?Huelga Proletaria o huelga pol¨ªt¨ªca?

El Gobierno o la patronal interpretan cada uno la pr¨®xima huelga a su manera, centr¨¢ndose en si es o no el leg¨ªtimo ejercicio de un derecho fundamental. Pero esa cuesti¨®n, con ser importante -lo discutimos en las constituyentes, la ha explicitado la jurisprudencia y analizado la doctrina-, se queda en la superficie. Lo radicar consiste en aclarar la calificaci¨®n hist¨®rico-pol¨ªtica de esta huelga. Utilizando las categor¨ªas de Sorel, ?es proletaria o pol¨ªtica o, tal vez, ambas cosas a la vez? Y, en uno y otro caso, ?c¨®mo se articula la, huelga general as¨ª calificable y calificada con nuestro sistema democr¨¢tico?La sociedad contempor¨¢nea se ha corporativizado. El ciudadano ha sido paulatinamente sustituido por el hombre concreto. Pero, adem¨¢s, esta concreci¨®n se ha fragmentado en una pluralidad de condiciones y centrifuga intereses muy diversos. Las clases, tal como las categorizara Marx, no existen hoy, y no otro es el origen de las dificultades y ambig¨¹edades que actualmente padece por doquier el movimiento obrero. Los mismos sindicatos, cuya vocaci¨®n parece responder a una organizacion de clase, est¨¢n muy lejos de ser tal por su propia composici¨®n tanto como por su extensi¨®n y, en el mejor de los casos, son unos de los muchos grupos organizados que responden a los intereses particulares de los militantes y, a tenor de experiencias bien recientes, de los dirigentes.

Pero ya en ¨¦poca de Sorel (1908) era as¨ª, y la genialidad del te¨®rico de la huelga general revolucionaria consisti¨® en intuir la funci¨®n de la misma como mito movilizador y sintetizador. En efecto, lo que Sorel calific¨® de huelga proletaria serv¨ªa para oponer a quienes detentaban el poder, el Estado, a los huelguistas, universal din¨¢mico capaz de integrar, bajo una sola dimensi¨®n, los m¨¢s diversos sectores sociales y movilizar en una misma direcci¨®n muy diferentes frustraciones. De esta manera, los hombres, distintos por concretos, los grupos heterog¨¦neos y divergentes, se reduc¨ªan a un com¨²n denominador.

Y as¨ª ocurri¨® en gran medida el 14 de diciembre de 1988 y as¨ª se intenta que ocurra otra vez. La motivaci¨®n de la huelga, entonces como ahora, no es capaz de parar Espa?a entera si no consigue integrar en una sola actitud lo que son reivindicaciones e irritaciones muy distintas. No s¨®lo las de los que temen la precarizaci¨®n del empleo o los que sufren en cabeza ajena (por definici¨®n, los parados no debieran poder contribuir a la huelga) el desempleo, sino la masa ingente de usuarios descontentos del catastr¨®fico funcionamiento de los servicios p¨²blicos, de pacientes maltratados en la Seguridad Social, de pensionistas mezquinamente retribuidos y de contribuyentes esquilmados. ?No podr¨¢ ser ¨¦sta, como fue aqu¨¦lla, no tanto una huelga de obreros reivindicativos como de consumidores, asaltados, enfermos y contribuyentes, en una palabra, de ciudadanos frustrados e inermes? Pero esto es precisamente la huelga proletaria, no la que realizan los proletarios, que en gran medida ya no existen, sino la que convierte por un d¨ªa en proletarios a individuos y sectores, descontentos todos ellos. aunque por razones muy diferentes y a veces contradictorias entre s¨ª.

