertas dosis de competencia a trav¨¦s de la concesi¨®n de un corredor de largo recorrido a una empresa distinta a Renfe, as¨ª como una l¨ªnea de cercan¨ªas. En uno de los cuatro documentos remitidos a la Comisi¨®n Delegada, el MOPTMA se?ala que Renfe cuenta ya con un competidor en largo y corto recorrido, en el transporte por carretera.

Respecto a la pol¨¦mica sobre el suelo y el urbanismo, el Tribunal defiende la Administraci¨®n Local deje de regular el uso del suelo, consideraci¨®n a la que m¨¢s radicalmente se opone Borrell. El ministro, en otro de los documentos, cree que es necesario "mantener la intervenci¨®n p¨²blica". A la vista de esta abierta discrepancia, ambas partes decidieron nombrar una comisi¨®n de expertos, presidida por el alcalde de Salamanca, Jes¨²s M¨¢laga, que estudiar¨¢ a fondo el problema y emitir¨¢ un informe. Dicha comisi¨®n est¨¢ formada por representantes de Econom¨ªa, Obras P¨²blicas, comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos, constructoras e inmobiliarias.