La futura ley garantizar¨¢ el aborto libre en la sanidad p¨²blica o concertada, pero no gratuito

La comisi¨®n interministerial que ultima el borrador de ley del Aborto propone que la sanidad p¨²blica garantice la interrupci¨®n del embarazo en las primeras 12 semanas de gestaci¨®n, aunque no de forma gratuita. No est¨¢ resuelto a¨²n quien abonar¨¢ la intervenci¨®n cuando la mujer carezca de medios econ¨®micos. La comisi¨®n busca f¨®rmulas y apela a la solidaridad social en tales casos, pero parte de la dificultad de que el Estado se haga cargo de las entre 40.000 y 50.000 pesetas que cuesta la intervenci¨®n, que seguir¨¢ siendo gratuita en los supuestos sanitarios actualmente despenalizados.

Las peticiones de algunos sectores feministas en favor del "aborto libre y gratuito" son consideradas con simpat¨ªa en la mencionada comisi¨®n -integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Sanidad y Asuntos Sociales-, pero chocan con las dificultades econ¨®micas de la sanidad p¨²blica. "Desde el Estado es muy dif¨ªcil cubrir el coste del aborto, cuando hay gente que pasa hambre, para la que se est¨¢n reduciendo otras muchas prestaciones sanitarias", informaron a este pe ri¨®dico fuentes de la comisi¨®n.En cambio, consideran prioritario que la sanidad p¨²blica, por s¨ª misma o mediante el concierto con centros privados, asegure el cumplimiento de la futura ley, que permitir¨¢ a la mujer que as¨ª lo decida, tras un periodo de asesoramiento, interrumpir su embarazo en los tres primeros meses de gestaci¨®n. En todo caso, la intervenci¨®n seguir¨¢ siendo gratuita en los dos supuestos sanitarios actualmente despenalizados: grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la embarazada y malformaciones del feto. Desaparecer¨¢ el aborto por embarazo consecuencia de violaci¨®n, por ser innecesario al existir el aborto libre.

La comisi¨®n interministerial -mayoritariamente integrada por mujeres- est¨¢ preocupada porque la ampliaci¨®n de la despenalizaci¨®n provoque una situaci¨®n de desigualdad entre las embarazadas con medios econ¨®micos suficientes y las que carezcan de ellos, si no pueden acogerse a los supuestos sanitarios. Sin embargo, los tanteos realizados han conducido a la convicci¨®n de que la sanidad p¨²blica, que cada vez reduce mas sus prestaciones, no podr¨¢ hacerse cargo de los nuevos supuestos de aborto libre. Como f¨®rmulas alternativas, estudian el fomento de asociaciones a trav¨¦s de las cuales se materialice la solidaridad social.

M¨¢s barato

A pesar de esta deficiencia, la comisi¨®n que elabora el borrador de la futura ley tiene conciencia de que, por s¨ª misma, la despenalizaci¨®n en las 12 primeras semanas abaratar¨¢ el aborto, al normalizarlo en Espa?a y evitar los gastos de viaje al extranjero o los costes a?adidos de las intervenciones ilegales. Asimismo, reconoce que el Estado no puede asumirlo todo y que, en una situaci¨®n de aborto libre es l¨®gico que la sanidad p¨²blica aplique a esta intervenci¨®n la misma filosof¨ªa que excluye de la Seguridad Social atenciones sanitarias psiqui¨¢tricas, psicol¨®gicas u odontol¨®gicas, entre otras.

Otro escollo sanitario de la futura ley es la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos de centros p¨²blicos, que origina que en la actualidad m¨¢s del 90% de los abortos legales se realicen en centros privados. El criterio de los redactores del borrador es que la red sanitaria p¨²blica, aunque sea a trav¨¦s de centros concertados, "tiene que garantizar la pr¨¢ctica de los nuevos abortos legales", aunque no gratuitamente. Estiman que la soluci¨®n de los centros concertados aminorar¨¢ los efectos de la objeci¨®n, mientras que "si en los centros p¨²blicos se hace una lista de m¨¦dicos objetores, se apuntar¨ªan casi todos", aseguran.

Una de las cuestiones que la comisi¨®n va perfilando es la informaci¨®n que se suministrar¨¢ a la embarazada antes de que decida, si as¨ª lo estima, interrumpir la gestaci¨®n. Tal asesoramiento lo prestar¨¢ un m¨¦dico, sobre las consecuencias de abortar o de continuar el embarazo, as¨ª como asistentes sociales y psic¨®logos, de familia, sobre las posibilidades de proseguir la gestaci¨®n y sobre las f¨®rmulas viables de adopci¨®n.

Estos asesoramientos suplir¨¢n, en casos de embarazos no deseados, la labor de la red primaria de centros de planificaci¨®n familiar, que difundir¨¢n m¨¦todos de prevenci¨®n del embarazo y fomentar¨¢n la maternidad responsable para completar la educaci¨®n sexual prevista en la Ley de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo.

Campa?as de informaci¨®n

La coordinaci¨®n de estas campa?as de informaci¨®n corresponder¨¢ al Ministerio de Asuntos Sociales, aunque los servicios correspondientes est¨¦n transferidos a las comunidades aut¨®nomas. La consecuencia de esta informaci¨®n ser¨¢ no s¨®lo evitar el crecimiento de los abortos, sino que "l¨®gicamente favorecer¨¢ el descenso de los mismos, como efecto positivo de la libertad", seg¨²n fuentes de la comisi¨®n, que recuerdan que la protecci¨®n del feto no ha de ser necesariamente penal.

Pero Belloch quiere que la futura ley sea m¨¢s exigente en la protecci¨®n del bien jur¨ªdico constitucional consistente en la vida en gestaci¨®n. Lo explica as¨ª: "No bastar¨¢. con adoptar medidas que, en t¨¦rminos sociol¨®gicos o estad¨ªsticos, garanticen que con la nueva ley habr¨¢ menos abortos. Adem¨¢s, ser¨¢ necesario establecer mecanismos de asesoramiento a la mujer y de ofrecimiento de alternativas y soluciones, aunque finalmente, tras un per¨ªodo de reflexi¨®n, prevalezca su decisi¨®n, si persiste en interrumpir su embarazo. Creo que ese marco, aunque alguien pueda creerlo restrictivo, es de absoluta seguridad constitucional".