Cr¨ªticas a la lenta reacci¨®n de las autoridades espa?olas

El comisario general para los refugiados pol¨ªticos en B¨¦lgica, Marc Bossuyt, afirma en la entrevista concedida a este diario que el informe de la m¨¦dica forense sobre los supuestos malos tratos recibidos por el presunto etarra Juan Ram¨®n Rojo tras su detenci¨®n s¨ª existe, porque ¨¦l dispone de una copia.El alto comisario rechaza las cr¨ªticas contra ¨¦l por haber accedido a estudiar la condici¨®n de merecedores del estatuto de asilado pol¨ªtico de los presuntos colaboradores de ETA Raquel Garc¨ªa Aranz y Luis Moreno Ramajo.

La juez que decidi¨® el d¨ªa 8 la puesta en libertad de los dos acusados vascos no quiso ayer hacer declaraciones. Puesta en contacto con este peri¨®dico, Halsberghe se excus¨® alegando que la ley proh¨ªbe en B¨¦lgica cualquier comentario de los jueces a los medios de comunicaci¨®n.

Marc Bossuyt afirma que se ha limitado a aplicar las leyes en vigor en B¨¦lgica y pide para ¨¦stas el mismo respeto que en su pa¨ªs se tiene por la legislaci¨®n espa?ola. En ¨²ltima instancia, el funcionario real viene a responsabilizar a las autoridades espa?olas por su tardanza en reclamar la extradici¨®n de los presuntos colaboradores de ETA. Seg¨²n Bossuyt, tanto el Gobierno de B¨¦lgica como el de Espa?a conoc¨ªan desde julio de 1992 que Raquel Garc¨ªa y Luis Moreno resid¨ªan en territorio belga. Sin embargo, Espa?a tard¨® 10 meses en solicitar su extradici¨®n.

Solicitud de extradici¨®n

En Espa?a, por el contrario, ayer se esgrim¨ªa un argumento diferente. Seg¨²n Izquierda Unida, el Gobierno belga es directamente responsable de todo lo ocurrido porque no tramit¨® la solicitud de extradici¨®n presentada en mayo por la Audiencia Nacional. Raquel Garc¨ªa y Luis Moreno fueron detenidos al mes siguiente, y B¨¦lgica a¨²n no ha estudiado su posible extradici¨®n. Todo esto, seg¨²n IU, es "una actitud inadecuada, por no decir negligente".

A este respecto, el comisario s¨ª admite que el Gobierno belga pod¨ªa haber concedido la extradici¨®n si, efectivamente, hubiera intervenido antes de que se iniciara el proceso judicial. Pero, explica, lo habitual es que el Gobierno deje la iniciativa a la judicatura y que los casos se trasladen a la Corte si el ministro no interviene antes.