La Audiencia de Bilbao mantiene en prisi¨®n al constructor I?aki Ere?o
El constructor Inaki Ere?o, acusado de estafar 570 millones de pesetas a la Diputaci¨®n de Vizcaya, seguir¨¢ en la c¨¢rcel de Basauri por el caso Azpiegitura. La Audiencia de Bilbao ha desestimado el recurso de queja presentado contra la decisi¨®n de la juez de decretar su ingreso en prisi¨®n provisional sin fianza. La secci¨®n cuarta ratifica que en el caso de Ere?o, constructor ligado al PNV, concurren "circunstancias excepcionales y de alarma social que aconsejan y legitiman el mantenimiento de la medida cautelar".El diputado general de Vizcaya Jos¨¦ Alberto Pradera comparecer¨¢ hoy en las Juntas Generales (parlamento provincial) a petici¨®n de la oposici¨®n para explicar un esc¨¢ndalo que ha supuesto una estafa millonaria al erario p¨²blico vizca¨ªno y que ha conducido a prisi¨®n a Ere?o y al arquitecto Alberto L¨®pez, relacionado con el PSE-EE.
Ni la dolencia cardiaca de Ere?o ni su falta de antecedentes penales han sido suficientes para revocar la decisi¨®n de la juez de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Bilbao, Olatz Aizpurua, de decretar la prisi¨®n provisional sin posibilidad de fianza. En realidad, lo que se dilucidaba en este auto era si un presunto estafador de dinero p¨²blico en tiempo de crisis pod¨ªa eludir la prisi¨®n pagando una fianza. El fiscal se hab¨ªa pronunciado a favor de la libertad de Ere?o.
La secci¨®n cuarta de la Audiencia de Bilbao reitera el argumento de la juez instructora de que la alarma social generada por esta presunta estafa aconseja la prisi¨®n. Remarca en la resoluci¨®n judicial que "Ere?o tiene un lucro al efectuar inyecciones cuyo contenido parece ser inocuo y cobrando por ellas unos precios absolutamente desproporcionados a los elementos o materias primas utilizados para la formaci¨®n de la mezcla que se inyecta en el subsuelo".
Cimentaci¨®n fantasma
I?aki Ere?o ingres¨® en prisi¨®n el pasado 19 de febrero por un presunto delito de estafa al cobrar 570 millones de pesetas por una cimentaci¨®n que "no se ha realizado", seg¨²n la juez. El constructor -al que la empresa p¨²blica Azpieguitura, dependiente de la Diputaci¨®n, hab¨ªa adjudicado en septiembre de 1990 la obra de un edificio p¨²blico en Bilbao- certific¨® con facturas falsas de 20 millones de pesetas haber inyectado 10.000 metros c¨²bicos de sulfatos y cemento.En el auto se critica tambi¨¦n a los gestores de Azpiegitura, sociedad p¨²blica dirigida entre 1989 y 1991 -fechas de la presunta estafa- por el socialista Juan Llorens; por su brazo derecho, el nacionalista Javier Mart¨ªnez, y por el socialista Juan Carlos Guti¨¦rrez. La Audiencia asegura que la alarma social "es palmaria. Nos encontramos ante un fen¨®meno de enormes proporciones donde una considerable suma de dinero p¨²blico es administrada sin espec¨ªficos controles por una sociedad mercantil de capital p¨²blico (Azpiegitura)".
Esta cr¨ªtica avalar¨ªa, en parte, la tesis del diputado de Promoci¨®n Econ¨®mica y precursor de la denuncia ante los tribunales, Jos¨¦ Luis Bilbao, quien ha apuntado p¨²blicamente al socialista Llorens como una de las personas que - ha facilitado la estafa. Llorens, diputado de Urbanismo, apart¨® a los t¨¦cnicos de Azpiegitura del control de la obra dirigida por Alberto L¨®pez y realizada por I?aki Ere?o.
El edificio p¨²blico fue presupuestado inicialmente en 640 millones. En el primer proyecto se situaba el suelo rocoso a 12 metros y no se mencionaba a un informe encargado por Azpiegitura a Ere?o en el que se afirmaba que la roca estaba a 25 metros. Este hecho supuso un incremento del 50% del presupuesto inicial ante los problemas de cimentaci¨®n que aparecieron al poco de iniciadas la obras.
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