20.000 detenidos el a?o pasado
El a?o pasado fueron detenidos en Espa?a 20.286 menores de 18 a?os, según datos de la Policía Nacional. De ellos, 10.900 tenían entre 16 a?os (edad que fija la mayoría penal) y 18. 4.922 tenían 14 y 15 a?os, y 4.464 eran menores de 14 a?os. La mayoría de las detenciones estuvieron relacionadas con presuntos delitos contra la propiedad (robos con intimidación, hurtos, sustracción de coches y tirones). Por homicidio, se practicaron 39 detenciones, 30 a chavales de 16 y 17 a?os, 3 a menores de 14 a 16 a?os, y 6 a menores de 14.El procedimiento con menoreses muy distinto al de los adultos desde el comienzo. Las detenciones dependen de un grupo policial especializado, el Grupo de Menores (Grume), integrado en la Brigada de Policía Judicial.
De las dependencias policiales el ni?o pasa al juzgado de menores (ahora hay medio centenar de estos juzgados en Espa?a). Tiene lugar entonces una comparecencia con la presencia del ni?o, sus padres o tutores, el juez y el fiscal de menores y el equipo asesor de educadores y psicólogos (puede estar o no un abogado del menor). Si el caso no se resuelve, se pasa a una audiencia, algo así como un juicio en peque?o, con la necesaria presencia de un abogado defensor. Quede claro que este proceso nunca se seguirá para los menores de 12 a?os, considerados siempre inocentes.
Las medidas a tomar con esos ni?os de 12 a 16 a?os van desde la amonestación, al internamiento de uno a tres fines de semana, a la libertad vigilada por un delegado-educador -vía más defendida últimamente por jueces especializados y psicólogos- y, como máximo, al internamiento en un centro de reforma durante un tiempo que no superará los dos a?os (centros que dependen de las comunidades autónomas). Según datos de un informe del Defensor del Pueblo, en 1991 había 847 menores en estos centros. Catalu?a, por ejemplo, ha optado mayoritariamente por la fórmula de la vigilancia.
Todo este procedimiento queda regulado por la Ley Orgánica de junio de 1992, que vino a cubrir el vacío legal existente sobre la reclusión de los menores delincuentes, al anular el Tribunal Constitucional los preceptos legales vigentes desde 1948 y basados en una ley de 1918. Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha denunciado que la ley de 1992 no recoge aspectos esenciales, como el reconocimiento del derecho a la educación.
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