S¨ª hay salida
Los autores consideran que la huelga era inevitable desde el momento en que el Gobierno decidi¨® que la ley era innegociable.
La huelga general del 27-E es una acci¨®n no deseada por sus promotores y, sin embargo, constructiva y positiva. Quiz¨¢ como nunca en el pasado, los sindicatos estaban deseosos de llegar a acuerdos y exist¨ªan condiciones para el consenso. En momentos de recesi¨®n es la soluci¨®n m¨¢s ventajosa y razonable para el pa¨ªs y para las partes implicadas. Pero todo acuerdo es siempre el acuerdo posible en ese momento, teniendo en cuenta el limite al que pueden llegar cada uno de los protagonistas en sus concesiones mutuas. El. Gobierno no ha actuado con esta filosofia. Ha impuesto lo que ¨¦l entend¨ªa que era necesario y as¨ª es imposible el entendimiento. A partir de aqu¨ª, la respuesta de los sindicatos era perfectamente previsible. El movimiento sindical espa?ol, o de cualquier pa¨ªs, no puede aceptar que le trastoquen el mercado de trabajo y todo el sistema de relaciones laborales en una direcci¨®n contraria a los intereses de sus representados, sin dar una respuesta contundente. Lo contrario hubiese significado, en efecto, un cierto suicidio de los sindicatos.La reforma laboral planteada por el Gobierno, y desencadenante de la huelga general, constituye algo mucho m¨¢s importante que un mero cambio legal. Es una transformaci¨®n de la cultura europea en cuanto a c¨®mo enfocar las cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Porque no s¨®lo deslegaliza y desregula a ¨¦ste. Se ejecuta contra una parte de los agentes sociales, con el benepl¨¢cito no disimulado de la otra.
La reforma laboral que ha originado la convocatoria de huelga es una enmienda a la totalidad del actual sistema regulador del trabajo. Y ello para producir, se dice, empleo, cuando no hay ninguna teor¨ªa econ¨®mica ni pr¨¢ctica contrastada que relacione convincentemente flexibilidad laboral con aumento del empleo. Ni hay correlaci¨®n solvente entre disminuci¨®n de salario y aumento de competitividad.
La reforma laboral, del Gobierno no hace sino sancionar pr¨¢cticas que hoy existen vergonzantemente en la econom¨ªa sumergida, y que se resumen en: seco descenso en el coste de la mano de obra; debilitamiento, a¨²n mayor si cabe, de la estabilidad en el empleo; movilidad laboral sin compensaciones. ?stos son los objetivos b¨¢sicos de la reforma y no cabe ocultarlos con terminolog¨ªa dulcificadora.
El contrato de aprendizaje (hasta 28 a?os), cuyos supuestos fines formativos -que exigen planificaci¨®n y preparaci¨®n previa- son incompatibles con la f¨®rmula urgente escogida del Decreto-ley, esconde un subterfugio de mano de obra infravalorada, de resonancias decimon¨®nicas. De otro lado, se arrancan, y separan de la solidez de la ley (Estatuto de los Trabajadores) y se entregan completamente a la negociaci¨®n colectiva -en un momento de debilidad sindical- cuestiones tan importantes como el desarrollo y precisi¨®n de los contratos de trabajo, la duraci¨®n m¨¢xima del periodo de prueba, la antig¨¹edad, los ascensos, el salario, la jornada, la movilidad funcional y geogr¨¢fica y la modificaci¨®n de las condiciones de trabajo, la excedencia voluntaria, la suspensi¨®n y extinci¨®n de contratos por causas econ¨®micas. Adem¨¢s, tambi¨¦n se deval¨²a al convenio, en cuanto dep¨®sito de derecho consolidado: siempre se empezar¨¢ la negociaci¨®n a cero.
Para la otra parte, el empresariado, todo son facilidades: el Gobierno ha congelado por vez primera los costes fiscales y sociales del trabajo, pero ha aumentado la cuota obrera a la Seguridad Social; se ha abaratado el coste de contrataci¨®n para j¨®venes con un aprendizaje que puede llegar a 23.000 pesetas al mes, y se han abaratado tambi¨¦n netamente el despido individual (hasta nueve trabajadores a 20 d¨ªas por a?o, menos de la mitad que lo vigente ahora), as¨ª como los salarios de tramitaci¨®n de los despidos colectivos. Es, sin duda, una gran tentaci¨®n para que el ajuste se haga siempre a costa del empleo, y del empleo precario, a pesar de que la productividad del trabajo ha aumentado en un 270% (!) en los ¨²ltimos 30 a?os en Espa?a, y de que toda la rigidez del actual sistema no ha sido obst¨¢culo para que en los dos ¨²ltimos a?os se hayan destruido 811.000 empleos. Es sabido que en tiempos de crisis la flexibilizaci¨®n laboral incontrolada conduce no a un reparto del empleo, sino del desempleo.