Ahora bien, la naturaleza m¨ªtica pone de manifiesto la irracionalidad suprema de este tipo de huelga. De ah¨ª, que cuantos argumentos se han dado y se den sobre su esterilidad a la hora de modificar pol¨ªticas econ¨®micas inevitables y su negatividad en cuanto a la superaci¨®n de la crisis de confianza que Espa?a vive se refiere, resultan in¨²tiles. Los argumentos resbalan sobre la convocatoria porque no se trata tanto de mantener el empleo y, menos a¨²n, de crearlo por v¨ªas que se sabe no llevan a parte alguna, o de conservar imposibles prestaciones sociales, sino de integrar en un contrapoder, sindicalmente dirigido, un malestar difuso.

Y esa irracionalidad es lo que opone la huelga general proletaria a la racionalidad del Estado democr¨¢tico de derecho. Por eso se discutir¨¢ con mayor o menor agudeza sobre la legitimidad constitucional de la huelga, sin llegar nunca a resultado alguno, porque si, formalmente, los huelguistas no hacen sino ejercer un derecho fundamental reconocido en el art¨ªculo 28.2 de nuestra norma suprema, todo el mundo sabe que la intenci¨®n de la huelga es poner en tela de juicio las decisiones l¨ªcitas de las instituciones pol¨ªticas democr¨¢ticamente legitimadas. Y que dicha intenci¨®n s¨®lo puede prosperar obviando no s¨®lo los propios condicionamientos constitucionales de la huelga (los servicios m¨ªnimos), sino el derecho de los ciudadanos a no secundarla, tan respetable al menos como el de los sindicatos a convocarla. Los piquetes informativos, que todos sabemos coactivos, son la evidente expresi¨®n de que la huelga general no es el ejercicio de un derecho fundamental como los dem¨¢s, sino una impugnaci¨®n de la legitimidad de las instituciones democr¨¢ticas, una especie de versi¨®n actualizada del viejo derecho de resistencia.

?Y qu¨¦ es lo que esta huelga pretende? Yo no quiero entrar en un juicio de intenciones, pero no puedo pensar que los promotores de la huelga del pr¨®ximo d¨ªa 27 tengan in mente, como Sorel propugnara, la impugnaci¨®n del Estado democr¨¢tico y de su orden constitucional. Antes, al contrario, creo en la plena lealtad constitucional de nuestras organizaciones sindicales y de sus dirigentes. No s¨®lo la propia Constituci¨®n les ha dado relieve constitucional, sino que ellos se encuentran perfectamente insertos en el aparato estatal. A todos los efectos, los dirigentes sindicales son altos cargos del sector p¨²blico, los sindicatos se nutren -algo que Sorel nunca sospechara- de los presupuestos del Estado, y existen ¨®rganos y procedimientos numerosos en los que contribuyen a la adopci¨®n de las decisiones pol¨ªticas.

Por eso, su intenci¨®n, una vez utilizada la integraci¨®n m¨ªtica, propia de la huelga general proletaria, consiste, ni m¨¢s ni menos, que en un cambio de pol¨ªtica o, mejor a¨²n, de pol¨ªticos. Se trata de lo que Sorel calificara de "instrumento de cambalache", de utilizaci¨®n estrat¨¦gica de la reivindicaci¨®n obrera y de la frustraci¨®n social, en parte imputable, con raz¨®n, a los pol¨ªticos en beneficio de otros pol¨ªticos. De un partido frente a otro partido, de unas organizaciones frente a otras organizaciones, de unas directivas frente a otras directivas. Pero no a trav¨¦s de las elecciones peri¨®dicas en las que participan todos los ciudadanos, sino por otros cauces cuya llave est¨¢ en manos de instancias bastante menos abiertas y representativas.

La huelga del 27 de enero, si por la forma es una huelga proletaria, por la meta es una huelga pol¨ªtica. Por proletaria, erosiona, al Estado, y por pol¨ªtica no lo hace en beneficio de quienes la protagonizan, si es que este beneficio fuera posible m¨¢s all¨¢ de las ilusiones y los afectos a los que el mito sirve de catarsis, sino de los que la convocan, explotan y capitalizan.