Los jueces ordenan a directores de c¨¢rceles que desatiendan las normas del Gobierno sobre permisos

Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio de Justicia han abierto en los ¨²ltimos meses un nuevo frente de batalla. Asuntos Penitenciarios modific¨® en junio pasado la normativa para conceder permisos a los presos, endureciendo las condiciones para los reclusos. Los jueces no est¨¢n de acuerdo con tal modificaci¨®n, que ha supuesto una reducci¨®n de un 40% en las salidas temporales de presos (en 1992 se registraron 53.029 permisos). Por ello, varios autos judiciales resolviendo recursos planteados contra la denegaci¨®n de permisos incluyen una descripci¨®n de cu¨¢les deben ser los baremos aplicables en ese terreno, claramente contrarios a las normas del Ministerio de Justicia.

Instituciones Penitenciarias modific¨® la normativa sobre permisos tras descubrirse que Antonio Angl¨¦s, el principal implicado en el triple crimen de la ni?as de Alc¨¢sser (Valencia), hab¨ªa participado en ese delito tras salir de la c¨¢rcel beneficiado por un permiso temporal. A ra¨ªz de ese caso, adem¨¢s, se produjeron fuertes enfrentamientos entre jueces y Gobierno porque ambos se achacaban la responsabilidad de que algunos presos peligrosos disfrutaran de salidas peri¨®dicas de las prisiones.El 1 de junio, entraron en vigor los nuevos baremos para los permisos. Entre los reclusos m¨¢s perjudicados, figuran los extranjeros, los drogadictos, los marginados y los violadores.

Algunos de los afectados han presentado recursos contra las correspondientes denegaciones ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria, encargados de que se respeten las garant¨ªas jur¨ªdicas de los presos. En varios de los consiguientes autos, los jueces -que tienen la ¨²ltima palabra al respecto- no s¨®lo reconocen el derecho de los recurrentes a disfrutar de permisos, sino que tambi¨¦n incluyen instrucciones para que se modifiquen la normativa dictada por la Secretar¨ªa de Asuntos Penitenciarios, cuando al frente de la misma se encontraba el actual ministro del Interior, Antoni Asunci¨®n.

Continuas discrepancias

Buena parte de los jueces penitenciarios pretenden que dejen de aplicarse algunos baremos nuevos y, de hecho, sus autos al respecto reflejan las conclusiones de una reuni¨®n que mantuvieron hace varias semanas. En esa reuni¨®n, se pusieron de relieve las continuas discrepancias que los jueces han protagonizado en los ¨²ltimos a?os con la Secretar¨ªa General de Asuntos Penitenciarios, coincidiendo con la permanencia de Asunci¨®n al frente del departamento.

Una de esas discrepancias ha llevado ante los tribunales, como imputado, al actual ministro del Interior, Antoni Asunci¨®n, acusado en Sevilla de aplicar "rigor innecesario a varios presos. El entonces secretario general de Asuntos Penitenciarios dict¨® una serie de normas de seguridad para que se aplicaran con el -grupo de reclusos que hab¨ªa participado en un motin en el que adem¨¢s fue decapitado otro preso durante los incidentes.

El juez correspondiente, de Sevilla, estim¨® que hab¨ªa "rigor innecesario" en las medidas; mientras que las autoridades del Ministerio de Justicia estimaron que eran "imprescindibles por la peligrosidad de los presos y para salvaguardar la integridad del resto de los reclusos. El proceso est¨¢ pendiente de una decisi¨®n del Tribunal Constitucional para determinar si debe o no celebrarse el correspondiente juicio.

Fuentes sindicales de funcionarios de la prisi¨®n de Tenerife -lugar donde se han producido algunas discrepancias de los jueces de vigilancia con el Gobierno- han se?alado que, a ra¨ªz de los sucesos de Alc¨¢sser, las juntas de tratamiento y de r¨¦gimen -encargadas de emitir el informe previo a la concesi¨®n del permiso por parte del juez de vigilancia penitenciaria- han actuado con criterios mucho m¨¢s restrictivos que hasta entonces en esta materia, informa Carmelo Rivero.

Recursos de los presos

Seg¨²n el director de la prisi¨®n Tenerife II, Jaime Leiva, los reclusos suelen recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria cuando les son denegados los permisos. "Entonces, el juez nos solicita los informes sobre dichos internos y es ¨¦l el que resuelve a tratarse de una decisi¨®n de su competencia; algunas veces decide autorizar la salida del recluso pese a nuestro criterio negativo".

Este tipo de casos se han producido en Tenerife, seg¨²n el director de la prisi¨®n. "Las estad¨ªsticas nacionales reflejan que cuando los jueces act¨²an en contra del parecer de la Administraci¨®n, los casos de quebrantamiento de dichos permisos se disparar¨ª".

Jaime Leiva reconoci¨® ayer que, a ra¨ªz de los sucesos de Alc¨¢sser, la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias dio instrucciones de "extremar el rigor en la concesi¨®n de permisos".