Gasto sin control

LA CREDIBILIDAD de la pol¨ªtica presupuestaria, el respeto de los Gobiernos y el control del Parlamento al proceso presupuestario constituyen, adem¨¢s de una exigencia b¨¢sica del funcionamiento de las democracias, elementos esenciales en la formaci¨®n de las expectativas econ¨®micas. Debe transmitir la confianza imprescindible para que act¨²en los agentes econ¨®micos. La experiencia espa?ola de los ¨²ltimos a?os est¨¢ muy lejos de haber satisfecho esas exigencias. La elaboraci¨®n del Presupuesto -la formulaci¨®n de sus objetivos, la definici¨®n del escenario econ¨®mico en que se inscribe- y su ejecuci¨®n han perdido gran parte de esa respetabilidad de la que goza en las sociedades avanzadas. Sus responsables han conducido las cuentas p¨²blicas con la frivolidad del peor empresario.El Presupuesto consolidado del Estado, Seguridad Social, comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos present¨® el pasado a?o un d¨¦ficit del 7,1 % del PIB.

Este desequilibrio est¨¢ muy lejos de los objetivos voluntaristas que se hab¨ªa marcado el Gobierno en su programa de convergencia hace apenas dos a?os. Ser¨¢ adem¨¢s dif¨ªcil de reconducir hacia una senda que permita el cumplimiento de los compromisos de gasto. Y, por supuesto, supone un grave impedimento a la creaci¨®n de las condiciones para que la econom¨ªa inicie una recuperaci¨®n estable de su ritmo de crecimiento. Sobre esta base es razonable asumir las dificultades que se?al¨® el ministro de Econom¨ªa para que el sistema p¨²blico de pensiones pueda hacer frente a las obligaciones comprometidas hasta ahora. M¨¢s all¨¢ de la oportunidad pol¨ªtica de ese reconocimiento -anticipado hace meses, por otro lado-, su constataci¨®n constituye el m¨¢s inmediato corolario del estado en que se encuentran las finanzas p¨²blicas de nuestro pa¨ªs.

Es grave ese desequilibrio y la evoluci¨®n de la correspondiente deuda p¨²blica, que superar¨¢ este a?o el 60% del PIB. Y lo es tambi¨¦n la muy justificada percepci¨®n de que las irregularidades en la ejecuci¨®n de los Presupuestos son de tal peso que ponen en cuesti¨®n no s¨®lo la actuaci¨®n del Gobierno, sino el papel de las propias Cortes Generales. La declaraci¨®n que el Tribunal de Cuentas ha remitido a las Cortes sobre la ejecuci¨®n de los Presupuestos de 1990 reviste la suficiente importancia para que ¨¦stas aborden su detenida consideraci¨®n y arbitren los medios para que el proceso de ejecuci¨®n presupuestaria se ajuste al correcto funcionamiento de un Estado de derecho.

El principal, aunque no el ¨²nico, centro de atenci¨®n del informe del fiscal del Tribunal de Cuentas lo constituye la utilizaci¨®n por el Gobierno de las diferentes figuras de las modificaciones de cr¨¦ditos, produciendo importantes desviaciones con respecto a los cr¨¦ditos inicialmente aprobados, y, en consecuencia, llegando con ellas a cuestionar la capacidad presupuestaria que corresponde a las Cortes.

Una de las afirmaciones m¨¢s contundentes del Tribunal se?ala que las partidas de gasto e ingreso pendientes de aplicar o incorrectamente aplicadas el 31 de diciembre de 1990, que habr¨¢n de regularizarse en ejercicios posteriores, supondr¨¢n un cargo neto en las cuentas de resultados de la Administraci¨®n central del Estado de 629.950 millones de pesetas. A esta cifra se suman 655.352 millones correspondientes a los intereses de letras y pagar¨¦s devengados a esa fecha y pendientes de vencimiento y 126.400 millones de devoluciones del IRPF e IVA del mismo a?o. Todo ello arroja una suma de 1,4 billones de pesetas.

Una situaci¨®n, en definitiva, que convierte en papel mojado algunos art¨ªculos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los intentos de los actuales responsables econ¨®micos del Gobierno por reconducir el d¨¦ficit p¨²blico hacia las exigencias establecidas para, 1996 en el Tratado de Maastricht (3% del PIB) nacer¨¢n muertos si no se establecen medidas para impedir situaciones como ¨¦stas. Restaurar la credibilidad en la actuaci¨®n del Estado como agente econ¨®mico es una obligaci¨®n b¨¢sica.