Se ha dicho acertadamente que la reforma laboral es tan fuerte que era imposible pactarla con los sindicatos. El fondo condiciona la forma. El Gobierno, es cierto, no ha adoptado la pol¨ªtica de Thatcher -golpear y desapoderar directamente a los sindicatos-, pero la v¨ªa de desposesi¨®n de derechos laborales y precarizaci¨®n conducir¨¢ tambi¨¦n a esos resultados si a los sindicatos les es cada vez m¨¢s dificil el cumplimiento de su funci¨®n representativa.
Desregular el mercado laboral, eliminar derechos reconocidos y mantener, al tiempo, el poder omn¨ªmodo del capital en la empresa es ecuaci¨®n inaceptable, retr¨®grada y, a la postre, ineficiente. Porque sustraer de la ley protectora derechos de los trabajadores para pasarlos a la negociaci¨®n colectiva puede ser asumible si se produce, al tiempo, un mayor equilibrio de poderes en la empresa; en la situaci¨®n actual significa la mera indefensi¨®n de la parte m¨¢s d¨¦bil.
Se sostiene, con argumento cuasi supremo, que aquellas reformas nos equiparan con Europa. Es rotundamente falso. No hay en la Uni¨®n Europea un contrato como el de aprendizaje. El coste del despido (indemnizaci¨®n) es hoy en Espa?a menor que en Italia, B¨¦lgica o Francia, y similar al de Alemania, como se deduce del Informe Segura sobre reforma del mercado de trabajo entregado al Gobierno. Adem¨¢s, no es honesto equiparar con Europa en unas cosas y diverger en otras. Es de suponer que los sindicatos aceptar¨ªan una reforma del mercado y relaciones laborales en las que se incluyera, por ejemplo, el sistema de derechos de los trabajadores y sus representantes en las empresas vigentes en Alemania.
Todav¨ªa hay salida para esta situaci¨®n, indeseable para el pa¨ªs. Todav¨ªa se est¨¢ a tiempo de reconducir el problema. Est¨¢ pendiente el acordar la pol¨ªtica de rentas; y se pueden y debe corregir en el Parlamento aspectos contraproducentes de las reformas en marcha, especialmente en el contrato de aprendizaje y en el Estatuto de los Trabajadores. Tras la huelga tiene que llegar la negociaci¨®n.
La situaci¨®n econ¨®mica es muy delicada y el malestar social profundo. Mas no ser¨¢ con el desencuentro social y la imposici¨®n como mejorar¨¢ la situaci¨®n. Espa?a, en democracia, siempre ha salido adelante en las situaciones dif¨ªciles con la negociaci¨®n y el acuerdo. Ser¨¢ necesario hacer sacrificios -ya se est¨¢n haciendo-, pero tienen que repartirse con equidad. Colocando a los sindicatos contra las cuerdas y orientando las alianzas pol¨ªticas hacia la derecha, no es posible llevar adelante una pol¨ªtica de progreso; s¨®lo se labra el propio fracaso.
Todos tenemos que reflexionar, sin duda, porque tampoco se arreglar¨¢n las cosas aumentando salarios por encima del IPC, no cuidando el d¨¦ficit, pretendiendo que nada cambie en un momento de profundas transformaciones socioecon¨®micas o planteando propuestas que, aqu¨ª y ahora, resultan imposibles cuando no disparatadas. Una pol¨ªtica de progreso, en fin, que tenga por objetivo salir de la crisis con equidad e impulsar la democracia, exige alianzas pol¨ªticas tambi¨¦n de progreso y acuerdos con los agentes sociales. Precisamente lo contrario de lo que est¨¢ sucediendo ahora. Esperemos que despu¨¦s del 27-E se produzca una reflexi¨®n colectiva en el conjunto del ¨¢rea progresista que permita gobernar las cuestiones econ¨®micas y pol¨ªticas por el camino del acuerdo, de la solidaridad y el progreso.
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