Un marco de paz lingu¨ªstica
EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Catalu?a ha dictado un auto salom¨®nico sobre la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica en las escuelas de Catalu?a, ordenando la adopci¨®n de una serie de medidas cautelares en tanto resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por padres que exig¨ªan la escolarizaci¨®n exclusiva de sus hijos en su lengua materna y habitual, el castellano. Tanto el abogado de los padres demandantes como el Departamento de Ense?anza de la Generalitat han mostrado su regocijo por el mismo. Unos y otros debieran moderar su entusiasmo, porque la resoluci¨®n les da la raz¨®n s¨®lo en parte, y en otra parte se la niega.El tribunal ha requerido a la Generalitat a que escolarice en su lengua habitual", el castellano, a los ni?os de hasta siete a?os cuyos padres recurrieron contra la inmersi¨®n (utilizaci¨®n del catal¨¢n como lengua vehicular de la ense?anza) y exigieron la ense?anza exclusivamente en castellano. Este requerimiento es cautelar, es decir, hasta que se decida sobre el fondo de la cuesti¨®n: a saber, si la universalizaci¨®n de la inmersi¨®n se ajusta a la ley. En parte, pues, los jueces atienden a las peticiones de los padres. Pero rechazan la suspensi¨®n general del proceso de inmersi¨®n y la pretensi¨®n de recibir la ense?anza "con exclusividad" en una u otra lengua, como deseaban los demandantes. Ello valida la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica auton¨®mica seguida hasta ahora, aunque no de cualquier reforma que se pretenda introducir en ella en el futuro por la v¨ªa legislativa, o por la v¨ªa de la pr¨¢ctica (mediante las circulares que universalizaron la inmersi¨®n el pasado oto?o).
El tribunal requiere adem¨¢s a la Generalitat a que disponga "las medidas de refuerzo necesarias que permitan la eficacia de la ense?anza en las dos lenguas" para los escolares de m¨¢s de siete a?os en los centros en que no se hubieran ya adoptado. Medidas ambas que indican, a sensu contrario, un incumplimiento, al menos parcial, de la Administraci¨®n aut¨®noma de su propia legislaci¨®n. La actual Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica -cuya reforma pretende ahora el Gobierno de Pujol, sin encontrar consenso pol¨ªtico suficiente- establece claramente, en su art¨ªculo 14.2, que "los ni?os tienen derecho a recibir la primera ense?anza en su lengua habitual, ya sea ¨¦sta el catal¨¢n o el castellano".
M¨¢s favorables (pero tampoco absolutamente) a los postulados de la Generalitat son los fundamentos jur¨ªdicos del auto. ?stos precisan que el derecho a la educaci¨®n implica "recibir la ense?anza en una lengua comprensible", pero no "exclusivamente" en "una lengua determinada". A?aden que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley cuando "los educandos no reciban ense?anza en la lengua preferida por los padres en un centro p¨²blico de su elecci¨®n". Y recuerdan la "igualdad de ambas lenguas".
En la pr¨¢ctica, esta resoluci¨®n supone, hasta la sentencia definitiva, tanto la continuidad del proceso de inmersi¨®n como el rechazo de sus posibles excesos. Implica el mantenimiento de una comunidad educativa sin fracturas, al se?alar que los padres pueden escolarizar a sus hijos en su lengua habitual (catal¨¢n o castellano), pero no en un centro p¨²blico determinado de su elecci¨®n: es decir, se evita el establecimiento de una doble red de escuelas con car¨¢cter general (unas totalmente en castellano, otras totalmente en catal¨¢n), que perjudicar¨ªa especialmente a los escolares de las zonas de inmigraci¨®n, contra lo que sostienen algunos demagogos. De hacer caso a ¨¦stos, los hijos de los trabajadores inmigrados dominar¨ªan ambos idiomas en mucha menor medida que sus compa?eros de zonas m¨¢s ricas. Pero al mismo tiempo los jueces exigen que funcionen los mecanismos compensatorios (profesores de refuerzo) y prefiguran el establecimiento de l¨ªneas concretas en las que se ense?e principalmente -no exclusivamente- en castellano.
La resoluci¨®n judicial, aunque compleja y aparentemente contradictoria, responde a los anhelos de una sociedad que quiere garantizar los derechos individuales de todos sus ciudadanos, preservar su convivencia ling¨¹¨ªstica evitando tanto las guerras inventadas como los excesos administrativos, profundizar en el fomento del catal¨¢n -tantos a?os perseguido- y mantener el castellano. Es decir, lo que pretenden los ciudadanos sensatos.
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