Un ex empleado de seguridad confiesa al juez escuchas ilegales en la Diputaci¨®n de Valencia

A. M., de 30 a?os, ex trabajador de una empresa que estuvo encargada de la seguridad de la Diputaci¨®n de Valencia, acudi¨® al juzgado de guardia a la una de la madrugada de ayer, domingo, para ratificar su denuncia de grabaciones ilegales en el organismo provincial. Horas antes, A. M., vigilante de profesi¨®n, confes¨® ante el fiscal haber participado en la colocaci¨®n de micr¨®fonos en despachos de cargos socialistas y dijo que actu¨® por orden de Manuel Rodr¨ªguez, un polic¨ªa local que escolta a la presidenta de la Diputaci¨®n, la socialista Clementina R¨®denas.

Las ¨²ltimas horas han sido fren¨¦ticas para A. M, casado, con una hija, y actualmente en paro. La ma?ana del s¨¢bado acudi¨® a la Fiscal¨ªa de Valencia para autoinculparse de haber realizado escuchas ilegales a altos cargos socialistas de la Diputaci¨®n de Valencia. Explic¨® al fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltr¨¢n, que siempre actu¨® por orden de Manuel Rodr¨ªguez, guardaespaldas de la presidenta del organismo provincial, Clementina R¨®denas.Despu¨¦s se dirigi¨® al peri¨®dico conservador Las Provincias, donde deposit¨® las cintas que, presuntamente, contienen las grabaciones ilegales. Tambi¨¦n concedi¨® una entrevista donde se?al¨® que, seg¨²n el escolta Rodr¨ªguez, "la misma presidenta es la que estar¨ªa interesada en o¨ªr esas grabaciones".

Cuando la rotativa de Las Provincias se puso en marcha, ya en la madrugada del s¨¢bado al domingo, recogi¨® un ejemplar y se dirig¨® al Juzgado de Guardia de Valencia. Aport¨® ese ejemplar a los funcionarios judiciales, asegur¨® que se ratificaba en todas sus respuestas de la entrevista, y solicit¨®, finalmente, que el ejemplar se incorporara a las diligencias que tramita el fiscal jefe. Era la una de la madrugada.

"Cosas de Juan Carlos"

Tan espectacular actuaci¨®n ha acabado por asustar a los socialistas valencianos, quienes, hasta ayer, se tomaban a broma las denuncias sobre la posible existencia de escuchas ilegales en la Diputaci¨®n, encargadas, supuestamente, por la misma presidenta para espiar a sus adversarios pol¨ªticos dentro del propio partido socialista.

"Son cosas de Juan Carlos", consideraba hasta ayer un diputado provincial socialista. El tal Juan Carlos es Juan Carlos Gimeno, diputado provincial por el Partido Popular (PP), quien en los ¨²ltimos d¨ªas ha venido denunciando la existencia de las grabaciones ilegales. Gimeno tambi¨¦n ha prestado declaraci¨®n ante el fiscal jefe de Valencia y le ha pedido que cite a un periodista de Las Provincias para que aporte las cintas que posee.

Las escuchas, de acuerdo con la versi¨®n de A. M, se realizaron entre los a?os 1992 y 1993 por parte de la empresa para la que ¨¦l trabajaba: Security Blue Eagle, SL. El sistema utilizado era el de colocar micr¨®fonos en despachos o en llevar grabadoras ocultas en determinadas reuniones.

En las grabaciones aparecen referencias a Vicent Vercher y Fernando Mill¨¢n, diputados provinciales socialistas, quienes en aquellas fechas estaban enfrentados con Clementina R¨®denas. Tambi¨¦n aparecen continuas referencias a un alto funcionario, Miguel Mu?oz, gerente de Egevasa, una empresa p¨²blica dedicada a la administraci¨®n del agua.

Tambi¨¦n se habl¨® de espiar a los grupos pol¨ªticos de la oposici¨®n, pero ese trabajo nunca se llev¨® a cabo. En las cintas se alude a "pagos raros" y a "pagar¨¦s retenidos", seg¨²n un dirigente del PP. Sin embargo, al haber sido obtenidas ilegalmente no sirven como prueba.

Seg¨²n la denuncia de A. M., la firma para la que trabajaba no recib¨ªa dinero alguno a cambio de realizar esa tarea, pero cobraba con gran rapidez lo que le correspond¨ªa por su contrato como garante de la seguridad de la Diputaci¨®n.

La direcci¨®n del PSOE valenciano ha criticado duramente al PP por las acusaciones lanzadas contra Clementina R¨®denas. Considera que se trata de un montaje de la oposici¨®n aprovechando la situaci¨®n de precongreso de los socialistas. La ejecutiva valenciana del PSOE mantiene la tesis de que, si han existido escuchas, fueron realizadas por su cuenta por Security Blue Eagle, SL, para hacer chantaje a los responsables de la Diputaci¨®n y conseguir, de esa manera, una renovaci¨®n de su contrato. El contrato no fue renovado y la empresa ha desaparecido. Tampoco obtuvo un contrato que pretend¨ªa en el Hospital General, dependiente de la Diputaci¨®n.