Campo de Marte

ENTRE CAMBIAR la ley y aplicarla, la segunda opci¨®n parece haber triunfado de momento en el seno del Gobierno. El ministro de Justicia ha presentado el plan con que su departamento se propone poner algo de orden en la aplicaci¨®n de la ley de objeci¨®n de conciencia, que amenazaba con hacer inviable el actual modelo de mili. La alternativa era modificar la ley, endureci¨¦ndola, a fin de conseguir que s¨®lo una minor¨ªa pudiera acogerse a ella. La ley espa?ola no es sustancialmente diferente a las de los dem¨¢s pa¨ªses europeos, por lo que el problema no puede achacarse a su articulado. Tal vez pudo haberse hecho una ley m¨¢s restrictiva, pero, tras 10 a?os de aplicaci¨®n, resulta imposible dar marcha atr¨¢s.Pero es cierto que la ley no ha sido operativa. Sobre todo por el desbordamiento de todas las previsiones respecto al n¨²mero de j¨®venes que invocar¨ªan motivos de conciencia para no hacer el servicio de armas. Pero ese crecimiento se ha visto favorecido por el desbarajuste de la prestaci¨®n social sustitutoria. ?sta fue ideada como mecanismo que diferenciase la objeci¨®n del mero escaqueo; sin embargo, la incapacidad de las administraciones para ofrecer las plazas necesarias para realizar tales prestaciones -en terrenos como la sanidad y asistencia social, medio ambiente, cooperaci¨®n internacional...- m¨¢s bien ha favorecido la identificaci¨®n entre ambos conceptos.

Las medidas ahora adoptadas tienden a garantizar el efectivo cumplimiento de esas prestaciones, incluso si deben realizarse fuera de la propia comunidad aut¨®noma. Tambi¨¦n se plantea la posibilidad e entrevistas personales con los objetores para que expliquen sus motivos. El efecto de esto ¨²ltimo puede ser, como mucho, disuasorio, porque no existe procedimiento objetivo alguno para diferenciar la objeci¨®n sincera de la de conveniencia. El rechazo reciente de la mili por parte de sectores de la juventud no se debe ya ¨²nicamente a factores culturales o generacionales, sino a la convicci¨®n, compartida con el resto de la sociedad, de que se trata de una p¨¦rdida de tiempo dada la nueva configuraci¨®n de los ej¨¦rcitos. Las medidas se enmarcan, as¨ª pues, en un proceso de transici¨®n hacia el Ej¨¦rcito profesional. A la espera de que la situaci¨®n econ¨®mica permita plantear esa opci¨®n de manera decidida. Al menos el debate sobre ella.