Defensa promete tomar "medidas contundentes" si hubo malos tratos a los 18 soldados fugados
"Como no es tolerable que haya malos tratos, si ¨¦stos existen se tomar¨¢n medidas, y les aseguro que contundentes". El ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, se comprometi¨® ayer a investigar hasta sus ¨²ltimas consecuencias el caso protagonizado por 18 j¨®venes que cumpl¨ªan la mili en la Compa?¨ªa de Operaciones Especiales (COE) de Palma de Mallorca y se fugaron del cuartel para denunciar presuntos malos tratos. "A pesar de lo irregular de la forma de denunciarlos, si los hechos fueran ciertos se actuar¨ªa en consecuencia, y a los muchachos que han hecho esa protesta, si tienen la raz¨®n, se les dar¨¢"
El titular del Juzgado Militar Territorial n¨²mero 52, comandante Mata Guerra, acab¨® ayer de tomar declaraci¨®n a los 18 soldados, asistidos por abogados de oficio, y elev¨® las diligencias a sumario, lo que significa que ha apreciado indicios de delito.Los j¨®venes est¨¢n cumpliendo un mes de arresto preventivo en el regimiento Mixto de Artiller¨ªa de Palma de Mallorca, a donde han sido trasladados en lugar de a su unidad, la base General Asensio, de la misma ciudad, para evitar incidentes.
Los soldados se han comunicado telef¨®nicamente con sus familiares. En breves conversaciones de tres minutos han explicado la raz¨®n de su comportamiento. La madre de David Santos, de Huelva, que actu¨® como portavoz del grupo en las declaraciones que efectuaron a Antena 3 Televisi¨®n antes de entregarse, dijo que su hijo le hab¨ªa contado en otras ocasiones los malos tratos que sufr¨ªa en el cuartel y que su deterioro f¨ªsico era notable.
Antonio Barcel¨®, uno de los abogados que asisti¨® a la declaraci¨®n, afirm¨®: "La entereza de los j¨®venes es absoluta y completa. Ninguno de ellos se ha roto y, a pesar de su juventud, se comportan como verdaderos hombres". Barcel¨® indic¨® que los protagonistas de la huida se encuentran "muy tranquilos" y que el interrogatorio judicial fue "extenso, correct¨ªsimo y normal".
Cada uno de los j¨®venes prest¨® delaraci¨®n ante el juez, por espacio de una hora, a lo largo del lunes y martes. Comparecieron en una doble condici¨®n: como presuntos implicados en un delito militar o en una falta de indisciplina; y, a su vez, en calidad de testigos de su propia denuncia, como v¨ªctimas de malos tratos.
Huida colectiva
Seg¨²n las declaraciones que han hecho ante el juez, la huida del cuartel fue colectiva y tuvo lugar a las dos de la madrugada del lunes, tres horas antes de contactar con la citada emisora de televisi¨®n. En opini¨®n de Barcel¨®, a los soldados no se les ha interrogado sobre las circunstancias de la escapada y de sus palabras no se deduce que obedecieran a una estrategia concertada.
?ste es uno de los puntos claves para determinar si incurrieron o no en un presunto delito de sedici¨®n, que el C¨®digo Penal Militar castiga con entre uno y 15 a?os de c¨¢rcel. "La huida respondi¨® a acciones individuales coincidentes", seg¨²n el abogado.
La fuga y posterior entrega de los 18 soldados, sin precedentes en la reciente historia espa?ola, cay¨® como una bomba en el Ministerio de Defensa y entre los mandos de las Fuerzas Armadas. Los responsables del departamento hicieron todo lo posible por minimizar el alcance de los hechos, subrayando que se trataba de un "caso aislado", en palabras del ministro, o descartando la posibilidad de que se les pueda acusar de sedici¨®n, como hizo el portavoz del ministerio.
No obstante, a ¨²ltima hora de la tarde, el ministro introdujo un nuevo elemento en su valoraci¨®n del incidente, cuando fue abordado por los periodistas en el Senado. "A medida que avanza esto, llama m¨¢s la atenci¨®n la forma y la fecha [en v¨ªsperas del aniversario del 23-F] en que se ha producido la protesta de estos muchachos. Da la impresi¨®n de que alguien les est¨¢ aconsejando mal y cabr¨ªa preguntarse si ese alguien tiene alguna intenci¨®n que va m¨¢s all¨¢ de defender a estos chicos, que ten¨ªan otros cauces de poner en conocimiento de sus mandos superiores la situaci¨®n", dijo.
Garc¨ªa Vargas no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que los soldados sean acusados de sedici¨®n, alegando que "es el juez el ¨²nico que puede determinar si se ha incurrido o no en ciertos delitos".
Sin embargo, su jefe de gabinete y experto jur¨ªdico, Jes¨²s del Olmo, declar¨® a Onda Cero: "No creo que haya un delito de sedici¨®n. Los hechos no tienen la gravedad que prev¨¦ el C¨®digo Penal Militar para estos delitos de sedici¨®n". En su opini¨®n, su conducta podr¨ªa encajar m¨¢s f¨¢cilmente en la ley disciplinaria, que prev¨¦ como sanci¨®n m¨¢xima tres meses de arresto. "Hay que determinar si existe por parte de los soldados una responsabilidad disciplinaria por omitir el conducto reglamentario".
En ¨²ltimo t¨¦rmino, ser¨¢ el propio Garc¨ªa Vargas quien decida la forma de abordar los hechos, ya que el fiscal militar, a diferencia del civil, recibe ¨®rdenes del ministro y dif¨ªcilmente se les podr¨¢ procesar por sediciosos si no hay acusaci¨®n. El fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial Primero, bajo cuya jurisdicci¨®n est¨¢ la guarnici¨®n de Baleares, decidi¨® ayer trasladarse a Palma de Mallorca, para investigar los hechos. El Ministerio de Defensa ha optado por tomar en sus manos el control del caso y las autoridades militares locales dejaron de facilitar cualquier informaci¨®n al respecto.
La COE de Palma de Mallorca continuaba ayer con su programa previsto de maniobras fuera de las dependencias del cuartel, aunque est¨¢ diezmada, ya que un tercio de sus miembros -18 de los 70 soldados- se encuentra bajo arresto.
Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Coalici¨®n Canaria solicitaron ayer que el ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, en el Congreso para que informe sobre el caso. El Partido Popular se limit¨® a exigir que se aclare lo ocurrido.
El Ministerio de Defensa solicit¨® ayer la comparecencia urgente ante el Congreso del secretario de Estado para la Administraci¨®n Militar, Juli¨¢n Ar¨¦valo, competente en materia de servicio militar, que se celebrar¨¢ probablemente la pr¨®xima semana.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, indic¨® que "el fiscal general del Estado tomar¨¢ nota del caso".
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