Ser¨ªa una burla

EL INDULTO es una facultad discrecional, pero no arbitraria, del poder. Para ser leg¨ªtimos, los motivos de su concesi¨®n deben ser argumentables en voz alta. Pero ning¨²n motivo racional p¨²blicamente defendible podr¨¢ ser invocado para justificar la concesi¨®n, planteada por el ministro del Interior, de indultos a los guardias civiles condenados por torturas en el llamado caso Linaza: un caso que ha durado 13 a?os -la sentencia definitiva se produjo en diciembre pasado- y que ya estuvo a punto de provocar un grave conflicto entre poderes del Estado al amparar el Gobierno la negativa de la direcci¨®n de la Guardia Civil a dar cumplimiento a una diligencia judicial.Que se alegue ahora el tiempo transcurrido como un argumento a favor del indulto roza el sarcasmo cuando todo el mundo sabe que fueron precisamente las pr¨¢cticas dilatorias y obstruccionistas de los mandos de los procesados las que alargaron el procedimiento. Ese obstruccionismo convirti¨® el caso en una prueba de la solidez del Estado de derecho. Si ahora, y pese a las advertencias expl¨ªcitas de la Audiencia de Bilbao, la aplicaci¨®n de la sentencia fuera burlada mediante la concesi¨®n de indultos gubernativos, se estar¨ªa escupiendo sobre quienes saludaron la confirmaci¨®n de la sentencia condenatoria como un importante triunfo del principio de legalidad.

La aplicaci¨®n de tormentos a los detenidos para obtener su autoinculpaci¨®n o informaci¨®n es una pr¨¢ctica a la que recurre la polic¨ªa en muchos Estados, seg¨²n denuncian las organizaciones de defensa de los derechos humanos. La diferencia entre los democr¨¢ticos y los que no lo son es que en los primeros es posible investigar los casos denunciados y condenar a los culpables. Tal diferencia se disuelve si el poder pol¨ªtico impide luego la sanci¨®n penal efectiva indultando sistem¨¢ticamente a los condenados. Significa adem¨¢s transmitir a la sociedad el mensaje de que no se considera que los condenados merezcan la sanci¨®n. El indulto se convierte as¨ª en un ¨²ltimo recurso extrajudicial para garantizar la impunidad de los condenados.

Alegar que se trata de una servidumbre inevitable de la lucha antiterrorista es una falacia. El propio caso Linaza, su utilizaci¨®n en Francia como un argumento contra las extradiciones, ilustra que es m¨¢s un obst¨¢culo que un instrumento para acabar con el terrorismo.