Estrasburgo no puede juzgar algunas violaciones de derechos en Espa?a

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no puede juzgar la posible violaci¨®n en Espa?a de derechos humanos recogidos en dos protocolos adicionales al Convenio Europeo para la protecci¨®n de estos derechos, ya que el Gobierno no los ha enviado al Parlamento para su ratificaci¨®n. Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una proposici¨®n no de ley para pedir al Ejecutivo que remita esos protocolos, de forma que puedan ejercitarse ante el Tribunal de Estrasburgo posibles reclamaciones.El diputado de IU Diego L¨®pez Garrido ha firmado la proposici¨®n por la que la coalici¨®n quiere que la C¨¢mara inste al Gobierno para que subsane esta laguna, ya que Espa?a ratific¨® el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 el a?o 1979. Sin embargo, los protocolos 4 y 7, de 1963 y 1984, respectivamente, siguen sin ser ratificados por nuestro pa¨ªs.

El escrito de IU explica que el primero de esos protocolos reconoce el derecho a la libre circulaci¨®n y proh¨ªbe la privaci¨®n de libertad por incumplimiento de obligaciones contractuales, la expulsi¨®n de nacionales y las expulsiones colectivas de extranjeros.

El protocolo n¨²mero 7 recoge el principio de legalidad en la expulsi¨®n de extranjeros, los derechos a la revisi¨®n de las condenas penales y a la indemnizaci¨®n por error judicial, as¨ª como la igualdad de derechos y deberes entre los c¨®nyuges.

Los estados, obligados

El Convenio Europeo de Derechos Humanos cre¨® una comisi¨®n y un tribunal para juzgar las posibles violaciones de derechos contenidos en el propio convenio o en sus protocolos adicionales. La demanda puede ejercitarla cualquier persona f¨ªsica, organizaci¨®n no gubernamental o un grupo de particulares, una vez que se han agotado todas las v¨ªas de recurso en su pa¨ªs.

La importancia de ratificar estos protocolos, seg¨²n explica el propio L¨®pez Garrido, no es te¨®rica, sino que puede alcanzar importantes consecuencias pr¨¢cticas, dada la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo para los Estados que han ratificado el convenio.

El Tribunal ha dictado tres sentencias condenatorias contra Espa?a; la ¨²ltima de ellas, a favor del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, con la condena p¨ªrrica a Espa?a porque se hab¨ªa violado el derecho a ser o¨ªdo por el Tribunal Constitucional en una cuesti¨®n planteada por un ¨®rgano judicial sobre Rumasa. Las otras tres condenas son por el caso Bult¨®, Sanders -por retraso en un pleito civil- y el llamado caso Castells, que ha obligado al Tribunal Supremo a iniciar el archivo de todas las causas contra parlamentarios espa?oles -la mayor¨ªa, de HB- incursos en delitos relacionados con la libertad de expresi¨®n.

Miguel Castells fue condenado por injurias tras escribir, siendo senador por HB, que el Gobierno estaba detr¨¢s de las actuaciones de grupos ultras.