Un oficial protegido de Rafael Vera
Rafael Masa Gonz¨¢lez, de 51 a?os, casado, padre de cinco hijos, ha sido un hombre de la m¨¢xima confianza de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Ni su procesamiento, ni su condena, ni las sospechasen torno al asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard lograron quebrar ese apoyo.Vera se lo llev¨® a la Secretar¨ªa de Estado, en Madrid, cuando las cosas empezaron a llegar mal dadas para el oficial de la Guardia Civil, y le busc¨® un puesto de asesor en Bolivia.
Masa fue investigado por su relaci¨®n con Luis Morcillo Pinillo, sospechoso de participar en el asesinato de Brouard, el 20 de noviembre de 1984. ?l explica esa relaci¨®n por una vieja amistad, pero Miguel ?ngel L¨®pez Oca?a, uno de los testigos que permiti¨® desentra?ar en parte la trama del atentado contra el m¨¦dico abertzale, le acus¨® ante el juez de haber prevenido a Morcillo de que hab¨ªa un confidente dispuesto a cantar de plano.
Seg¨²n L¨®pez Oca?a, esta confidencia llev¨® a Morcillo a ordenarle la muerte de este supuesto chivato, Alberto Granados C¨¦spedes, por la que en la actualidad cumple condena.
Masa fue investigado tambi¨¦n por la compra de 10 pistolas en Andorra. Dos fueron utilizadas en atentados de los GAL en el Pa¨ªs Vasco franc¨¦s. Los comerciantes que las vendieron le identificaron como el comprador, pero m¨¢s tarde, igual que otros testigos inculpatorios contra los GAL, se desdijeron.
Este turbulento historial no fue ¨®bice para que Vera fichara a Masa como asesor y le encomendara el an¨¢lisis de la situaci¨®n de los presos de ETA. Vera ha tenido como asesores a otros oficiales de la Guardia Civil condenados por torturas y, en alg¨²n caso, reincidentes.
En abril de 1990, ya procesado por el caso Linaza, fue conocida la presencia de Masa en Bolivia, como asesor contra el narcotr¨¢fico. Un mes m¨¢s tarde fue ascendido a teniente coronel.
La querencia de los jueces por investigarle no desapareci¨® ni en Bolivia. En enero de 1991, la justicia boliviana inici¨® un procedimiento por la sospecha de que el guardia civil y otros tres funcionarios espa?oles pinchaban tel¨¦fonos de miembros de la oposici¨®n.
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