Queremos ser serbocroatas

?Catal¨¢n en las comisar¨ªas de Catalu?a para quien as¨ª lo quiera? Evidentemente. ?Castellano como lengua vehicular en las escuelas primarias para quienes as¨ª lo prefieren? Desde luego. ?Fomento del catal¨¢n, todav¨ªa hoy arrinconado en la Administraci¨®n de justicia o en algunos ¨¢mbitos oficiales? S¨ª. ?Garant¨ªa para el uso del castellano, que tiende a ser minusvalorado -no anulado- en algunos otros ¨¢mbitos? Tambi¨¦n.?Por qu¨¦ todas esas preguntas tienen una respuesta positiva? Porque la clave de b¨®veda del ordenamiento constitucional en este asunto es di¨¢fana: la cooficialidad y el pluriling¨¹ismo, es decir, el respeto y fomento de todos los idiomas hisp¨¢nicos. Quien haga hincapi¨¦ exclusivamente en una sola de las lenguas traiciona el mandato constitucional. Y corre el riesgo de acabar atentando contra el esp¨ªritu de convivencia y pluralismo de esta sociedad.

Algunos se preguntar¨¢n si esta se?al de alerta puede ser catastrofista. Quiz¨¢ convenga recordar que serbios y croatas compart¨ªan una misma lengua, el serbocroata, aunque unos la escribieran con caracteres cir¨ªlicos y otros con el alfabeto romano. Diferencia a¨²n menor, al fin y al cabo, que la existente entre estos dos dialectos del lat¨ªn que son los idiomas catal¨¢n y castellano.

No acabaremos como serbios y croatas. No queremos. De manera que, para ser eficaz y mantener el esp¨ªritu democr¨¢tico y civil, cualquier reforma que pretenda realizarse sobre la legislaci¨®n auton¨®mica catalana en materia de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica deber¨ªa asumir las siguientes pautas: fomento del catal¨¢n, que pese a los extraordinarios avances del ¨²ltimo decenio sigue manteni¨¦ndose en una situaci¨®n de desventaja, especialmente en su uso oficial-administrativo; escrupuloso respeto a los derechos individuales tanto de los catalanohablantes como de los castellanohablantes; cumplimiento del mandato constitucional de la cooficialidad; adecuaci¨®n de las administraciones a la evoluci¨®n ling¨¹¨ªstica de la sociedad catalana; mantenimiento del consenso pol¨ªtico y social hasta ahora existente en esta materia.

Todo lo que se realice dentro de estos par¨¢metros ser¨¢ ¨²til y conveniente, por m¨¢s que unas u otras medidas deban generar un debate constructivo y no realizado con ¨¢nimo de cruzada, del signo que fuere. Todo lo que se emprenda en quiebra de estos criterios trastocar¨¢ el clima de consenso actual en inquietud o crispaci¨®n.

El Gobierno de Pujol ha dado a luz un proyecto de reforma de la legislaci¨®n ling¨¹¨ªstica con claroscuros que deben ser debatidos en el terreno de los criterios: su adecuaci¨®n o inadecuaci¨®n jur¨ªdica al ordenamiento y su acierto o desacierto pol¨ªtico-social. Pero nunca desde el prejuicio, el esp¨ªritu redentorista o la enso?aci¨®n monoling¨¹ista -siempre empobrecedora-, sea ¨¦sta de una u otra lengua.

As¨ª, la panoplia de medidas tendentes a garantizar la atenci¨®n en catal¨¢n a los ciudadanos que as¨ª lo deseen por parte de cualquier oficina o servicio administrativo, lo que ahora sucede en muy escaso grado, se atiene a una l¨®gica evidente. En la medida en que el bloque jur¨ªdico constitucional -es decir, la Constituci¨®n y el Estatuto- consagra la cooficialidad de castellano y catal¨¢n en la comunidad aut¨®noma, reconoce a los ciudadanos de la misma su derecho a utilizar activamente ambas lenguas. A este derecho, l¨®gicamente, le corresponde el correlativo deber de las administraciones -de todas las administraciones- de facilitar esa interlocuci¨®n activa, y no s¨®lo pasiva, en cualquiera de ambos idiomas oficiales. Es decir: la polic¨ªa, la Guardia Civil y el aparato judicial deben estar en disposici¨®n, en Catalu?a, de atender a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas.

