Rubio Llorente: "El Constitucional es supremo en derechos fundamentales"
El conflicto planteado por los magistrados de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo est¨¢ motivado porque el Constitucional no s¨®lo anul¨® una sentencia de ¨¦ste, sino que declar¨® firme la de un ¨®rgano inferior, la Audiencia Provincial de Madrid, a su vez anulada por el Supremo. Fuentes jur¨ªdicas del alto tribunal comprobaron ayer que tal declaraci¨®n de firmeza de una resoluci¨®n anulada por el Supremo se ha producido "al menos 33 veces". El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del alto tribunal Francisco Rubio Llorente record¨® ayer que, "en materia de derechos fundamentales, el tribunal supremo es el Constitucional".
En el origen de esta actitud se encuentra una sentencia de 1986, de la que fue ponente el entonces presidente, Francisco Tom¨¢s y Valiente, que otorg¨® el amparo al director del peri¨®dico Soria Semanal, Antonio Hern¨¢ndez Garc¨ªa, condenado por el juez Fernando Anaya P¨¦rez por falta del respeto y consideraci¨®n debida al alcalde de Soria, Jos¨¦ Luis Liso Mar¨ªn, en un art¨ªculo humor¨ªstico. El Constitucional ampar¨® al periodista y anul¨® la sentencia del juez porque vulneraba la libertad de expresi¨®n. El juez de Soria consider¨® que el Constitucional otorg¨® el amparo "por razones formalistas" y dict¨® una nueva condena al periodista para que no quedara "imprejuzgada la cuesti¨®n penal sometida en su d¨ªa a la consideraci¨®n de este juzgado".La tenacidad del letrado Saturio Hern¨¢ndez de Marco llev¨® de nuevo el caso ante el Constitucional que, en una sentencia de la que fue ponente Francisco Rubio Llorente, consider¨® "inaceptable' que el mismo ¨®rgano judicial reiterara la condena anulada y, en cambio, reconoci¨® el derecho del recondenado a "no ser juzgado de nuevo" por el mismo juez. La soluci¨®n fue declarar firme la sentencia del juzgado de distrito de Soria -anulada por el juez Anaya- que en 1985 absolvi¨® al periodista.
Esta t¨¦cnica ha sido aplicada al menos en 33 casos por el Tribunal Constitucional. Algunos magistrados del Tribunal Supremo se quejan a veces de este criterio, por entender que convierte al Constitucional en un tribunal de casaci¨®n por encima del Supremo. Las reticencias judiciales a la funci¨®n del Tribunal Constitucional vienen desde 1980, cuando el alto tribunal empez¨® a anular sentencias del Supremo, en aplicaci¨®n directa de la Constituci¨®n, especialmente en materia de derechos fundamentales.
El criterio de muchos magistrados de que la Constituci¨®n no era aplicable directamente sino exist¨ªan leyes, que la desarrollaran fue severamente corregido por el alto tribunal que, adem¨¢s de interpretar la Constituci¨®n, ampar¨® a los ciudadanos frente a los diversos poderes p¨²blicos, inclu¨ªdo el poder judicial.
"No hubo extralimitaci¨®n"
Rubio Llorente explic¨® ayer que "el Tribunal Supremo lo es en todos los ¨®rdenes, excepto en el que ata?e a los derechos fundamentales, en el que el supremo es el Constitucional". A?adi¨® que en este caso "el alto tribunal no se ha extralimitado".
El efecto de las anulaciones de sentencias del Supremo fue que las diferentes salas de este ¨®rgano judicial aplicaron cada vez m¨¢s la Constituci¨®n y los derechos fundamentales que ella consagra, con lo que se evit¨® anular m¨¢s sentencias a¨²n.
Adem¨¢s de la p¨¦rdida de poder que el Constitucional significa para el Supremo, la sentencia que ha motivado el actual conflicto ha exigido la tutela judicial en materia de investigaci¨®n de la paternidad. En esta cuesti¨®n, la Constituci¨®n ha impuesto un giro radical a la vieja legislaci¨®n civil -aplicada durante a?os-, seg¨²n la cual era inadmisible cualquier demanda encaminada a "investigar la paternidad de los hijos ileg¨ªtimos".
El objetivo del viejo C¨®digo Civil era "evitar que las mujeres solteras pudieran elegir como padres de sus hijos a los m¨¢s ricos de cuantos las frecuentaran". En cambio, la Constituci¨®n admite la investigaci¨®n de la paternidad. La gran certeza que proporcionan las pruebas biol¨®gicas las ha convertido en pruebas reinas en demandas de paternidad. Algunos veteranos magistrados se resisten a aplicarlas.
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