El fiscal jefe defiende la 'ley del catal¨¢n', pero pide respeto a la elecci¨®n de la lengua en la ense?anza
El fiscal jefe de Catalu?a, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, defendi¨® ayer la constitucionalidad de la Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica, aunque se adhiri¨® parcialmente al recurso presentado por el abogado Esteban G¨®mez Rovira en nombre de 113 padres que reclaman que sus hijos reciban la ense?anza en lengua castellana, durante la vista p¨²blica celebrada ayer por la Sala Segunda de lo Contencioso del Tribunal Superior de Catalu?a (TSJC). El fiscal pidi¨® al Tribunal que requiera a la Generalitat a que escolarice en la lengua habitual de elecci¨®n a los ni?os de hasta 7 a?os, en aplicaci¨®n de la propia ley del catal¨¢n.
Jim¨¦nez Villarejo defendi¨® que el aprendizaje del catal¨¢n sea obligatorio en Catalu?a igual que el castellano, pero consider¨® que la Generalitat no ha satisfecho el "derecho leg¨ªtimo" de los padres a escoger la lengua de ense?anza en la educaci¨®n infantil y el primer ciclo de primaria.El recurso de los padres agrupados en la coordinadora Cadeca va mucho m¨¢s all¨¢: pide que la ense?anza, a todos los niveles, se pueda cursar en Catalu?a ¨²nicamente en castellano en aulas o centros segregados de los que utilizan el catal¨¢n como lengua vehicular. G¨®mez Rovira -autor de otro recurso que ha dado lugar a que el Tribunal Supremo presente cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica de 1983- sostiene que los espa?oles s¨®lo tienen la obligaci¨®n de conocer el castellano. El conocimiento del catal¨¢n o de otras lenguas auton¨®micas es un derecho, no un deber, seg¨²n el abogado.
Jim¨¦nez Villarejo se distanci¨® de estas posiciones radicales y defendi¨® que la cooficialidad del catal¨¢n y del castellano en Catalu?a implica que ambas lenguas -"espa?olas las dos"- se ense?en con car¨¢cter obligatorio en las escuelas de forma equilibrada y no en centros o aulas segregadas. Tambi¨¦n consider¨® justo que la Generalitat proteja el catal¨¢n del atraso impuesto por razones hist¨®ricas. Pero s¨ª constat¨® el fiscal una "cierta inflexi¨®n" en la pol¨ªtica educativa de la Generalitat a partir de los decretos de 1992 de aplicaci¨®n de la LOGSE.
Hasta entonces, argument¨®, todas las ¨®rdenes y decretos auton¨®micos hac¨ªan referencia expl¨ªcita al respeto de los derechos ling¨¹¨ªsticos de los alumnos y a las medidas organizativas y did¨¢cticas necesarias para atender a los alumnos en una u otra lengua. Pero los decretos de 1992 ignoraron esas expresiones y otorgaron al catal¨¢n una "prioridad significativa" que antes no aparec¨ªa.
Por ejemplo, el decreto 95/ 1992 sobre aplicaci¨®n de la LOGSE en la ense?anza primaria, citado ayer por el fiscal, establece los siguientes objetivos en el conocimiento de una y otra lengua al terminar esa etapa:
-"Conocer y utilizar correcta y apropiadamente la lengua catalana, y si procede el aran¨¦s [lengua de origen gasc¨®n hablada en el Vall d'Aran], tanto oralmente como por escrito, utiliz¨¢ndola normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje".
-"Conocer la lengua castellana a nivel oral y escrito de manera que pueda utilizarla apropiadamente como fuente de informaci¨®n y veh¨ªculo de expresi¨®n".
En esos decretos encuentra el fiscal el origen del conflicto que ha terminado en los tribunales: la extensi¨®n de la ense?anza en catal¨¢n a todos los niveles de la ense?anza, incluida la infantil y el primer ciclo de primaria, pese a que el art¨ªculo 14 de la ley del catal¨¢n reconoce el derecho de los padres a escoger la lengua de educaci¨®n en esos niveles. "Sin duda", dijo Jim¨¦nez Villarejo, "ha habido quebranto" del derecho a la educaci¨®n en esos niveles de la ense?anza.
Auto cautelar
El Tribunal emiti¨® a finales de diciembre un auto cautelar en el que negaba a los recurrentes. el amparo para que toda la ense?anza de sus hijos fuera en castellano y se suspendiera la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica, pero s¨ª acord¨® requerir a la Generalitat a escolarizar en castellano a los ni?os de hasta siete a?os cuyos padres lo hubieran pedido. El Departamento de Ense?anza argument¨® que el auto confirmaba lo que ya se hac¨ªa mediante la atenci¨®n individualizada en castellano a los ni?os que lo necesitaran. Jim¨¦nez Villarejo dijo ayer que consideraba que esto no era as¨ª antes del auto. Aunque dijo confiar "en la buena fe de la Administraci¨®n" para creer que ahora s¨ª se cumple el requerimiento judicial, el fiscal pidi¨® al Tribunal que aqu¨¦l se concrete en sentencia y no quede en un simple auto cautelar.El Tribunal accedi¨® a la petici¨®n del letrado G¨®mez Rovira para que se tradujera al castellano la intervenci¨®n en catal¨¢n del abogado de la Generalitat. ?ste hablaba durante un minuto y una funcionaria traduc¨ªa al castellano. El presidente de la Sala, Emilio Berlanga, ped¨ªa insistentemente al letrado que sus intervenciones fueran m¨¢s cortas para facilitar el trabajo de la traductora. La situaci¨®n devino tan absurda que el fiscal Jim¨¦nez Villarejo pidi¨® al Tribunal que amparara el derecho del abogado a hablar en catal¨¢n sin que mediara traducci¨®n alguna, porque todos los presentes en la sala pod¨ªan entenderlo. G¨®mez Rovira protest¨® y buena parte del p¨²blico que asist¨ªa a la vista (un centenar de padres y simpatizantes de Cadeca) abandon¨® la sala.
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