El anterior fiscal del Estado defiende a Alcobendas en un pleito con Justicia

VIENE DE LA P?GINA 1El contencioso emprendido por el Ayuntamiento se basa en que Justicia cuenta con dos locales en Alcobendas, uno en la calle del Fuego y otro en la calle de Orense. Este ¨²ltimo fue cedido provisionalmente en 1991 por el Ayuntamiento, hasta que el ministerio ocupase el edificio de 4.200 metros cuadrados construido en el nuevo complejo Alcobendas 2000. Cuando se trasladase a este nuevo edificio, el ministerio pagar¨ªa al consistorio, en concepto de alquiler, 1.553 pesetas por metro cuadrado, IVA incluido. Es decir, m¨¢s de 6,5 millones de pesetas al mes.

Igualmente, las dos partes acordaron que, al cabo de cinco a?os, el ministerio tendr¨ªa opci¨®n de compra sobre el edificio, a raz¨®n de 224.250 pesetas el metro cuadrado. En total, unos 900 millones de pesetas. Del precio se detraer¨ªa un porcentaje de la cantidad total en concepto de alquiler. El director general de servicios del ministerio, Ram¨®n Gim¨¦nez de Mu?ana, acept¨® la oferta del Ayuntamiento.

No hay dinero

Pero el Ministerio de Justicia no es ajeno a la crisis econ¨®mica. A los pocos meses tuvo que desistir de sus planes. El 18 de agosto de 1993, la subdirectora de servicios de Justicia, Margarita Robles Fern¨¢ndez, envi¨® una carta al alcalde para anunciarle que se abandonaba el proyecto.

Dos meses despu¨¦s, el alcalde, Jos¨¦ Caballero, en un intento desesperado de convencer al ministerio, rebaj¨® el precio del alquiler. Sin embargo, la nueva oferta tampoco fue aceptada.

Ayer mismo, el pleno del Ayuntamiento vot¨® a favor, con la abstenci¨®n del PP, de que el ministerio abandone y desaloje el edificio prestado. El alcalde justifica esta medida: "Somos un Ayuntamiento organizado y ten¨ªamos previsto la utilizaci¨®n de estos locales a principios de este a?o".

Sin embargo, seg¨²n el portavoz del PP, Francisco Extremera, "el alcalde se veng¨® del desplante echando al ministerio del local que el Ayuntamiento le hab¨ªa cedido gratuitamente".

A partir de ese momento, el Ayuntamiento decide contratar los servicios del anterior fiscal general. En primer lugar le encarga un informe sobre las posibilidades de ¨¦xito que tendr¨ªa un pleito con el Ministerio. En su informe, el jurista responde que se puede actuar tanto por la v¨ªa civil como por la contractual, y tambi¨¦n a trav¨¦s de la junta arbitral. El primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y de Asesor¨ªa Jur¨ªdica, Manuel Arguetes, desconoc¨ªa ayer la minuta de este trabajo de Torres: "Creo que nos la incluir¨¢ al final, cuando termine las actuaciones legales"."Contra un gigante"

Francisco Extremera, portavoz del Partido Popular, se queja, por su parte, de que se desconozca la cantidad que se va a pagar al ex fiscal. "De todas formas, es incomprensible que se le encargue la defensa del municipio cuando en el Ayuntamiento existe un equipo jur¨ªdico completo". En Alcobendas, hay tres abogados, que ganaron la oposici¨®n, en la asesoria jur¨ªdica municipal.

Jos¨¦ Caballero -que se confiesa amigo de Torres- explicaba ayer la raz¨®n para la contrataci¨®n del ex fiscal: "Nuestros tres abogados son para el trabajo diario. Son generalistas y gente muy joven sin demasiada experiencia. Hemos contratado a Torres porque tiene muchos m¨¢s conocimientos y porque sabe por d¨®nde se puede entrar en el Ministerio de Justicia. Este peque?o Ayuntamiento lucha con todas sus fuerzas contra el gigante administrativo".

Francisco Extremera se limita a a?adir: "Creo que sobran comentarios".

Este peri¨®dico no logr¨® ayer obtener la versi¨®n de Leopoldo Torres.

Leopoldo Torres ces¨® como fiscal general del Estado por acuerdo del Consejo de Ministros el 3 de abril de 1992. La Ley de Incompatibilidades se?ala precisamente un plazo de dos a?os en el que queda limitada la libertad profesional de quienes han ejercido determinados cargos p¨²blicos.Esta ley proh¨ªbe, en su art¨ªculo 12, "el desempe?o de actividades privadas, incluidas las de car¨¢cter profesional, en los asuntos en que est¨¦ interviniendo, haya intervenido en los ¨²ltimos dos a?os o tenga que intervenir por raz¨®n del puesto p¨² blico". En el caso de Leopoldo Torres, no se hab¨ªa producido intervenci¨®n alguna en este caso concreto durante su etapa como fiscal general. Los concejales del PP de Alcobendas, que critican la contrataci¨®n de Torres por motivos ¨¦ticos, admitieron ayer que, desde el punto de vista legal, no existen trabas para que el ex fiscal general acepte defender al Ayuntamiento en este pleito contra el Ministerio de Justicia.