El Tribunal Supremo apela al poder moderador del Rey contra un fallo del Constitucional

Los magistrados de la Sala Primera de lo Civil del Supremo decidieron ayer elevar al Rey, "como m¨¢ximo poder moderador del Estado", su malestar e inquietud por la actuaci¨®n del Tribunal Constitucional, al que responsabilizan de invadir 9a funci¨®n jurisdiccional que, con arreglo a la Constituci¨®n, corresponde a los jueces y tribunales". La queja est¨¢ motivada por la decisi¨®n del alto tribunal de considerar firme una sentencia que hab¨ªa anulado el Supremo. En esta sentencia anulada se declaraba padre a un piloto que no quiso someterse a la prueba biol¨®gica de paternidad.

Es la primera vez que magistrados del Supremo se rebelan contra el Constitucional. La decisi¨®n que ha desencadenado el conflicto fue adoptada el pasado 17 de enero por la Sala Primera del alto tribunal. Su ponente fue precisamente el presidente del Constitucional, Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero.Adem¨¢s de anular la sentencia de 1992 en la que el Supremo dio prioridad al derecho a la intimidad sin otorgar valor a la negativa del supuesto padre a la prueba biol¨®gica, el Constitucional declar¨® firme la resoluci¨®n precedente de la Audiencia de Madrid, que ya hab¨ªa sido anulada por el Supremo.

En la sentencia de la Audiencia, de 1990, se declar¨® la paternidad del demandado, ante su "contumaz negativa" a la prueba y habida cuenta de la existencia de otros indicios de que era el padre.

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo, encabezados por su presidente, Gumersindo Burgos -que sustituye a Ignacio Sierra mientras ¨¦ste sea vocal del Consejo General del Poder Judicial-, invocan el art¨ªculo 56 de la Constituci¨®n, en el que se afirma que el Rey "arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones".

Para estos magistrados del Supremo, la irregularidad en la que ha incurrido el Constitucional es desconocer el art¨ªculo 117 de la norma suprema, seg¨²n el cual la justicia "se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial".

Previamente fue desestimada la propuesta de cuatro magistrados, que propon¨ªan denunciar al Constitucional ante el Ministerio Fiscal por invasi¨®n de jurisdicci¨®n, lo que deber¨ªa ser juzgado por la Sala Segunda del Supremo. Otra propuesta, que obtuvo un solo voto, consist¨ªa en incumplir la resoluci¨®n del alto tribunal, con lo que se dar¨ªa al demandado, declarado padre, la posibilidad de someterse a la prueba.

El Constitucional otorg¨® el amparo solicitado por considerar que la tutela judicial efectiva "exige de jueces y tribunales que realicen actividades necesarias para garantizar la pr¨¢ctica de pruebas que, como la biol¨®gica en este caso, son id¨®neas, casi insustituibles, para garantizar la base f¨¢ctica de la pretensi¨®n".

"Contradicci¨®n esencial"

El Constitucional razon¨® que s¨®lo deb¨ªan anularse "aquellas resoluciones judiciales que de forma directa e inequ¨ªvoca han infringido el derecho fundamental" a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, anul¨® la del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Mat¨ªas Malpica. Le reproch¨® una "contradicci¨®n esencial": "Afirmar la necesidad de una prueba para comprobar la veracidad de las alegaciones de la demandante ( ... ) y fallar sobre a base de que no se ha probado suficientemente".

En cambio, el alto tribunal declar¨® firme la anterior sentencia de la Audiencia de Madrid, de la que fue ponente el magistrado Joaqu¨ªn Navarro Estevan, porque esta resoluci¨®n corrigi¨® "las infracciones constitucionales apreciadas en la sentencia de instancia" y utiliz¨® "medios v¨¢lidos y antes empleados por el mismo Tribunal Supremo [entre otras, en la sentencia que declar¨® padre al torero Manuel Ben¨ªtez, El Cordob¨¦s] para salvaguardar los derechos del menor y de la madre".

El Constitucional justific¨® su decisi¨®n contraria a la del Supremo en Ia necesidad de que se haga efectivo tambi¨¦n", seg¨²n su sentencia, "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". Contra el criterio de la mayor¨ªa, el magistrado Pedro Cruz Villal¨®n, favorable al amparo, estim¨® que deber¨ªan haberse anulado todas las resoluciones del caso y proceder "a la pr¨¢ctica de la prueba biol¨®gica en su d¨ªa acordada por el juzgado de primera instancia".