Para lograrlo, evidentemente, no basta la competencia legislativa auton¨®mica. Pero es tambi¨¦n deber de la Administraci¨®n central asumir ese reto. Un aut¨¦ntico esp¨ªritu integrador debe partir de la realidad pluriling¨¹e de Espa?a. No vaya a suceder lo que ocurri¨® con la creaci¨®n del Instituto Cervantes, que se circunscribi¨® ¨²nicamente al castellano. Se juntaron entonces el hambre aut¨¢rquica y las ganas de comer centralistas, dos cl¨¢sicas f¨®rmulas -contrarias pero convergentes- del segregacionismo mental a¨²n imperante. Hambre nacionalista: la de disponer de un instituto propio, el Raimon Llull, para propagar por el mundo el catal¨¢n, olvidando que ¨¦ste existe en las universidades extranjeras en la medida en que va de la mano del castellano. Ganas de comer centralistas: s¨®lo el castellano resulta genuino veh¨ªculo de la ciudadan¨ªa espa?ola. Resultado: un Cervantes manco y un Llull nonato. Peor, imposible.

La cuesti¨®n de la ense?anza es igualmente fundamental. La normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica se ha realizado durante un decenio sin conflictos ni desgarros. Pero con alg¨²n caso de incumplimiento legal que deber¨ªa resolverse ¨¢gilmente, como ha instado a hacer, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. En estas cuestiones b¨¢sicas para la convivencia y el despliegue de los derechos individuales no importa que los afectados sean unas pocas docenas o alg¨²n escaso centenar.

El objetivo de la normativa vigente que ahora se pretende reformar es que los escolares dominen, al acabar la ense?anza obligatoria, tanto el castellano como el catal¨¢n, lo que viene cumpli¨¦ndose de forma suficiente. Y su instrumento es evitar la creaci¨®n de una doble red general de establecimientos educativos, porque ello comportar¨ªa una indeseable fractura ling¨¹¨ªstica de la sociedad catalana. Cuidado con la demagogia populista del paleonacionalismo espa?olista: esa segregaci¨®n reportar¨ªa un especial perjuicio para los escolares de los barrios de inmigraci¨®n. ?stos acabar¨ªan siendo menos competentes en ambos idiomas que sus compa?eros mejor establecidos. De ah¨ª a la ruptura de Catalu?a en dos comunidades separadas (serbios versus croatas) no habr¨ªa m¨¢s que un paso. El precipicio.

Pero evitar el surgimiento de esa doble red generalizada no debe significar la desatenci¨®n a los variados casos particulares: las eventuales medidas previstas de refuerzo concreto o de aten ci¨®n personalizada no parecen suficientes por s¨ª solas. Es m¨¢s conveniente, en orden a garantizar la convivencia y el derecho a la ense?anza, que implica la ense?anza en lengua comprensible, el mantenimiento -y el cumplimiento absoluto- del art¨ªculo 14.2 de la actual normativa auto n¨®mica, seg¨²n la cual, a fin de cuentas, cualquier escolar puede reclamar la escolarizaci¨®n primaria vehiculada principalmente (no exclusivamente) en su lengua habitual, cualquiera de las dos oficiales. Todo ello exige profesores de refuerzo, habilidad biling¨¹e de los maestros, pero tambi¨¦n disponer de algunas l¨ªneas, aulas o centros en que la lengua vehicular sea principalmente el castellano, evitando siempre la doble red general. Dif¨ªcil, pero no imposible cuadratura del c¨ªrculo. La movilidad geogr¨¢fica prevista en la reforma del merca do laboral, los flujos inherentes a la integraci¨®n europea (y su ex ponente, los programas universitarios Erasmus), refuerzan, si cabe, ese principio. Al padre de familia que, pese a los compro bados ¨¦xitos de la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en el catal¨¢n, desea escolarizar a sus hijos en castellano en la primaria le asiste exacta mente la misma raz¨®n que al ciudadano que desea prestar declaraci¨®n en catal¨¢n en un juzgado, una notar¨ªa o un registro de la propiedad. Si la ley y sus servido res no garantizan ambos derechos, la cooficialidad se convertir¨ªa en papel mojado, y el mandato constitucional resultar¨ªa burlado.

Como en todos los problemas m¨¢s sensibles en una sociedad plural, en la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica resultan m¨¢s ¨²tiles las medidas de fomento que los reglamentos coercitivos, m¨¢s justo y eficaz el acuerdo que la imposici¨®n.

Al cabo, podemos evitar cualquier proceso de jibarizaci¨®n que nos reduzca s¨®lo a serbios o croatas. Les va mal. Queremos ser tambi¨¦n serbocroatas.