Asilo y negociaci¨®n
SI UN pa¨ªs miembro de la Uni¨®n Europea (UE) produce exiliados pol¨ªticos deber¨¢ ser expulsado de esa comunidad de Estados. Exiliados: ciudadanos que han tenido que huir al extranjero por sufrir persecuci¨®n policial por sus ideas o actividades pol¨ªticas. No tiene sentido reconocer que todos y cada uno de los pa¨ªses socios de la UE garantizan el pleno ejercicio de los derechos de actuaci¨®n pol¨ªtica pac¨ªfica y admitir a la vez la posibilidad de conceder asilo pol¨ªtico a ciudadanos procedentes de alguno de ellos. Como ¨¦se sigue siendo el caso en algunos Estados de la Uni¨®n respecto a los activistas de ETA, el Gobierno espa?ol ha hecho el gesto pol¨ªtico de vetar el acuerdo comunitario sobre asilo pol¨ªtico, actualmente en discusi¨®n, en protesta por la admisi¨®n por parte de B¨¦lgica de la solicitud de asilo presentada por dos etarras detenidos por la polic¨ªa de dicho pa¨ªs.Gesto pol¨ªtico, y no jur¨ªdico, por lo que resulta fuera de lugar la discusi¨®n sobre si la admisi¨®n a tr¨¢mite de la solicitud ven¨ªa o no obligada por la ley de ese pa¨ªs. Aunque as¨ª fuera, el gesto aspira precisamente a llamar la atenci¨®n sobre la incongruencia de que tal cosa ocurra, y m¨¢s cuando se est¨¢ a punto de aprobar un marco legal com¨²n para el asilo pol¨ªtico. Gesto pol¨ªtico tambi¨¦n porque se dirige a la opini¨®n p¨²blica, y no s¨®lo a los gobernantes: la existencia de conflictos entre minor¨ªas nacionales que ha marcado su historia convirti¨® a B¨¦lgica en un pa¨ªs particularmente receptivo a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes y vascos durante la dictadura. El radicalismo violento de ETA aspira a prolongar y capitalizar en beneficio propio esa sensibilidad y simpat¨ªa. El Gobierno espa?ol est¨¢ interesado en hacer ver a los ciudadanos belgas que su eventual apoyo a los radicales vascos no beneficiar¨ªa ya a las v¨ªctimas de un r¨¦gimen dictatorial, sino precisamente a quienes pugnan por acabar con el sistema democr¨¢tico.
La historia de ETA desde la instauraci¨®n de la democracia es la de una permanente provocaci¨®n. En una primera fase, contra las fuerzas de seguridad y el Ej¨¦rcito, en la esperanza de provocar un golpe de Estado que justificase retrospectivamente su recurso a la violencia terrorista. M¨¢s tarde, a medida que las instituciones democr¨¢ticas iban afianz¨¢ndose, contra la poblaci¨®n en general, de manera cada vez m¨¢s indiscriminada, como forma de presi¨®n en favor de una negociaci¨®n pol¨ªtica con el Estado. Y tal vez ahora contra las instituciones vascas de autogobierno, simbolizadas por la polic¨ªa auton¨®mica. Pero en todos los casos, buscando una respuesta desmedida, no democr¨¢tica, violenta por parte de las instituciones. El objetivo es que el Estado y los terroristas se igualen en falta de legitimidad, de manera que la negociaci¨®n aparezca como la ¨²nica manera de reconstruir un poder leg¨ªtimo.
Pero la negociaci¨®n pol¨ªtica que plantean los terroristas consiste b¨¢sicamente en que la mayor¨ªa acepte los planteamientos de la minor¨ªa a cambio de que ETA deje de matar durante alg¨²n tiempo. Los espa?oles tendr¨ªan que aceptar una reforma de la Constituci¨®n en el sentido deseado por los terroristas; los navarros, la integraci¨®n de su territorio en la comunidad vasca; los habitantes de Euskadi, el modelo de pa¨ªs propugnado por los secuestradores y pistoleros. Y, finalmente, los cr¨ªmenes de ¨¦stos deber¨ªan quedar impunes. Esa negociaci¨®n no es s¨®lo que sea antidemocr¨¢tica: es imposible. Ning¨²n Gobierno podr¨ªa aceptar un compromiso de tal naturaleza sin perder toda autoridad ante sus propios electores, ante los dem¨¢s partidos, ante el conjunto de los ciudadanos y la comunidad internacional.
Cuando algunos propagandistas de ETA preguntan enf¨¢ticamente d¨®nde est¨¢ el Rabin que negocie con su Arafat la reconciliaci¨®n y la paz fingen olvidar que esa reconciliaci¨®n ya se produjo en el Pa¨ªs Vasco en torno al Estatuto de Gernika, y que fueron los pistoleros quienes se negaron a firmar la paz y a admitir el veredicto de la mayor¨ªa, reiterado a lo largo de las 16 elecciones de distinto orden realizadas desde 1977. Por eso es imposible la negociaci¨®n, y por eso es una torpeza equivocar a los violentos con vanas esperanzas cuyo efecto suele ser redoblar la ofensiva para convencer a los recalcitrantes. Y por eso son una torpeza las declaraciones de Vera.
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