Una gesti¨®n cercada por denuncias de corrupcion

Los casos de presunta corrupci¨®n que rodean la gesti¨®n de mandatarios socialistas han evolucionado al alza desde que estall¨® el caso Juan Guerra, en enero de 1990, cuando un hermano del entonces vicepresidente del Ejecutivo dio uso privado al despacho del Gobierno en Sevilla.El caso Filesa sigue siendo a¨²n la madre de todos los procesos abiertos, m¨¢s por los golpes de efecto del juez Marino Barbero que por el volumen de lo descubierto hasta ahora. De momento , lo ¨²nico tangible sigue siendo la desaparici¨®n de los informes por los que banqueros y empresarios pagaron casi 1.000 millones a un holding creado por el ex diputado Carlos Navarro y el senador Josep Mar¨ªa Sala, para "financiar a un partido pol¨ªtico de ¨¢mbito nacional mediante comportamientos valuables como delitos", seg¨²n reiterada expresi¨®n del magistrado.

Pero adem¨¢s, el hilo de Filesa puede llevar tambi¨¦n al ovillo de las comisiones del AVE pagadas por Siemens a GMP Consultores, propiedad de los militantes socialistas Juan Carlos Mangana y Sotero Jim¨¦nez, a Tecnolog¨ªa Inform¨¢tica 2020, del grupo controlado por la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida ?lvarez, y a Atacir S. A., propiedad del ex director general de la Presidencia del Gobierno Florencio Ornia. Las comisiones alcanzar¨ªan 900 millones de pesetas, y a ellas habr¨ªa que sumar otros 3.000 millones que el ex contable de Filesa Carlos van Schowen denunci¨® como pagados a trav¨¦s de una empresa suiza.

El mismo hilo conduce a Viajes Ceres, agencia que suspendi¨® pagos tras recibir 3.800 millones del Inserso y a la que la empresa p¨²blica Enatcar denunci¨® por desv¨ªo de 830 millones a Aparthotel Aguamar, filial de Filesa.

Mientras, en Sevilla, cuando Juan Guerra va por su cuarta absoluci¨®n, los juzgados contin¨²an las diligencias sobre los 22 millones de la empresa Ocisa intervenidos a Jorge Ollero, hermano del director general de carreteras de la Junta de Andaluc¨ªa. Y en Madrid, Carmen Salanueva, ex-directora general del Bolet¨ªn Oficial del Estado acusada de malversaci¨®n de caudales, se cruza en el juzgado con Luis Rold¨¢n, anterior director de la Guardia Civil, citado para aclarar su espectacular incremento patrimonial (alrededor de 400 millones).

Paralelamente, otros magistrados investigan supuestas comisiones por la compra de la empresa Elos¨²a por el grupo italiano Ferruzzi, eventuales responsabilidades de altos cargos y personalidades de la ¨®rbita socialista, como Manuel de la Concha, en el caso Ibercorp, y la compra de terrenos por Renfe en San Sebasti¨¢n de los Reyes a precios desorbitados, o el caso de Construcciones Atocha.

Y a¨²n est¨¢ por ver si hay socialistas entre los destinatarios espa?oles de los fondos desviados por KIO para pagos a pol¨ªticos y particulares, que podr¨ªan alcanzar los 7.000 millones.