El Gobierno cambi¨® la ley para no expulsar de la Guardia Civil a los agentes inhabilitados

El Gobierno tom¨® la iniciativa de modificar el r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil tras el procesamiento en Bilbao de los tenientes coroneles Rafael Masa y Jos¨¦ Mart¨ªn Llevot junto a otros 10 miembros del instituto armado. La reforma, realizada sin que nadie advirtiera su trascendencia, suprimi¨® la expulsi¨®n autom¨¢tica del cuerpo por condenas de inhabilitaci¨®n especial, precisamente la pena que impone el C¨®digo Penal al delito de prevaricaci¨®n por el que se proces¨® a los 12. El proyecto de ley fue aprobado por el Ejecutivo el 6 de julio de 1990, a los 19 d¨ªas de fijarse fecha para el juicio.

En octubre de 1987, la juez Elisabeth Huerta pidi¨® el procesamiento por el caso Linaza de los 12 guardias. La Juez imputaba al sargento Alfredo Serrano y al guardia de segunda Lucio de Sosa delitos de torturas; al entonces comandante Mart¨ªn Llevot, de denegaci¨®n de auxilio a la Justicia y falsificaci¨®n de documento p¨²blico; al entonces capit¨¢n Masa, de denegaci¨®n de auxilio a la Justicia, y a los 12, sendos delitos de prevaricaci¨®n.La Secci¨®n Primera de la Audiencia de Bilbao orden¨® los 12 procesamientos solicitados por la juez Huerta en enero de 1988 y acept¨® todos los indicios de delito alegados, incluidos los de prevaricaci¨®n en relaci¨®n al art¨ªculo 359 del C¨®digo Penal. Este art¨ªculo sanciona a todo "funcionario p¨²blico que, faltando a la obligaci¨®n de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecuci¨®n y castigo de los delincuentes" y se?ala como pena la "inhabilitaci¨®n especial". El R¨¦gimen del Personal Militar Profesional vigente entonces, aprobado el 19 de julio de 1989, establec¨ªa en el art¨ªculo 65 como causa de la p¨¦rdida de la condici¨®n de militar y la consiguiente expulsi¨®n autom¨¢tica del cuerpo la "pena principal o accesoria de p¨¦rdida de empleo, de inhabilitaci¨®n absoluta o de inhabilitaci¨®n especial".

El r¨¦gimen militar era aplicable a los miembros de la Guardia Civil, seg¨²n se?alaba de forma expresa la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 13 de marzo de 1986. Sin embargo, ya procesados los 12 guardias, y cuando la audiencia de Bilbao hab¨ªa fijado 19 d¨ªas antes fecha para el juicio oral, el Consejo de Ministros aprob¨® el 6 de julio de 1990 un proyecto de ley org¨¢nica de R¨¦gimen Disciplinario de la Guardia Civil que sustitu¨ªa para el instituto armado la ley de R¨¦gimen del Personal Militar.

Ley suavizada

La nueva ley suavizaba el r¨¦gimen disciplinario, aumentaba la discrecionalidad de la Direcci¨®n General de la Guardia Civil y suprim¨ªa como causa de expulsi¨®n autom¨¢tica cierto tipo de penas impuestas por la jurisdicci¨®n ordinaria, incluida la inhabilitaci¨®n especial aplicable a los 12 guardias procesados en Bilbao.La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de junio de 1991, seis meses despu¨¦s de que nueve de los 12 guardias procesados hubieran sido condenados por el caso Linaza, incluidos los tenientes coroneles Masa y Mart¨ªn Llevot.

El abogado de la acusaci¨®n particular en representaci¨®n de Tom¨¢s Linaza, Txema Montero, declar¨® ayer que instar¨¢ en breve de la Audiencia de Bilbao la ejecuci¨®n de la sentencia y que estudiar¨¢ a fondo la situaci¨®n legal de los condenados, porque "ser¨ªa muy grave que haya existido en las modificaciones de leyes intenci¨®n de minorar la trascendencia de la sanci¨®n penal".

Montero, que mantuvo en solitario la acusaci¨®n contra siete de los condenados, incluidos los dos jefes, mientras el fiscal se limitaba a acusar a los dos autores materiales de las torturas a Linaza, se declar¨® satisfecho por el fallo del Supremo y subray¨® "la bondad de la instituci¨®n de la acusaci¨®n particular, porque sin ella, y tras haber comprobado la inhibici¨®n del ministerio fiscal durante el juicio, ahora no existir¨ªa esta sentencia, sino otra limitada a dos autores materiales".

Para el letrado, este caso se ha convertido en un asunto paradigm¨¢tico, porque fue una decisi¨®n del Tribunal Constitucional a prop¨®sito de la denuncia de torturas de Linaza la que sustrajo la competencia sobre delitos de miembros de la Guardia Civil a la jurisdicci¨®n militar y la traslad¨® a la ordinaria.

"Un paso enorme"

"Adem¨¢s", agreg¨® Montero, Ias condenas por prevaricaci¨®n representan un paso enorme en la eliminaci¨®n de la lacra de la tortura. Ya no se condena s¨®lo a los autores, sino a todos los funcionarios p¨²blicos que tuvieron conocimiento y no hicieron nada para impedirlo o ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial".Montero se?al¨® que "la erradicaci¨®n de la tortura, cuando no existe complicidad del Estado, es posible. Lo demuestra Francia, donde desde la llegada de los socialistas al poder, en 1981, no se ha producido una sola denuncia ante los organismos internacionales pese a haber decenas de detenidos y acusados por delitos de terrorismo, incluidos muchos presuntos miembros de ETA".

"Pero debo insistir en la cr¨ªtica y la denuncia al Ministerio del Interior", agreg¨® el abogado, "que nunca ha manifestado la m¨ªnima actitud de reprobaci¨®n hacia estos funcionarios y, de hecho, les ha mantenido en destinos y les ha permitido seguir ascendiendo". Montero manifest¨® el temor de que el Gobierno acabe indultando a los guardias condenados y se felicit¨® por el expreso reconocimiento del Tribunal Supremo al trabajo de la juez Huerta, por el que ¨¦l hab¨ªa roto una lanza en la vista del recurso de casaci¨®n el pasado 1 de diciembre.